Justicia y política

Coalición por Melilla anunció ayer que presentará una demanda contra la consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, por prevaricación en la gestión del matadero municipal durante la festividad del Aid el Kebir. El abogado contratado por los cepemistas, Gonzalo Boye, sostuvo ayer en una rueda de prensa junto al líder del partido, Mustafa Aberchán, que la consejera denegó que los corderos fueran al matadero de forma arbitraria.

Resulta llamativo que para representar los intereses de CpM se elija al mismo letrado que forma parte del equipo jurídico del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y al autor de una querella presuntamente manipulada contra el juez Llanera en Bruselas. Seguramente Boye es un gran abogado, pero las causas en las que se ha visto involucrado tienen una importante carga política. No en vano, Boye es fundador de la revista satírica Mongolia, de la que ha sido editor hasta hace relativamente poco. En definitiva, se ha escogido a un representante controvertido que no parece que vaya a ayudar a reducir la crispación en la ciudad. Es una apuesta agresiva.

Si bien es cierto que CpM es libre de contratar a quien su cúpula estime más idóneo, faltaría más, como partido que es debería saber que todas sus decisiones tienen connotaciones políticas.

El señor Boye afirmó en el escrito de su denuncia al juez Llanera que España es un Estado delincuente, comparándolo a Kazajistán. No parece muy razonable que un partido español y democrático, que como miembro de la Asamblea de Melilla forma parte del Estado, pueda compartir esta apreciación, pero aún así, de todos los abogados que hay en España, Coalición por Melilla ha elegido a este.