Guerra dice que la orden de prisión crea un "precedente" en Melilla

El único diputado de CpM no detenido en la operación Santiago-Rusadir contra la corrupción en Melilla, Emilio Guerra, cree que el auto de prisión firmado por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 que entiende en la causa establece un "precedente" que puede afectar a todos los melillenses de origen bereber que residen en la ciudad.

Se refería con ello a uno de los argumentos esgrimidos por la citada magistrada para dictar la orden de prisión por cionsiderar que la "ascendencia marroquí" pudiera ser motivo para presentar riesgo de fuga, dada la situación geográfica de Melilla.

Según la jueza, los exconsejeros detenidos tienen nacionalidad española y arraigo en el país, pero “lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino, pudiendo eludir los controles de salida del país mediante la presentación de la documentación extranjera”.

“Es más, la situación geográfica de Melilla entorpece dicho control, puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional y con medidas menos restrictivas”, agregaba el auto de prisión recurrido.

Emilio Guerra cree que esa justificación, así como la respuesta ofrecida a los recursos de reposición presentados por los abogados de los exconsejeros encarcelados, “contienen errores y pueden sentar precedentes para el 60% de la población melillense que es de origen rifeño o imazigen, algo que comparte el sentir general de las defensas y diferentes opiniones de juristas externos consultados”.

Por ello, Guerra ha confiado en que los exconsejeros que se encuentran actualmente en prisión, Hassan Mohatar, Dunia Almansouri, Rachid Bussian y Mohamed Ahmed, así como el presidente de la formación y expresidente de Melilla, Mustafa Aberchán, sean puestos en libertad pronto por “el funcionamiento normal de la justicia y las garantías que la Constitución de 1978 establece para todos los españoles sin excepción”.

Además, ha recalcado que sus compañeros son “españoles, melillenses, padres y madres de familia que están soportando y sufriendo un escarnio público indignante, además de un castigo físico y moral que no merecen”.

Todos ellos, ha recordado Guerra, llevan más de 15 días privados de libertad, “una prolongación absolutamente excesiva que es difícil de sostener”, y cree que “han sido tratados injusta y desproporcionadamente” pese a estar convencido de que son inocentes, dado “el daño que se les está causando a ellos y sus familias, tan innecesario como irreparable”.

Dos de los dirigentes cepemistas son diputados actualmente en la Asamblea, por lo que Guerra ha incidido en que esta institución democrática elegida por los melillenses en mayo pasado ha visto alterada su funcionamiento normal.

“Desgraciadamente, y a diferencia de cualquier otra Asamblea de las comunidades de este país, en Melilla carecemos de las figuras jurídicas que aseguran y garantizan su independencia e integridad ante la posible injerencia de otros poderes”, ha argumentado al respecto para instar a una reflexión sobre la “enorme fragilidad” del estatus jurídico de Melilla.

La operación Santiago-Rusadir investiga la presunta comisión de delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal y la causa forma parte de las diligencias previas abiertas en mayo de 2023 por un presunto caso de compra de votos por correo.