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Ingesa formaliza su segundo acuerdo marco de biosimilares por 410 millones

Esta segunda edición actualiza el catálogo con nuevos principios activos que disponen ya de biosimilares autorizados

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, ha formalizado un segundo acuerdo marco para el suministro de medicamentos biológicos con biosimilares. Este contrato, con una duración de 24 meses prorrogables por 12 más, tiene un valor estimado de 410,9 millones de euros y prevé un ahorro de más de 178 millones para las administraciones públicas que se han adherido a la licitación.

El nuevo acuerdo da continuidad al primero, en vigor desde el último trimestre de 2022 y ya expirado. Aquel permitió ahorrar más de 120 millones de euros. Esta segunda edición actualiza el catálogo con nuevos principios activos que disponen ya de biosimilares autorizados, y se plantea como una herramienta clave para avanzar en la sostenibilidad y eficiencia del sistema público de salud.

En esta ocasión, diez comunidades autónomas han decidido sumarse a la iniciativa: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra. También participan el propio Ingesa, que gestiona los servicios sanitarios en Ceuta y Melilla, y el Ministerio de Defensa. Todos ellos se beneficiarán de condiciones de adquisición comunes y de la optimización de recursos que permiten las compras agregadas.

Desde 2010, Ingesa lidera los procesos de contratación centralizada de medicamentos y productos sanitarios para el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este modelo ha sido reconocido por contribuir a mejorar la eficiencia económica, reforzar la cohesión territorial y garantizar el acceso equitativo a tratamientos de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

El acuerdo marco ahora firmado incluye diecisiete lotes compuestos por medicamentos biosimilares de distintas áreas terapéuticas. Los biosimilares son medicamentos biológicos que han demostrado su equivalencia con el producto original en términos de calidad, eficacia y seguridad. Su introducción favorece la competencia, reduce el gasto sanitario y no compromete los resultados clínicos.

Entre los principios activos incluidos figuran inmunosupresores como adalimumab, etanercept, infliximab, tocilizumab, ustekinumab y natalizumab, utilizados en el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la psoriasis, la enfermedad de Crohn o la esclerosis múltiple. También se contemplan anticuerpos monoclonales como rituximab, trastuzumab y bevacizumab, con aplicaciones en distintos tipos de cáncer.

El acuerdo también incorpora la hormona de crecimiento somatropina, indicada para niños con baja talla por déficit de secreción y para adultos con déficit adquirido. En el área de oncología y hematología se incluyen pegfilgrastim y filgrastim, inmunomoduladores que reducen la duración de la neutropenia inducida por quimioterapia.

Otro de los principios activos es epoetina alfa, un antianémico que se administra en casos de anemia relacionada con insuficiencia renal, quimioterapia o prematuridad. Asimismo, el acuerdo contempla medicamentos para enfermedades raras, como eculizumab, destinado al tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome hemolítico urémico atípico.

En el ámbito oftalmológico destaca la inclusión de ranibizumab, un agente antiangiogénico que se utiliza para tratar alteraciones de la visión causadas por degeneración macular, edema macular diabético o oclusión venosa retiniana, entre otras patologías.

Los laboratorios seleccionados en este proceso serán los encargados de suministrar los medicamentos a todas las administraciones adheridas. El objetivo es garantizar el abastecimiento, evitar desigualdades territoriales y reforzar la solvencia técnica y económica de las compras públicas sanitarias.

Con esta medida, Ingesa consolida su papel como organismo centralizador de la contratación pública sanitaria en España. El nuevo acuerdo marco representa un paso decisivo hacia un modelo de gestión más eficiente, sostenible y equitativo, que pone el foco en el acceso universal a tratamientos seguros, eficaces y coste-efectivos para todos los pacientes del sistema público.

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