La Asociación Pro Derechos Humanos pregunta "si hay alguien en la Federación de Fútbol de Melilla"

La Asociación Pro Derechos Humanos que preside en Melilla José Alonso ha salido este lunes en defensa de la jugadora de fútbol de la selección femenina, Jennifer Hermoso, en torno a la enorme polémica suscitada por el beso que le propinó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante la celebración por la victoria en el Mundial de Australia.

En ese sentido, esta organización ha echado en falta un pronunciamiento al respecto por parte de la Federación Melillense de Fútbol, que todavía no se ha posicionado en torno a este asunto. "Una cuestión: ¿hay alguien en la Real Federación Melillense de Fútbol?. ¿No tiene nada que decir la Real Federación Melillense de Fútbol sobre este abuso?", se pregunta Pro Derechos Humanos.

"El escándalo mundial causado por el presidente de la RFEF, en la actualidad suspendido de su cargo por vulnerar el 'derecho a la integridad' de la futbolista Jennifer Hermoso Pareja, ha visibilizado las situaciones a las que se ven sometidas las mujeres por determinados jefes o superiores, en cualquiera de sus formas", considera.

Para esta asociación, "se ha hablado mucho de las distintas aristas que tiene esta agresión" pero "poco de la situación de las hijas menores del citado Rubiales, expuestas públicamente por éste en la Asamblea de la RFEF a modo de defensa, y que afecta al derecho a la imagen de estas niñas".

"Y no se ha hablado nada del dilema moral que planteó este presidente a la Asamblea y a toda la sociedad española: “¿Creen que eso merece esta cacería? ¿Esto merece mi dimisión?”. ¿Merece su dimisión el beso en la boca a una futbolista sin su consentimiento?, ¿con todo lo que él ha hecho por el fútbol español?. El suspendido pone una balanza, y en un platillo sitúa sus méritos futbolísticos, y en el otro un beso no consentido a una de sus subordinadas. Y concluye que sus méritos profesionales merecen más respeto que la dignidad de una mujer", apunta.

"La sociedad española ya ha dado respuesta a esa pregunta. Ahora hace falta que la respuesta la den las autoridades competentes", concluye Pro Derechos Humanos.