Este periódico publicó hace unos días que las facturas de la Fundación Melilla Monumental que se enviaron a la Fiscalía superan los 200.000 euros. Son más de 70 y tienen que ver con una empresa de seguridad de varios años. El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, asegura no tiene ninguna preocupación y que no es un problema este asunto.
De hecho, Imbroda cree que esta información la ha facilitado “algún consejero para salir del paso”.
El popular explicó que un paso que hay que dar es llevar estas facturas al Consejo de Estado y está todo informado por los técnicos y “no hay ni trampa ni cartón”. “Que no se equivoquen porque no hay ningún problema”, insistió.
En este sentido, el popular indicó que hay cinco expedientes en el Consejo de Estado y que tanto el primero como el último no se enviaron a ninguna otra institución porque así lo determinó esta entidad y los otros tres sí. No obstante, Imbroda resaltó que todos estos expedientes estaban de acuerdo con la ley de contratación de la época y cumplían con los requisitos. Es más, remarcó que si se quedaron atrás estos contratos fue porque hubo una época complicad para la Administración local cuando se iniciaron las operaciones Ópera y Tosca. De la primera dijo que se archivará de forma completa dentro de poco y de la última, que ya se ha cerrado. Explicó que ese “clímax fue lo más negativo” que se creó en ese tiempo porque se generó un ambiente de “sospecha” en la Administración. Remarcó que “ese clima se levantó con creces” porque “no había nada”.
De hecho, la empresa que tiene que ver con las facturas de la Fundación Melilla Monumental es la misma que aparecía en estas operaciones. “Está bendecida legalmente por una sentencia judicial y por la realidad y la verdad de los hechos”, añadió insistiendo en que “no hay nada y todo está conforme”.
El dirigente popular argumentó que el Consejo de Estado es un instrumento que se utiliza para pagar facturas que, por muchos motivos pueden quedar atrás. Además, remarcó que el Tribunal de Cuentas ha examinado todos los expedientes y “nunca ha dicho aquí hay una ilegalidad manifiesta”. Sí que comentó que hace unos diez años que el Tribunal de Cuentas envió unas facturas a la Fiscalía y que dijo que no era nada y que se iba a solucionar y así fue.
El presidente del PP afirmó que lo que tiene que hacer el Gobierno local es hacer una auditoría de las facturas de este año al frente del Ejecutivo. “No quieren ni ver ni hablar del tema”, aseveró.
Imbroda hizo hincapié en que ahora la investigación debe ir en cómo se ha utilizado la contratación de emergencia en estos meses, “por qué se ha contratado a una empresa que no tiene experiencia ni medios para llevar Rostrogordo y cómo se ha contratado la asistencia, la comida o las instalaciones de la acogida en el Lázaro Fernández, en el V Pino o en la plaza de toros.
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