Las incógnitas tras la reapertura de la frontera terrestre de Ceuta y Melilla

La reapertura de los pasos fronterizos terrestres con Marruecos, marca el punto y seguido, o tal vez, final, por ahora, de un conflicto bilateral que aún deja en el tintero aspectos importantes como la disposición de aduanas comerciales, el establecimiento de fronteras inteligentes o la singularidad de Ceuta y Melilla del territorio Schengen.

Y es que, el regreso de los trabajadores marroquíes que habitualmente atraviesan Ceuta y Melilla, ha sido y continúa siendo uno de los grandes inconvenientes en las negociaciones y era una de las preferencias del Gobierno español. Como es sabido, muchos permanecieron atrapados cuando Marruecos dio por cerrada la frontera, pero en torno a unos 5.400 han observado como se extinguieron sus contratos durante la crisis sanitaria y, más tarde, diplomática.

A día de hoy, su alcance es y sigue siendo esencial en parcelas tan significativas como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico. Pero según matiza el sindicato ‘Unión Marroquí del Trabajo’, pocos empleados transfronterizos disponen de sus contratos efectivos y podrán volver a cruzar la frontera.

No obstante, no son pocos los que han perdido la relación con sus contratantes y autorizaciones para entrar y salir, buscar nuevas ocupaciones o, sencillamente, presentarse en las ciudades autónomas donde disponen de cuentas bancarias o atención sanitaria, y sigue sin estar demasiado claro cuándo volverán a hacerlo. Actualmente, no existe una fecha concretada para la aprobación de entrada de los residentes venidos de Nador y Tetuán.

En base a un acuerdo de buena vecindad y gracias a la prerrogativa por la que Ceuta y Melilla no forman parte del territorio Schengen, los habitantes de estas comarcas pueden transitar por la frontera sin el menester de visado, aunque no pueden marchar a la Península. Del mismo modo, fuentes gubernamentales afirman que continuará siendo así, aunque queda por estar al corriente de la fecha en la que podrá efectuarse.

Conservar esta distinción apunta a que la entrada de Ceuta y Melilla dentro de las fronteras de la Unión Europea, no está por el momento entre los asuntos establecidos entre los ministros españoles y marroquíes.

Hay que recordar al respecto, que en los prolegómenos de la crisis de mayo del año pasado, el secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Exteriores planteó terminar con esta excepcionalidad. Una proposición que el presidente de Ceuta lleva tiempo demandando. Ni que decir tiene, que este movimiento es de gran magnitud, porque exigiría a los afincados de Nador y Tetuán a obtener visados para acceder a las ciudades españolas, pero también tensaría la cuerda con Marruecos por sus pretensiones territoriales en la zona.

"Dos años, dos meses y tres días más tarde, o lo que es lo mismo, setecientos noventa y cuatro días de que Marruecos cerrara a cal y canto de manera unilateral las fronteras de Ceuta y Melilla en pleno estallido de la crisis epidemiológica, se han vuelto a abrir los pasos del Tarajal y Beni-Enzar"

Lo que ya es un acontecimiento consumado que pasará a la historia es la finalización del denominado ‘porteo’, el comercio intermitente de mercancías a las áreas marroquíes contiguas. Un contrabando autorizado que activaba entre los 1.500 y 2.000 millones de euros al año, según apreciaciones y que reincidía concretamente en las espaldas de unos diez mil individuos, la inmensa mayoría mujeres marroquíes.

Marruecos puso el punto y final al porteo en el paso del Tarajal II en 2019. La emergencia sanitaria y el cierre posterior de fronteras terminó con el contrabando en el paso del Barrio Chino de Melilla. El Gobierno español en todo momento ha juzgado esta coyuntura como un componente de presión y asfixia económica, y sobre las que Mohamed VI (1963-58 años) conserva sus inclinaciones territoriales. Sin embargo, desde Madrid se daba por sabido que el porteo no volvería con la reapertura de las fronteras.

