Garbín asegura que la Ciudad sí tiene potestad normativa en Farmacia

La polémica suscitada por la legalidad o no del reglamento existente en materia de Farmacias en Melilla, fue aclarada ayer por la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, quien aseguró que un informe del Ministerio de Administraciones Públicas del año 2006 confirma la “potestad normativa reglamentaria de la Ciudad Autónoma en base a la Ley y a su Estatuto de Autonomía”.

Mientras que la diputada socialista, Celia Sarompas, alertaba de la existencia de varias sentencias contra la Administración local sobre este asunto, Garbín confirmó que “una es a favor de la Ciudad y otras dos en contra y están recurridas” en los juzgados pues, según argumentó, “hay tribunales que consideran a la Administración local como Ayuntamiento y otros como  Ciudad Autónoma”.

Esta “confusión” está más que aclarada para la consejera del área en el momento en el que el Estatuto de Autonomía recoge la transferencia de las competencias de Sanidad e Higiene “que comprende las facultades de administración, inspección y sanción, y el ejercicio de la potestad normatica reglamentaria”, según el citado informe. Además, el Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre se tranfieren otras funciones a la Ciudad Autónoma de Melilla como las de Inspección Técnica de Sanidad, la concesión de autorizaciones  para establecimientos sanitarios, en concreto, oficinas de farmacia con funciones específicas de “organización, programación, dirección, resolución, control, vigilancia, tutela,sanción e intervención”.

Por ello, anunció además que próximamente se crearán tres farmacias más que corresponden a la ciudad de Melilla en función del número de habitantes existentes. Una polémica que para Garbín responde a ciertos “intereses” de “miembros muy importantes dento del Partido Socialista”. Por su parte, el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, explicó que “los reglamentos los hacen los técnicos y los servicios profesionales que tenemos nosotros, y muchas veces los tribunales pueden estar en desacuerdo, con las decisiones administrativas de la Ciudad, es normal”. Por ello, adelantó que “si hay algo que no se ajusta a derecho habrá que rectificarlo y si se puede recurrir, se recurrirá”.