Fernando Germán Portillo: “La Justicia ahora en Melilla está total y absolutamente suspendida”

El juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, afirma que la Justicia en la cuidad solo funciona al 10%, aunque los jueces no hayan parado, sino aprovechado para sacar adelante el trabajo atrasado. También se pregunta cómo será la desescalada en un edificio judicial que está “hacinado” y donde se han creado despachos en pasillos. Además, asegura que se han recibido muchas peticiones de libertad provisional para personas que están en prisión provisional. Indica que se manda a prisión provisional a espera de juicio a personas que se teme que puedan fugarse, pero en estos tiempos de confinamiento no es posible, al haber más vigilancia en las calles y al estar cerrada Melilla a la península o Marruecos, y se están concediendo dichos permisos. Aunque subraya que siempre analizando cada caso de forma individual.

–¿Qué juicios se están celebrando en la actualidad?

–Pues la situación actual es que no se está celebrando casi ningún juicio. Seguimos funcionando con lo impuesto por el decreto de alarma ya prorrogado y con las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dijeron cuáles eran los servicios esenciales que no eran interrumpidos. Como son servicios esenciales, se celebran muy pocos juicios. De forma que todo lo que es servicios del juzgado de guardia, juicios rápidos y toma de declaración de detenidos se hace. También funcionan los juzgados de violencia de género y el de menores, pues siguen siendo esenciales. Pero luego ya cuestiones menores, como los contenciosos-administrativos que estamos tramitando tres prodecimientos en este periodo por derechos fundamentales, puesto que los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales también se declararon esenciales. Pero el resto está paralizado totalmente.

La Justicia ahora mismo en Melilla está total y absolutamente suspendida. Desde el miércoles 15 de abril con una nueva instrucción se podrían presentar escritos en los juzgados y desde los juzgados podríamos notificar hacia fuera cuestiones que se puedan ir resolviendo. Y es que, aunque los juzgados hayan estado cerrados, tengo que decir que los jueces no hemos parado.

Normalmente siempre tenemos una sobrecarga de trabajo y estos días hemos aprovechado para sacar todo ese trabajo adelante. Por darle un ejemplo, yo me estoy quitando cerca de 20 sentencias que llevo ya en estos días.

Ahora ya se pueden notificar cuestiones. Lo único es que tanto para los escritos que entran como para los que salen, los plazos están suspendidos. Esto significa que si se presenta un escrito de demanda, nosotros lo recibimos, lo tramitamos, pero cuando se da traslado a la otra parte para que responda en un plazo de 20 días, pero ese tiempo está suspendido. Ese plazo no empieza a contar hasta que se levante el estado de alarma. Y eso significa que, aunque a partir de ese 15 de abril se permite la entrada de escritos y salida, en realidad no permite avanzar mucho.

–¿No se podrá avanzar en los procedimientos?

–No mucho y por dos cuestiones. En cuanto empiece un plazo, éste queda suspendido, por lo cual vamos a tener que paralizar el procedimiento ahí. Eso ocurrirá tras dar uno o dos pasos porque siempre hay plazos en cada uno de esos avances. En este sentido, si se presenta un escrito y se le remite al letrado otro porque se le ha olvidado adjuntar un documento y se le escribe diciendo que le necesita que se subsane esto, pues se le da diez días y ya separa todo. Esto por un lado. Y es que cada procedimiento hay muchos pasos que dar y en cada uno de ellos hay plazos, por lo que se dará uno o dos pasitos y todo se tendrá que paralizar sin llegar, si fuera el caso, a juicio.

Además, en segundo lugar, estamos teniendo poca dotación de funcionarios. De forma que, todo lo que entra, es difícil que se pueda repartir a todos los juzgados. Con lo cual, va todo más lento. En resumen, estamos casi paralizados.

–¿Qué medidas de seguridad se están adoptando para los juicios que sí se están celebrando?

–Cada situación es distinta. Pero, en general, se intenta tirar de medios telemáticos que sean posibles y oficiales, garantizando la seguridad y fiabilidad de lo que se revisa, obviando en principio aplicaciones usuales, como el WhatsApp.

Y de otro lado, intentando mantener las distancias de seguridad, el uso de mascarillas y demás. En este sentido, por ejemplo, esta semana se celebró una vista en cuanto a un proceso de derechos fundamentales por lo Contencioso-Administrativo. Se tenía que tomar una decisión sobre una pequeña cuestión y reservamos la sala de vistas más grande que tenemos en las Torres V Centenario para tener la máxima separación posible entre todos.

