Los melillenses hemos vuelto a despertarnos con la noticia de una nueva operación policial contra el yihadismo de la que España sólo ha dicho que hay diez detenidos en Melilla (todos españoles); otros dos en Nador y uno en Granada. Pese a que la operación se desarrolló en coordinación con Marruecos, España calla, mientras Rabat ha hecho públicos algunos puntos generales de la operación policial. En Melilla, la Jefatura Superior de Policía ha emplazado a conocer los detalles más adelante y el Ministerio del Interior rechaza hacer cualquier tipo de declaraciones. Nadie explica qué ha pasado y eso produce intranquilidad entre la ciudadanía. Ésta es quizás una de las operaciones con más detenidos que hemos tenido en la ciudad y preocupa porque aparte de la crisis profunda que atraviesa nuestra economía, tenemos que sumarle la inseguridad que produce saber que hasta el lunes de esta semana una decena de supuestos radicales convivían con nosotros, incluso, trabajando de cara al público en el Rastro. Es comprensible que las autoridades no den detalles que puedan comprometer una investigación policial en marcha, pero en un tema tan sensible, qué menos que dejar claro si está o no cerrada la operación para enviar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad o, por el contrario, mantenerla alerta en caso de que no se descarten más detenciones. Hemos sufrido durante años la lacra del radicalismo y creíamos que eso era cosa del pasado. Es cierto que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han actuado siempre rápido, pero a día de hoy sabemos que la situación de marginalidad y la falta de oportunidades son un caldo de cultivo para situaciones indeseables que, además, destrozan familias y resquebrajan la confianza, la tranquilidad y, en ocasiones, la convivencia en nuestra sociedad. En mayo del año pasado urgía aprobar cuanto antes planes estratégicos para Melilla y Ceuta con el objetivo de reformar los vínculos de gran parte de la población de ambas ciudades autónomas con el Estado de Bienestar, pero esas buenas intenciones del Gobierno central siguen sin materializarse y aquí se necesita una respuesta rápida al deterioro del poder adquisitivo de familias que ya no se esconden para admitir que comen patatas por la mañana y por la tarde todos los días. Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil llevan años pidiendo un refuerzo de la plantilla en Melilla porque una cosa es que esté cubierto el catálogo de puestos de trabajo y otra, muy distinta, es reconocer que ese catálogo no tiene en cuenta nuestra situación geográfica fronteriza con una de las zonas más atrasadas de Marruecos, donde existen una potente producción de hachís y redes de narcotráfico enraizadas a ambos lados de la valla sin que hasta ahora haya sido detenido ni un solo pez gordo de la droga. El problema no se resuelve con el desmantelamiento de puntos de venta de droga al menudeo sino yendo a la raíz del problema. Hay que acabar con la impunidad y el blanqueo de capitales en Melilla y eso sólo se consigue con más agentes en las unidades dedicadas a la lucha contra el crimen organizado. Melilla hace frente a la inmigración irregular, al tráfico de armas y drogas y ahora vuelve a verse amenazada por el yihadismo. Y todo eso lo afronta con tres policías nacionales en la frontera. No es una broma macabra: en esos términos ha sido denunciado por los sindicatos policiales. Una ciudad con conexiones deficitarias con la península y colas inmensas para salir a Marruecos debe transmitir seguridad a quienes no viajan ni a la península ni al país vecino. De ahí la importancia de la transparencia informativa. Lo contrario genera más inseguridad de la que ya tenemos.