El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha manifestado que aprecia “nervios” en Coalición por Melilla (CpM) en relación con la evolución del caso Santiago-Rusadir, una causa que se encuentra actualmente en fase de instrucción judicial. El dirigente subrayó que el asunto está actualmente bajo secreto de sumario y recalcó el respeto del Ejecutivo local tanto a la presunción de inocencia como a las decisiones que adopten los tribunales.
“Nosotros respetamos la presunción y respetamos la justicia y será la justicia la que determine lo que haya lugar”, afirmó Imbroda, quien añadió que, por el momento, no se ha planteado formalmente la posibilidad de que la Ciudad Autónoma se persone como acusación particular en el procedimiento. “Eso no está puesto encima de la mesa de momento”, señaló.
La investigación judicial tiene su origen en atestados policiales que apuntan a la existencia de una presunta organización criminal que habría operado utilizando la estructura de un partido político, en concreto bajo las siglas de CpM. Según se recoge en la resolución, dicha estructura habría actuado de forma organizada y planificada con el objetivo de alcanzar el Gobierno de la Ciudad Autónoma y mantenerse en el poder.
Entre los hechos que se investigan figura un supuesto sistema de captación de votos por correo mediante la oferta de dinero u otros beneficios a cambio de la solicitud y entrega de documentación electoral. Asimismo, las investigaciones apuntan a que, tras alcanzar el Gobierno en 2019 en coalición con otras formaciones, se habrían utilizado consejerías controladas por miembros de CpM para la concesión de contratos públicos que, presuntamente, habrían beneficiado a personas físicas, jurídicas y empresas que colaboraron en procesos electorales anteriores.
En este contexto, la causa examina un total de 364 contratos menores, agrupados en 24 bloques en función de los adjudicatarios. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de la investigación, ha puesto de manifiesto posibles irregularidades en la tramitación de estos expedientes, que abarcan desde deficiencias en su preparación hasta aspectos relacionados con su ejecución y pago.
Como antecedente reciente hay que apuntar que la jueza instructora acordó iniciar la investigación sobre el interventor de la Ciudad en el marco del mismo procedimiento pidiéndole a la Intervención General del Estado que evalúe la legalidad de la actuación del alto funcionario melillense. Además, el próximo 5 de marzo están llamados a declarar doce empresarios en relación con los hechos investigados, dentro de una causa que continúa su tramitación en sede judicial.
¡¡¡ Ilegalización de Coalición por Marruecos (CpM) y sucedáneos YA !!! ¡¡Cárcel y o expulsión a su país de origen a todos sus corruptos dirigentes!!
Lo que habla Imbroda, como siempre, es un insulto a los melillenses. La posibilidad de que la Ciudad Autónoma se persone como acusación particular en el procedimiento no es como él dice, "por respeto a la justicia o su creencia en la presunción de inocencia", primero, porque Imbroda no respeta nada y mucho menos eso de la presunción de inocencia . “Eso no está puesto encima de la mesa de momento”, dice con todo su papo. Lo que tiene Imbroda es mucho que callar. La ‘Operación Tosca’ ¿Se acuerdan? No tienen nada que envidiar al caso Santiago-Rusadir, por lo que tendrá el mismo recorrido y al final mucho ruido y pocas nueces. Mientras tanto, quien pierde es Melilla y ellos a cuerpo de Rey vendiendo humo todos los días. Esta gente no cuentan una verdad ni a su médico. Eso de culparse unos a los otros se ha convertido en algo natural y, la culpa, es de quien los vota, de los que deben pleitesía o se venden a su antojo: Siempre lo mismo, cada cuatro años usted vota, luego se echa las manos a la cabeza porque le roban, y luego lo vuelve a votar porque el otro roba más: llorar y votar, volver a llorar y volver a votar. Si es que no queremos aprender.