De manera que hay que utilizar los medios telemáticos, siempre que sea posible y no siempre se puede. O bien, las medidas de profilaxis, como son guantes y mascarillas, además de la separación.

Asimismo, han empezado a colocarse mamparas en diferentes establecimientos de los juzgados, como el de guardia, que ya está todo con mamparas para la separación del público y de los funcionarios. Se están colocando en diferentes estancias.

–¿Qué ocurre con los acusados y los acusadores de los juicios? ¿Cómo es la situación para ellos si tenían ya este proceso en estas semanas?

–El problema es que la justicia está paralizada. Y además lo está porque, mientras que los jueces sí que tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, al igual que fiscales y letrados de la Administración de Justicia, solo se ha dado esta opción a unos pocos funcionarios de Justicia y de forma muy limitada. En Melilla tenemos el expediente digital y se podrían tramitar muchas cuestiones y no se puede hacer por falta de esos funcionarios. Al no tener este último colectivo la posibilidad de teletrabajar de forma normal, ha llevado a la paralización de más del 90% de los procedimientos en Melilla, incluidos los juicios que estaban pendientes estos días de celebrarse.

¿Qué va a pasar con ellos? Pues cuando se levante la suspensión, habrá que reorganizar agendas y colocar los juicios en ella. Pero debemos tener en cuenta que todavía no sabemos de qué forma ni cuándo ni el modo en el que se va a reanudar la actividad.

Hay propuestas ahora, como habilitar el mes de agosto para que se puedan celebrar juicios y recuperar el tiempo perdido.

También se está hablando de celebrar los juicios por la tarde, incluso los sábados por la mañana para intentar sacar adelante esos temas atrasados.

Pero estas medidas tendrían que venir acompañadas siempre de un refuerzo de personal porque si pensamos en los jueces, por ejemplo, nuestro trabajo no solo es estar en vistas y celebrando juicios. También hay mucho que hacer de trabajo de despacho, como resoluciones, minutas, consultas o estudio, que hay que hacer en algún momento a lo largo del día. No puede estar uno celebrando juicios por la mañana y tarde, porque esas sentencias y todo el trabajo que lleva el juzgado se tiene que hacer también en ese día.

Al menos lo que se ve ahora es la posibilidad de ser flexibles porque, celebrar juicios por la tarde, no significa que se tengan que hacer el doble de juicios, pero sí, a lo mejor, se abre la opción a adelantar juicios que de otra forma no sería posible su celebración o aprovechar que se reúnen los procedimientos de una misma clase en una tarde cuando de otra forma sería imposible tener hueco.

Aunque la realidad es que todavía desconocemos el cuándo y sobre todo el cómo. Y esto último va a ser muy importante o debería primar. Cuando se reanude la actividad, ¿cómo se va a hacer?

–Esta era otra de las cuestiones que le iba a plantear. Los juzgados son pequeños y siempre están llenos de gente. ¿De qué forma se plantea la desescalada?

–Hay una cuestión que siempre he venido reclamando y denunciando es que tenemos un edificio judicial que se nos ha quedado pequeño desde hace mucho tiempo. Estamos hacinados y estamos creando despachos en pasillos mediante colocación de paredes porque no hay espacios.

¿Y ahora, de repente, nos dicen que reiniciamos? Evidentemente los profesionales de la Justicia no queremos contagiarnos de COVID-19, pero, sobre todo, no queremos ser agentes contagiadores porque a los juzgados viene muchísima gente a lo largo del día. Pero si esto no se hace priorizando la salud por encima de cualquier otra consideración, podemos tener un problema importante de salud.

¿Cómo se va a hacer la desescalada? Pues no lo sabemos porque nadie le ha puesto todavía cascabel al gato, pero confío en que se priorice la salud y que se haga de una forma muy gradual y lenta.

Que se asegure que se guardan distancias de seguridad y sería ideal que se realizaran test a todas las personas que vayan a trabajar con normalidad en los juzgados, para de alguna forma, asegurarnos de que no tienen el coronavirus. Y luego hay colectivos que deberían quedar fuera, como las personas que tuvieran afecciones previas de salud, que queden exentas de acudir a los juzgados.

