Hay que arrimar el hombro para luchar contra el paro

El Gobierno de España, a través del SEPE, justificó ayer la nueva subida del paro en Melilla aludiendo al final de la campaña de las rebajas y la proximidad de los planes de empleo, algo que, según Jorge Vera, director provincial, crea muchas expectativas entre personas sin trabajo anterior que se inscriben por primera vez en las listas ante la posibilidad de conseguir esos seis meses de contrato público.

Sin embargo, no se aporta ni una sola medida que pueda ser eficaz para erradicar esta lacra que tiene hipotecado el futuro de la ciudad. ¿Dónde está el Gobierno de España para ayudar a Melilla a salir de la crisis económica que impide la creación de puestos de trabajo, que cierra comercios y empresas? Por ahora, ni siquiera se le espera aunque es el competente en la materia y, además, tiene en su mano todos los resortes que pueden ponerse sobre la mesa para impulsar la economía local.

Por no hacer nada ni siquiera le da permiso el Gobierno de Sánchez a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que saque del congelador la ley aprobada por el Senado para devolver a Ceuta y Melilla sus respectivas bonificación del 50% de la Seguridad Social en los términos en que siempre funcionó hasta que determinado lumbreras en Madrid decidió acabar con la ventaja fiscal que hacía mínimamente competitiva a ambas ciudades autónomas.

Es cierto que el Ejecutivo de Imbroda debe poner sus mimbres para configurar un modelo productivo que sea eficaz para dar respuesta a las necesidades económicas de los melillenses, pero no es menos cierto que el Gobierno del PSOE tiene que tenderle la mano a esta ciudad y colaborar con sus inmensos recursos a consolidar medidas como el desarrollo de la industria turística, la implantación de empresas de base tecnológica y la ampliación del número de universitarios.

Lo que se encuentran los melillenses, sin embargo, es que no solo no empuja en positivo para que la ciudad saque la cabeza y pueda erguirse frente al futuro sino que además se niega, por ejemplo, a financiar el coste del campus universitario, a conceder medidas que favorezcan el transporte para los no residentes y reponer una fiscalidad que permitía a los empresarios contratar sin el enorme coste que ahora pagan.