Encaramados en España

La Delegación del Gobierno se quedó ayer sin argumentos cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permitieron que el medio centenar de inmigrantes, que permaneció durante toda la mañana encaramado a la valla, soportando temperaturas de justicia, finalmente se quedara en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.

Por la mañana, desde la propia Delegación aseguraron a El Faro que entendían que los subsaharianos, pese a llevar varias horas subidos al vallado fronterizo, no estaban en España hasta que rebasaran el cordón policial.
Visto lo visto, hubo cambio de planes, de posturas y de argumentos en las altas esferas y el movimiento dejó a la Delegación del Gobierno atrapada en un discurso peligrosamente trasnochado.
Esta vez los 50 inmigrantes que se encaramaron en la valla sí estaban en España y sí se les aplicó la vigente Ley de Extranjería.
Se trata de una medida que sólo se había adoptado en Melilla en una o dos ocasiones y porque los inmigrantes se encaramaron a una farola en territorio nacional.
Un grupo de 16 prestigiosos juristas había advertido ya en su informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la Ley’ de que todo inmigrante que se encarama en la valla está en territorio español y tiene derecho a que se le aplique la legislación vigente. En este caso, la Ley de Extranjería.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior han rechazado siempre este argumento y defienden que los inmigrantes que se encaraman a la valla no han entrado en España.
Para explicar qué suerte han corrido las decenas de subsaharianos que este año han apostado por pasar horas subidos a la alambrada, las notas de prensa oficiales tiran de eufemismo: “Marruecos se ha hecho cargo de ellos”.
Ayer la Gendarmería marroquí no actuó de forma ni tan rápida ni tan eficaz como venía haciendo hasta ahora. ¿Influye la apertura de una investigación que salpica a los ‘mejanis’ que actuaron en el salto a la valla del pasado 18 de junio?
Ayer algo cambió. No hay pruebas para apuntar que la modificación del concepto “estar o no estar en España” se deba a la admisión a trámite de la querella presentada por varias ONGs que denunciaron las ‘expulsiones en caliente’ del 18 de junio. Tampoco hay motivos para pensar que ésta ha sido una decisión coyuntural. El tiempo lo dirá.