La Administración de la CAM califica de “intolerable” el acoso que ha vivido un compañero en su desempeño como empleado público

El miércoles 18 de marzo, responsables y empleados de la Administración pública se han concentrado en las puertas del Palacio de la Asamblea para condenar unos hechos que consideran “intolerables”.

El breve acto, acompañado de una lectura de manifiesto y de un aplauso por parte de los allí presentes, viene a denunciar “las situaciones de presión, hostigamiento y descalificación personal” al director general de Función Pública D. Antonio Carmona Saavedra en el ejercicio de sus responsabilidades con la ciudad.

A las 12.00 horas, el personal público de la Administración se ha reunido en el emblemático edificio para exigir medidas y protección al Gobierno de Melilla tras este grave suceso en el que creen que se han traspasado todas las líneas. La Policía ya está al corriente de lo sucedido, también porque hay otras personas afectadas en las diferentes áreas de la Administración. 

Estas conductas proceden, por lo que parece, de una persona en particular, y han tenido como resultado la interposición de tres denuncias en los últimos días. El motivo sería la queja e insistencia para acceder, a cualquier coste, a puestos de trabajo en la propia Administración.

“Al final no deja de ser la reclamación del llamamiento para una contratación cuando no procede", expresaba Francisco Rubio Soler, secretario técnico de Administración Pública. “Esto lleva ya bastante tiempo. Lo que pasa es que al final hay que marcar una línea roja y ya llegó a un punto en el que se tuvo que poner la denuncia”.

Los comportamientos condenados “exceden de la legítima discrepancia o crítica inherente a la actividad administrativa”. El compañero afectado se encuentra en situación de baja médica tras el último “encontronazo” con esta persona en el que, además, iba acompañado de toda su familia. La agresión no ha sido física pero sí psicológica y constante.

La persecución de los últimos meses ha terminado por afectar a Carmona más allá del ámbito profesional. Han sido “episodios de presión personal, seguimientos en la vía pública, expresiones intimidatorias, así como manifestaciones de hostigamiento que han alcanzado incluso a personas de su entorno familiar”, reflejaba el manifiesto.

Medidas de protección

Directivos y empleados públicos tachan de “intolerable” esta situación de acoso. “Es una injerencia en las labores propias del personal a favor de la ciudad, al servicio de la ciudad, que no solo afecta a Antonio, al director general, sino que también se ha llevado a cabo con otros empleados públicos”, manifestaba el secretario técnico.

Reclaman que se tomen medidas por parte del Gobierno para que no se repitan este tipo de conductas, y proponen para ello mayores controles de acceso a los edificios públicos. Rubio Soler ha añadido que no puede dar más detalles porque los hechos ya se encuentran en manos de la Justicia.

En este sentido, el empleado público ha recordado que “quienes desempeñamos nuestras funciones en la Administración Pública lo hacemos en cumplimiento del mandato constitucional de servicio al interés general, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho”.

“La crítica, la discrepancia o la reivindicación de derechos forman parte inherente de una sociedad democrática; sin embargo, en ningún caso pueden derivar en comportamientos intimidatorios, vejatorios o coactivos que vulneren la dignidad, la integridad personal o la seguridad de quienes ejercen responsabilidades públicas”, reflejaba el manifiesto.

La plantilla de la Administración pública hace un llamamiento a que el Gobierno actúe para que esta situación llegue a su fin y no se repita. Piden garantías de protección, seguridad e integridad en el ejercicio de sus funciones, y que en el seno de su trabajo no haya cabida para este tipo de comportamientos.