Hasta no hace mucho, la fotografía inconfundible de estos sectores correspondía a mujeres que llevaban voluminosos fardos de decenas de kilos de mercancía cada jornada para superar la frontera a cambio de irrisorias cantidades de dinero. Más de una decena de ellas vieron sus vidas truncadas en avalanchas humanas o por la severidad extrema del trabajo, contemplado como un método de esclavitud en el siglo XXI y que, a todas luces, quebrantaba los derechos humanos como única fuente de ingresos.

La repercusión del ocaso de esta efímera y alegal manera de sobrevivir ha sacudido sobre todo a las mujeres, mayoritariamente solas, sin formación alguna y con familiares a su cuenta. Se presume que cerca de 400.000 sujetos en Marruecos subsistían de esta economía singular. De ahí, que el rey de Marruecos haya puesto en movimiento el impulso de una superficie comercial e industrial en la demarcación colindante a la frontera con Ceuta, al objeto de crear empleo y poner fin al agujero económico del porteo.

Mientras tanto, las naves industriales del Tarajal siguen a medio gas, porque están cerradas casi en su integridad, y no son pocos los empresarios que se han reasentado en la zona marroquí, para al menos aguantar sus negocios a cuenta gotas a través de importaciones de mercancías en los puertos de Algeciras y Tánger Med.

En otro orden de cosas, Ceuta y Melilla no forman parte del territorio aduanero de la Unión Europea, porque son reconocidos como territorios exteriores. Ceuta en ningún tiempo ha dispuesto de una aduana comercial con Marruecos, mientras que la de Melilla se cerró de manera unilateral y permanente en 2018. El dictamen la dejó sin probabilidad de importar géneros agrícolas o pescado desde el país vecino, y dedujo una merma para cuantiosos proveedores melillenses, aunque Madrid no expuso abiertamente su contrariedad.

Sin lugar a dudas, tras su reunión el pasado mes de abril, los compromisos rubricados por el presidente de España y el rey alauí terminarán en la teoría con la política de decisiones unilaterales.

Asimismo, se despejaban los obstáculos para las aduanas comerciales, ya que se referían a la “plena normalización de la circulación de personas y mercancías con los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”. En su nota, el Ministerio del Interior confirma que los grupos de trabajo hispano-marroquíes prosiguen acordando las fases sucesivas de reapertura de la frontera “para el paso de personas y mercancías”, por lo que se opina que el plantel de aduanas comerciales sigue ahí, ya que es una reclamación de España.

Conjuntamente, es un requerimiento de los empresarios y políticos melillenses y, sobre todo, ceutíes, porque lo advierten como una ocasión de negocio al exportar de manera reglamentada a Marruecos efectos manufacturados con las exenciones fiscales. Al igual, que podrían importarse productos agrícolas, además de pescado y materiales directos de construcción desde Marruecos a precios relativamente inferiores.

Con todo, el reino alauí en todo momento ha sido remiso a esta disposición, porque entiende que es una advertencia para el reproche interminable de su soberanía sobre Ceuta y Melilla, al tiempo que indaga una independencia económica y comercial para las franjas adyacentes de ambas ciudades.

En cuanto al montaje de la denominada ‘frontera inteligente’ en los contornos y pasos fronterizos, es otro de los menesteres aplazados que el Gobierno se trazó en 2018. El Ministerio del Interior lleva años reformando y elevando las alambradas, relegando las concertinas y colocando medios menos inhumanos para entorpecer los asaltos. El último período de estas innovaciones estima el alojamiento de un circuito cerrado de televisión y sensores de movimiento en la totalidad del vallado.

Y como no, se trabaja afanosamente en la instalación de tecnología de reconocimiento facial y de huellas dactilares para inspeccionar mediante inteligencia artificial la identificación de los individuos que entran y salen, al objeto de entretejer la información adecuada con base de datos de otros lugares limítrofes, puertos y aeropuertos.