Aunque ahora mismo hay mucho desconocimiento sobre el cómo se va a hacer, sí que hay muchas ideas, pero no sabemos cómo se van a concretar.

–¿Hay posibilidades desde Melilla de plantear el propio protocolo de vuelta a la normalidad y de seguridad? Al fin y al cabo son ustedes los que saben dónde hay más espacios, qué juicios deben celebrarse y cuáles esperar. ¿Se podría hacer esa priorización desde Melilla?

–Pues lo que dice suena bastante bien y tiene mucha razón de ser. Si algo caracteriza a la Administración de Justicia es su desigualdad por territorios. No es lo mismo un juzgado de una ciudad que en otra porque hay diferentes cargas de trabajo, deferentes medios, edificios judiciales, dotación de tecnología o de funcionarios. Es decir, hay una gran disparidad. Cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de organización de Justicia y, donde no están transferidas está en ministerio, pero hay muchas desigualdades dentro del mismo, como en Ceuta, Melilla o Murcia. Lo ideal es que cada sitio pudiera organizarse asimismo atendiendo a sus particularidades. No es lo mismo que una ciudad tenga dos sedes judiciales a Melilla que está todo en una torre. Solo eso ya debería marcar diferencias.

Pero, ¿qué ocurre? Pues que el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que en unos días sacará un plan de actuación para toda España con vistas a esa desescalada. Y ha advertido que los presidentes de las audiencias nacionales y de los tribunales superiores de justicia de que se abstengan de hacer sus propios protocolos. De hecho, es que ya alguno lo ha sacado. Sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sacado el suyo y el CGPJ ha pedido que todo el mundo pare porque sacará uno para todos.

Con lo cual, si el mismo órgano está impidiendo a los tribunales superiores de justicia de las comunidades hacer sus propios planes, mucho me temo que no dejen tampoco tomar decisiones bajando en esa escala para que sea cada partido judicial el que se pueda coordinar. Lo que sí espero y confío es en que al menos se nos dé voz. Y nosotros podamos contar las particularidades de cada sitio, sino será un brindis al sol e irrealizable en muchos sitios y es que hay una gran disparidad entre los juzgados de cada autonomía y ciudad.

–Imaginaba lo contario, pues Melilla recibió instrucciones de cómo hacer los test rápidos del COVID-19 del ministerio, pero al tener otras necesidades, Sanidad ha permitido hacer una guía específica a cada autonomía. ¿Eso no es posible en el tema judicial?

–Desconocemos cómo se va a hacer esa desescalada. Pero amenaza con que no va a poder ser así porque de alguna manera el CGPJ ya ha advertido a las autonomías que han hecho el suyo propio de que no lo hagan porque habrá uno general. Pero insisto en que es muy difícil por la disparidad.

Melilla siempre es particular por muchas cosas y en el tema judicial también lo es por el tipo de asuntos que tenemos, por cómo estamos organizados o por el número de trabajadores que hay hacinados. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta y ¡ojalá me den voz para indicar las peculiaridades de Melilla en este sentido. Pero no sé si llegará ese momento.

“Con medios telemáticos se podría haber tramitado con normalidad los asuntos”

–¿Cuáles son los juzgados que tienen más carga de trabajo en estos momentos y que cuando se inicie la desescalada puede que tengan más aún?

–Pues es que eso es un problema añadido. El problema de la renovación de la actividad judicial no solo es recuperar lo que no se ha hecho por la suspensión y la falta de teletrabajo de la plantilla de funcionarios. De hecho, creo que se podría haber seguido trabajando mucho con el teletrabajo, aunque no se hubieran celebrado juicios, pero sí haber avanzado mucho en estos procesos. Pues, lo que decía, no solo hay que recuperar el tiempo perdido, sino que esta crisis sanitaria está provocando y, ya asoma la patita, una crisis económica que dará lugar a muchos conflictos que acaban en los juzgados. Les tendremos que dar salida.

Si ya antes de la situación de la pandemia, los juzgados mixtos eran los más sobrecargados, es decir, aquellos que se dedican a resolución de delitos y pleitos civiles, así como las cuestiones mercantiles, supongo que la venida de nuevos asuntos derivados de la crisis se va a notar en esos juzgados, sobre todo, no tanto en la instrucción de los delitos, que no cambiará demasiado, sino en temas civiles, como reclamaciones de deuda, impagos, desahucios o concursos de empresas. Ese tipo de cuestiones civiles seguro que van a tener un incremento y se espera que así sea y llevará más trabajo para los juzgados que nosotros llamamos mixto y que se dedican a temas civiles y a la instrucción.

