Hacienda dice que el Gobierno ha destinado 45 millones de euros a paliar la pandemia

El Pleno de Control comenzaba tarde por los problemas de electricidad que tiene el Palacio de la Asamblea y que se prevén que puedan estar arreglados para el lunes. Pero eso no evitó que ‘echaran y saltaran chispas’ entre los políticos cuando se puso sobre la mesa la contratación de emergencia y la construcción del laboratorio para las pruebas de detección de covid. No obstante de esa primera interpelación del PP se puede extraer un dato llamativo: la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, destacó que se invirtieron 45 millones de euros en paliar la pandemia de coronavirus.

El Gobierno y el PP, tras el pleno, se acusaban mutuamente de haber insultado y faltado al respeto. Y es que en ambas bancadas se vieron en varias ocasiones esas actitudes. El consejero de Turismo, Mohamed Mohamed Mohand, interrumpió a los populares en varias ocasiones y al hablar con condescendencia al diputado Miguel Marín, recibió un sonoro “payaso” de Juan José Imbroda, también diputado del PP. El presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, se tuvo que afanar en muchos momentos para evitar más insultos y cruce de declaraciones.

Pero dejando este tema a un lado, sobre el debate de los contratos hechos por emergencia, fue el diputado del PP, Manuel Ángel Quevedo el que demandó explicaciones sobre cinco en concreto.

Quevedo argumentó que estos contratos eran irregulares y que se habían realizado de forma arbitraria. Uno de ellos es la creación de un centro de menores en el Fuerte de Rostrogordo. Indicó al respecto que la empresa adjudicataria se había dedicado hasta ese momento a limpiar tuberías y cuidar jardines. Indicó que se eligió a dedo.

Otro contrato que criticó el PP fue la urbanización de Santiago para instalar allí unos módulos para menores, que finalmente nunca se construyeron.

La urbanización también de los terrenos La Purísima fue otro de los contratos que ve irregular porque se hizo por emergencia para poner allí unos módulos y aún hoy en día no se han instalado. Por ello cree que cae la emergencia de esa actuación y su justificación.

Además, apuntó que esos módulos que no llegaron a contratarse tenían un coste de 3,7 millones de euros y, una vez firmada la orden para su adjudicación a una empresa, el Gobierno local se echó para atrás.

El laboratorio para las pruebas covid fue otro de los contratos criticados por el PP.

Lo primero que destacó Almansouri en su respuesta fue que los contratos de emergencia no necesitan de ningún tipo de informe y que se hacen así porque son muy urgentes su puesta en marcha. No obstante, el Gobierno local se autoimpuso unas normas y sacó un decreto regulador para poner orden en esos contratos.

Por ello, la consejera de Hacienda cree esas acusaciones del PP son demagogia y que se pretende hacer ver que hay algo “turbio” en la gestión cuando no es así.

Almansouri detalló un gran número de contratos que se habían realizado por emergencia para paliar la pandemia, como la compra de mascarillas o geles, el refuerzo en limpieza en las calles, o el refuerzo para los colegios. Destacó fueron 45 millones de euros de inversión en estos contratos que también son de emergencia.

En cuanto al Fuerte de Rostrogordo, la consejera recordó que fue la Fiscalía de Menores la que exigió a la Ciudad aliviar La Purísima y generar otros espacios para evitar un contagio masivo en el centro. Dijo que en marzo de 2020 nadie sabía cómo afectaba a los jóvenes la covid y temían que un brote en el centro saturara el Hospital Comarcal.

Lamentó que la oposición durante todos esos meses de gestión de la pandemia fuera “tóxica” y “destructiva” con el Gobierno. Y añadió que si hay una muestra de que la administración ha sido buena en estos meses, es que Melilla es la única región donde el paro está por debajo de las cifras de antes de la pandemia.

Irregulares

Por otro lado, la respuesta de Quevedo fue que entendía que Almansouri no respondiera a esos contratos que había señalado porque no puede decir nada. Aseveró que “a las claras” son “irregulares” con los datos que proporcionó el PP en el pleno.

El popular insistió en que se había escogido a empresas sin solvencia ni capacidad para hacer esos trabajos y que esos contratos, como el de Rostrogordo, se podrían haber declarado nulos.

En esta interpelación del PP también intervino el consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian, para aclarar que no es que los titulares del Gobierno se levanten por la mañana con ganas de hacer contratos de emergencia. Indicó que cuando se han realizado ha sido a petición de otras consejerías y con informes que demandaban esas intervenciones.

Bussian remarcó que éste es el caso de la urbanización de Santiago, aunque luego se escuchara a los vecinos y se entendieran sus reticencias a poner un centro de menores en ese barrio. Y también indicó que fue la Fiscalía la que instó a buscar más espacios para los menores extranjeros de La Purísima y no ha sido hasta esta semana cuando se ha contado con el visto bueno del Ministerio de Defensa para instalar los módulos junto a ese centro.