De ello, el Gobierno declara que es un mecanismo trascendental para la lucha contra el terrorismo y crucial para la verificación migratoria. Así, las labores se están ejecutando de común acuerdo entre ambos estados, aunque no se ha aludido este elemento para la primera fase de la reapertura.

Claro, que no llueve al gusto de todos, porque la ‘frontera inteligente’ es motivo de inquietud y desasosiego para varias organizaciones abogadas por los derechos humanos, que sopesan que la compilación de antecedentes biométricos es poco transparente, que se agrandará la segregación y criminalización de los migrantes y es una transgresión de la privacidad.

Con estos precedentes preliminares, dos años, dos meses y tres días más tarde, o lo que es lo mismo, setecientos noventa y cuatro días de que Marruecos cerrara a cal y canto de manera unilateral las fronteras de Ceuta y Melilla en pleno estallido de la crisis epidemiológica, se han vuelto a abrir los pasos del Tarajal y Beni-Enzar, cuando ambos países estaban manejando reabrirlas, desde que en marzo se informara la decisión de respaldar la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.

A día de hoy, continúan siendo muchos los enigmas que aún quedan por disiparse sobre cómo se presentarán las fronteras de las dos ciudades españolas con Marruecos, una vez quede a la cola el intervalo inicial de los preparativos. Lo más llamativo de todo es estar al tanto de si España incluirá definitivamente a Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, algo que no es del gusto de Marruecos.

Ello conjeturaría poner fin a la excepcionalidad de la regla común de ambas urbes, que proporcionaría a los residentes marroquíes asentados en las provincias limítrofes, estas son Nador y Tetuán, acceder sin el requisito de visado.

Y el otro ingrediente en torno al que se negocia forma parte de la rehabilitación de la aduana de Melilla y el establecimiento de la de Ceuta, donde de ningún modo jamás la hubo.

En el ajuste bilateral que ambos gobiernos suscribieron el 7/IV/2022, se instituía como parte de la hoja de ruta literalmente, “la normalización de la circulación de personas y de mercancías (…) incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”. Una composición premeditadamente ambigua en vista del desacuerdo, sobre cómo marcharán las aduanas que España solicita sin decidirse claramente a darlas por hechas.

Traigamos a la memoria cuando Marruecos quiso finiquitar el distinguido eufemísticamente como ‘comercio atípico’ con anterioridad a la pandemia, al suspender en 2018 la aduana de Melilla de modo unilateral y, de una vez por todas, cancelar en 2019 el contrabando proveniente de Ceuta.

Marruecos, dando por acabados los episodios del porteo y muy consciente de que miles de familias se valían de este nervio comercial en las tierras cercanas, por cierto, algunas de las más decaídas de Marruecos, en los últimos años desde Rabat se vienen realizando importantes esfuerzos para incentivar las inversiones y los puestos de trabajo en las regiones de Tánger, Tetuán y Alhucemas.

En otro de los apartados y a la vista de que poco más de doscientos trabajadores transfronterizos cuentan a día de hoy con los documentos en regla para retornar y cumplir con sus antiguas faenas, desde el Ministerio del Interior se anticipa que en el futuro se dispondrá del paso de estos individuos con visados valederos exclusivamente para Ceuta y Melilla.

Eso sí, la inauguración en la apertura de fronteras es el fin de un espejismo para los transfronterizos aferrados en Ceuta y Melilla desde el 13/III/2020, en los que hasta entonces, no habían podido reencontrarse con sus familiares en Marruecos. Mientras tanto, proyectadas desde hace tres años las operaciones para la rehechura integral de la frontera del Tarajal, no han estado ultimadas en su reapertura después de más de dos años cerradas.

En lo que atañe a lo rigurosamente sanitario, los representantes españoles piden a quienes lleguen a las ciudades desde Marruecos, el certificado sanitario o prueba PCR negativa. Todavía se desconoce que requerirá Marruecos para quienes procuren ingresar en su territorio desde Ceuta y Melilla.