Pero también se espera un aumento en los juzgados de lo Social debido a la precariedad económica y a las situaciones de despidos o ERTE. Eso desembocará en numerosos pleitos también en los juzgados de lo Social.

Además, se espera también una subida en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, porque hay muchas cuestiones de contratos que han quedado en suspenso, oposiciones y concursos que también se han quedado en el aire y pueden derivar en un conflicto, y también muchas multas que se están poniendo por saltarse el confinamiento y es de esperar que muchas de ellas sean recurridas en los tribunales y supondrá más trabajo.

–Si hubiera habido más medios para teletrabajar, ¿el margen para avanzar en los procesos hubiera sido mayor?

–Sí claro. No hubiésemos podido celebrar vistas presenciales o juicios porque tendría dificultad estar tantas personas en una sala. Pero los asuntos se podrían haber tramitado hasta justo ese momento. Lo cual significa que se podría haber avanzado muchísimo en evitar retrasos. Estaríamos ya listos para juicios. E incluso se podría haber celebrado algún juicio por medios telemáticos. Si hubiéramos implementado buenos sistemas coordinados, por ejemplo, con el Colegio de Abogados, no haría falta lo mismo la presencia de todos en la sala y dependiendo del juicio se podría haber celebrado. No es lo mismo un juicio penal con catorce acusados y cada uno con sus abogados a un juicio de lo Contencioso-Administrativo donde solo está el Estado y el abogado. Lo que es seguro es que todos los asuntos se podrían haber tramitado normalidad y que en algunos casos se podría haber celebrado de forma telemática el juicio. Pero, como digo, ha habido ausencia de implementación del teletrabajo a nivel de plantilla de funcionarios, porque los jueces lo tenemos desde hace tiempo, y se da por hecho que trabajamos mucho en casa. Pero si no me llegan asuntos, no lo puedo tramitar. Es una cadena de montaje, si no me llegan, es porque los funcionarios no tienen teletrabajo. Si hubieran tenido herramientas informáticas se podría haber hecho y tampoco ha habido voluntad de implantarlo.

Y es que hay que señalar que en otras administraciones no había los medios, pero se han implantado. Aquí no. Pero también es muy difícil. Resolver cualquier problema en la Administración de Justicia es complicado porque nosotros tenemos una ‘bestia de tres cabezas’, aunque en Melilla sea de dos. En el funcionamiento de los juzgados intervienen hasta tres administraciones distintas. Por un lado, los jueces que dependemos del CGPJ; por otro los fiscales y los secretarios judiciales lo hacen del Ministerio de Justicia; y luego los funcionarios, de la comunidad autónoma. Aunque esto último en Melilla es del ministerio. Al final coordinar a todo el mundo para hacer algo idéntico en toda España es materialmente imposible.

Es cierto que no tenemos implantadas la herramientas digitales, a pesar de que en Melilla tenemos el expediente digital y hubiera sido posible. Eso ha impedido el teletrabajo y, además, ha sido imposible implantar una de forma coordinada como han hecho otras administraciones.

–¿Cómo se enfrentan a esta nueva etapa que se avecina?

–Los jueces somos conscientes del desafio que ahora nos espera tras el inicio de desescalada porque hay una crisis económica detrás de la sanitaria y estamos dispuestos a trabajar por nuestro país y hacer el sobreesfuerzo que suponga atajar todo el volumen de trabajo que se va a venir encima. Pero esperamos de las administraciones y CGPJ también la misma altura de miras que nosotros. Que no se pongan trabas a la hora de dar recursos o sumar plantilla. No solo se trata de decir que se pueden hacer juicios por la tarde, los sábados o en agosto, sino de dotar del personal suficiente para poder acometer este trabajo. Los juzgados están sobrecargados en general, y ahora hay que sacar más trabajo, pero si somos los mismos, la situación se complica. Nos hace falta ese mismo compromiso que tenemos los jueces y que vamos a hacer para mejorar la situación tan complicada del país, pero se tiene que ver correspondida por las administraciones de las que dependemos. Si al final somos las mismas manos y tenemos más asuntos, no se va a resolver el problema.