Hace justo dos años, España y Marruecos volvieron a abrir sus fronteras terrestres en Melilla y Ceuta tras 795 días de cierre por la pandemia y la crisis política entre ambos. La desigual aplicación del régimen de viajeros está ocasionando un grave perjuicio a los comerciantes de ambas ciudades, que en Melilla simboliza la “guerra del pan” que ha empezado a desatarse.
Como explica a EFE el presidente de la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, existe una “competencia desleal” cuyo “único responsable y culpable es el Gobierno de España” por no haber utilizado “las herramientas suficientes” para revertirla.
Entre ellas, una negociación en condiciones con Marruecos en la que se hubiera puesto sobre la mesa el cierre de algunas de las vías de exportación de Marruecos hacia la península, como Almería o Málaga. O recurrir a otras medidas de presión que pasan por Europa, una vía a la que el Gobierno español tampoco ha acudido.
Sentarse unos minutos frente al paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo en Melilla, permite visualizar el problema por el que los empresarios llevan protestando desde su reapertura el 17 de mayo de 2022: mientras en la puerta de entrada a España todo el mundo pasa con compras realizadas en Marruecos, en la de salida ir con las manos vacías es la estampa habitual.
¿La razón? Los agentes marroquíes requisan todo, “hasta un paquete de pipas”, como hace poco lamentaba el propio presidente de Melilla, Juan José Imbroda, para respaldar la queja de los empresarios y comerciantes, que hace unas semanas se concentraron frente a la Delegación del Gobierno para quejarse, entre otras cosas, de este incumplimiento de la normativa internacional.
El problema que sufren no es ya una fuga de clientes a Marruecos, atraídos por precios muy inferiores, sino que algunos han hecho de esta situación su modus vivendi y, con varios pases, van metiendo en Melilla mercancía no ya para consumo propio, que es el que ampara el régimen de viajeros, sino para venderla en la ciudad.
Es una especie de ‘comercio atípico’ a la inversa del que había antaño de Melilla hacia Marruecos, motivada por la falta de reciprocidad en la aplicación del régimen de viajeros, que se une al cierre de la aduana comercial en 2018, también por decisión unilateral de Marruecos.
Así es como cientos de barras de pan marroquí se venden a diario en pequeñas tiendas de la ciudad, sobre todo en los barrios periféricos, y se sirven en bares y restaurantes, provocando un enorme malestar entre los panaderos melillenses, que, conscientes de que la unión hace la fuerza, han constituido formalmente la asociación del gremio para intentar hacer frente a esta situación.
El presidente de la Asociación de Panadería y Confitería de Melilla, Uariachi Mohamed, avanza a EFE que, una vez dado este primer paso burocrático, ahora van a pedir a la Delegación del Gobierno que adopte medidas “para evitar que haya tanta entrada de pan” desde Marruecos.
“Está bien que una persona entre con cuatro barritas. Pero otra cosa es que lleven 40, 60 o 100 barras, eso es una barbaridad”, lamenta este panadero, que dice no entender por qué el pan no ha sido incluido entre los productos que no se pueden pasar la frontera, como la leche o la carne.
Consecuencia: todos los obradores melillenses han tenido una importante pérdida de ventas. Algunos, especialmente los situados en la periferia, están en la cuerda floja por este problema que pone en jaque a un sector del que dependen más de 300 familias en Melilla.
Pero lo que duele a los panaderos ya no es solo el impacto económico, sino también el simbolismo de esta “guerra del pan”: “Es casi el único sector industrial que queda en la ciudad”, recuerda este empresario.
Por ahora van aguantando, pero todos tienen claro que mantener la pérdida de ventas y con los mismos gastos “es un suicidio de empresas”, el pan nuestro de cada día en Melilla desde que cerró la aduana.
Mientras tanto, decenas de personas en Melilla siguen pasando a Marruecos para regresar “con el maletero lleno”, según asegura Alcoba, pese a que hay una limitación de unos 10 kilos por persona que no se suele cumplir.
Una de ellas confirma a EFE que su compra le ha costado al otro lado de la valla 42,50 euros. “En Melilla habrían sido 80, 90 o 100”, asegura mientras va mostrando la fruta, verdura y hortalizas que acaba de comprar. Lo que más lleva, 10 kilos de patatas, a un euro cada uno, la mitad que en cualquier tienda de la ciudad.
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