En suma, Marruecos no pondrá las cosas sencillas a las dos ciudades en suelo norteafricano, cuya soberanía interpela y seguirá reivindicando en un plazo bastante lejano. Y en compensación, el soporte español a Rabat en el tema del Sáhara Occidental le supondrá a Marruecos admitir contra viento y marea la apertura de las dos aduanas. Todo apunta a que las verificaciones por las futuras terminales serán minuciosas.

Por su parte, España, es consecuente de que Marruecos es una amenaza y, a su vez, una oportunidad para las dos ciudades. De hecho, se ha visto simplificado el recaudo impositivo trenzado al comercio en un 40% en el tiempo en que las fronteras han continuado aisladas. Allende al turismo peninsular e internacional y del aliciente a las inversiones, tanto los empresarios como la administración apremian mano de obra barata y turistas marroquíes.

Pero los acaecimientos desencadenados hace ahora un año en Ceuta, supusieron la guinda de un pastel en cuanto a la inestabilidad de una frontera que es también de la UE, y la suerte de conservar unos vínculos parcialmente afables con el régimen marroquí para impedir ‘acciones unilaterales’ tachadas en el nuevo acuerdo bilateral.

Como no podía ser de otra manera, la seguridad preocupa con relación a si los componentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados, serán lo bastantes como para enfrentar con garantías el presumible repunte de la presión migratoria. Y combinado a este aspecto puntual, se plasma la Ley de Asilo, otro de los argumentos inconclusos entre Rabat y Madrid, porque el Gobierno examina su reforma con vistas a que las gestiones se formalicen con un máximo de diez días, y así solucionar con rapidez a quienes se les rechace este amparo.

A resultas de todo ello, es preciso incidir que Ceuta y Melilla de 19 y 12 kilómetros cuadrados, respectivamente, pertenecen en el primer caso a la España del siglo XVII, y en el segundo al XV.

La primera sería ocupada por Portugal en el 1415 para erigirse en parte de la Unión Ibérica con España en 1580. A la finalización de esta, en 1640, perduró bajo el dominio español y así ha continuado hasta el presente. Y Melilla, sería tomada por Castilla en 1497.

Las lógicas que originaron la consecución de estas dos plazas mayores al Sur del Mediterráneo, tuvieron que hallarse con el influjo marítimo en el estratégico Estrecho de Gibraltar, más el apoyo de la seguridad marítima ante la punzante piratería que incidía. Desde aquel tiempo, Ceuta y Melilla convivieron prácticamente de espaldas al resto del continente africano, estando resididas especialmente por ejércitos y presidiarios confinados fuera de las periferias de la Península.

Esta predisposición se sustentó en buena medida hasta alcanzado el último tercio del siglo XIX, cuando obtuvieron el estatus de puerto franco, lo que ayudó al comercio y se suprimió la restricción de residencia a los ciudadanos de naturaleza magrebí.

Ya en las coyunturas del Protectorado español de Marruecos (1912-1956), ambas ciudades quedaron implícitas con la Península, por lo que a su término España no transfirió su soberanía al recién independizado Estado de Marruecos.

"La reapertura de los pasos fronterizos terrestres con Marruecos, marca el punto y seguido, o tal vez, final, por ahora, de un conflicto bilateral que aún deja en el tintero aspectos importantes como la disposición de aduanas comerciales, el establecimiento de fronteras inteligentes o la singularidad de Ceuta y Melilla del territorio Schengen"

Y tras la dictadura de Francisco Franco (1892-1975) estas plazas quedaron conformadas como municipios andaluces. Si bien, se les guardó la competencia de convertirse en entidades autónomas cuando así lo resolvieran sus respectivos Ayuntamientos. Por ello, desde 1995 ostentan el estatus de ‘ciudades autónomas’, una especie de híbrido jurídico cuyas atribuciones quedan por debajo a las de una comunidad autónoma, no disponiendo de capacidad legislativa ni con respecto a la gestión de la sanidad o la educación, pero superiores a la entidad local básica de un municipio.

