La asociación de magistrados estima que “se podría pedir responsabilidades al Gobierno” por el hecho de que los subsaharianos no alcancen la oficina de asilo de la frontera de Beni Enzar.
La asociación de magistrados Jueces para la Democracia, que se ha posicionado en contra de las ‘devoluciones en caliente’ en más de una ocasión, considera que, siguiendo los cauces legales correspondientes, se podría exigir responsabilidades al Gobierno de España por el hecho de que los potenciales solicitantes de asilo de origen subsahariano no puedan alcanzar la oficina de asilo situada en la frontera de Beni Enzar.
En declaraciones a El Faro, Ignacio González Vega, portavoz de la organización, comentó el último informe del Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, publicado el pasado 21 de julio, en el que se especificaba “no se ha recibido ninguna solicitud de protección internacional de ciudadanos subsaharianos” desde que se abrió la oficina de asilo en el puesto fronterizo en marzo de 2015.
Detectar los obstáculos
Becerril también indica que “la Administración española tiene la obligación de detectar cuáles son los obstáculos que existen para que personas en necesidad de protección no puedan acceder a los puestos fronterizos sin poner en riesgo sus vidas", indica. “Para ello deben encontrarse vías de acuerdo con Marruecos para que permita el paso de aquellos extranjeros que quieren solicitar asilo”, señala.
A este respecto, desde Jueces por la Democracia apuntan que, recurriendo a los órganos judiciales españoles y, posteriormente, a la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo “agotando las vías legales”, se podría exigir a las autoridades de nuestro país que estudien y garanticen que en territorio nacional se cumple con los Derechos Humanos y se permite que éstos se ejerzan.
“Optamos por que todas las personas que se consideren perseguidas en su país de origen puedan ejercer sus garantías fundamentales” en España, señala a este diario González Vega, que reafirma la postura que mantiene su asociación desde 2014.
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