Las confederaciones Estatal de Asociaciones de Estudiantes, Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, y de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza; así como el Consejo General de la Psicología de España y el Sindicato de Estudiantes, han invitado a otras organizaciones y la ciudadanía en general a suscribir un manifiesto, que aboga por el bienestar de la comunidad educativa en una escuela inclusiva.
En concreto, el texto pide prestar una atención especial a necesidades y problemáticas, acentuadas por la pandemia, como el abandono y el acoso escolar, los trastornos emocionales, el ciberbullying, la prevención de violencia de género, la violencia filioparental, la prevención del suicidio, las adicciones a nuevas tecnologías, la prevención de consumo de drogas o el conocido como "síndrome del trabajador quemado" en el profesorado.
De acuerdo con este documento, que defiende el hecho de que el bienestar psicológico es tan imprescindible para el desarrollo personal, como para la mejora de los procesos de aprendizaje y los resultados académicos, las medidas anunciadas hasta ahora por las distintas Administraciones, como el Plan de Salud Mental escolar, son "insuficientes", por su "infrafinanciación" y por "su diseño inadecuado".
Por ende, los firmantes del manifiesto han reclamado a las Administraciones públicas competentes, medidas eficaces para favorecer unas condiciones más saludables en los centros educativos, así como acciones de evaluación e intervención psicológica, con el desarrollo de programas con la ayuda de profesionales que prevengan problemas psicológicos y que promocionen el bienestar del profesorado, el alumnado y sus familias.
Entre sus peticiones destaca no saturar los centros educativos con exceso de alumnado, sino que se respete el número de grupos por curso para el que está diseñado cada centro educativo; cubrir eficaz y rápidamente las bajas laborales de los docentes; reducir las ratios de alumnado por docente, incrementando el número de profesorado contratado; reducir la temporalidad del personal, de tal manera que se garantice la estabilidad laboral y la consolidación de equipos docentes en los centros educativos; y reforzar la orientación educativa y profesional al alumnado vulnerable.
Asimismo, han llamado a dimensionar proporcionalmente los contenidos de los programas de las asignaturas a las posibilidades temporales de impartición y aprendizaje del alumnado, de tal manera que se evite programar más contenidos de los que realmente se pueden asimilar.