En la otra cara, Marruecos ha insistido desde su independencia como Estado la marroquinidad de estas localidades, sugestionado por la tesis irredentista del ‘Gran Marruecos’ que tuvo su impulso durante la década de los sesenta y setenta del siglo XX. Incluso instó expresamente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, su recuperación con ocasión del logro del estatus de ciudades autónomas.

Pero, por encima de todo, el posicionamiento de España ha sido inquebrantable y, digamos, que inamovible, estando preservado por el Derecho Internacional, porque Naciones Unidas nunca las ha incluido en el elenco de territorios en curso de descolonización, puesto que estas plazas son españolas indefinidamente desde centurias antes de que Marruecos concurriera como entidad política, e incluso muchísimo antes de que se instituyera la dinastía alauí en 1631.

Para los intereses españoles, esta pormenorización constituye una confirmación rotunda que adquiere mayor notabilidad si se atiende que Gibraltar, vinculado a Reino Unido, sí que está contenido en la lista como territorio por descolonizar.

Esta balanza no es ni muchos menos insignificante: en aras de proteger su legitimidad sobre el concerniente territorio, porque se ha pretendido dibujar una similitud con las posesiones españolas, e incluso se ha manejado relacionar la presunta desocupación a la de Ceuta y Melilla.

En paralelo, con la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986, Ceuta y Melilla fueron las únicas poblaciones de la UE sobre superficie africana. Sus singularidades geomorfológicas se han interpretado como incoherencias jurídicas, dado que estas ciudades quedan al margen del régimen arancelario de la Unión y, aunque explícitamente forman parte del espacio Schengen, este no se administra en su conjunto, ya que se implementan comprobaciones fronterizas al salir de estos enclaves en dirección a España. Amén, que quedan fuera de la cobertura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.

La entrada a la UE, primero, y más tarde al espacio Schengen, tuvo el resultado de aproximar a Ceuta y Melilla al continente europeo y ser tratadas por Bruselas como ‘territorios especiales’, pero por otro, sobrellevó un soporte de la seguridad de una frontera en la que su impenetrabilidad sigue amplificándose. Esta situación es una muestra de la llamada ‘fortaleza europea’, apuntalada en la libertad de movimiento en el interior del continente, pero a costa de una infranqueable inspección fronteriza.

Y, por último, difícilmente pueden obviarse de esta disertación, los impedimentos diplomáticos que subyacen en las conexiones entre España y Marruecos. Dos estados llamados a entenderse y que se condicionan recíprocamente en las esferas de la seguridad y el control de la inmigración para España, y como no, en la vertiente económica que incumbe a Marruecos. A pesar de que la cordialidad predomina ante las diferencias que confluyen, Ceuta y Melilla se habitúan a ser dos herramientas claves que se proyectan sobre el tablero de la diplomacia bilateral, siempre que la partida pasa por un contexto susceptible para los intereses.

En consecuencia, tras reabrirse el paso en ambas direcciones, en apariencia regresa la normalidad colmada de demasiados entresijos, en unos límites fronterizos que son los únicos territorios de la UE en suelo africano y, que, a los ojos de todos, dicen ser más supervisores de las nada enojosas relaciones hispano-marroquíes, en una línea férrea que vuelve a establecer la idiosincrasia de unos límites terrestres propios.

Porque, ante todo, nos estamos refiriendo a una frontera de fronteras, cimentada sobre la base de una soberbia fusión de complejidades y alianzas que entretejen un extenso abanico de géneros geográficos, históricos, políticos, sociales, culturales y económicos, que vislumbran un futuro irresoluto, como afluencias de inmigrantes irregulares, la incrustación de la progresiva comunidad musulmana o la debatida viabilidad económica, son hoy por hoy, cuestiones redundantes con suficiente potencialidad para trastornar la buena sintonía social y económica de dichas ciudades autónomas.