El Consejo de Estado pidió el 26 de septiembre de 2019 al presidente Eduardo De Castro dar cuenta al Ministerio Fiscal de irregularidades detectadas en el impago a la empresa Eulen de 67 facturas correspondientes a servicios prestados a la Fundación Melilla Monumental entre 2012 y 2018, durante el Gobierno de Juan José Imbroda.
El órgano consultivo aclaró en el dictamen al que ha tenido acceso El Faro que no es un caso aislado porque ya había tenido que analizar "otros casos similares de la Ciudad de Melilla" de los cuales, había realizado 11 dictámenes en 2016; cinco en 2017, dos en 2018 y otros dos en 2019.
Respecto al caso particular de las 67 facturas impagadas de Eulen entre 2012 y 2018, el Consejo de Estado se mostró "sorprendido" de que se reconozca por escrito la inexistencia de documentación que pruebe la prestación de los servicios por parte de la empresa o que había facturas sin que se hubiera contratado el servicio y cuya única justificación se base en que eran servicios realizados de los que no se podía prescindir.
Esta situación llevó al Consejo de Estado a concluir que no debe abonarse a la empresa contratista el precio de la prestación sino su coste.
Con independencia de ello, el órgano consultivo "aprecia que el expediente plantea un singular caso de un elevadísimo número de facturas correspondientes a servicios no debidamente contratados que se han prolongado a lo largo de varios años (en este caso 67 facturas) a las que habría que sumar muchas otras que son objeto de otros expedientes similares de los que también ha tenido conocimiento el Consejo de Estado".
Y remata el dictamen recomendando al presidente de la Ciudad, en ese momento Eduardo de Castro, acudir a Fiscalía "ante la reiteración y gravedad de las infracciones cometidas en el encargo de estos servicios".
El diputado de Vox Melilla, Javier Da Costa, ha preguntado esta semana al presidente De Castro, en qué fecha se remitieron a la Fiscalía los informes sobre los contratos declarados nulos por ausencia de contratos durante el Gobierno de Imbroda.
Este lunes, la Ciudad Autónoma puso a disposición de Vox toda la documentación sobre el caso.
Desde el Ejecutivo local han confirmado a El Faro que tras recibir el dictamen del Consejo de Estado referente a las 67 facturas sin pagar de Eulen, el presidente Eduardo de Castro propuso al Consejo de Gobierno dar cuenta al Ministerio Fiscal y solicitar un dictamen de Servicios Jurídicos para personarse como acusación particular.
El 16 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria y urgente el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta del presidente De Castro para dar traslado a Fiscalía. Esto finalmente se hizo el 24 de enero de 2020, una vez concluido el expediente con toda la documentación recopilada.
Actualmente el tema está en los juzgados, a la espera de que se diriman las responsabilidades de los implicados en esas facturas que corresponden al Gobierno de Imbroda.
Consultada sobre el impago de 67 facturas a Eulen, la comisión permanente del Consejo de Estado decidió el 26 de septiembre de 2019 que la empresa debía cobrar el pago ajustado al coste de los servicios prestados de ordenanza, azafatas y colaborador de museo, aparte de minutas atrasadas de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018, pero sin incluir la ganancia de la compañía al considerar que la deuda respondía a un "elevadísimo número de facturas correspondientes a servicios no debidamente contratados", según consta en el dictamen consultado por El Faro.
Al no poder cobrar esas 67 facturas, Eulen tramitó una reclamación patrimonial a Melilla Monumental que asciende 200.927,13 euros, más otros 3.000 euros de intereses de demora.
Tras la reclamación, el 16 de octubre de 2018, Melilla Monumental abrió expediente de responsabilidad patrimonial y para ello se pidió un informe a la Gerencia de Melilla Monumental, en el que se solicitaba confirmar si el servicio se había prestado, quién lo había contratado y las razones por las que no se abonaron esas facturas a su debido tiempo, en perjuicio de la empresa.
La Gerencia de Melilla Monumental elaboró un informe en el que hizo constar que tres de las 67 facturas reclamadas habían sido ya abonadas; otras seis se emitieron por duplicado o sin que se hubiera prestado el servicio; una no se había presentado o al menos no constaba ni en la Fundación ni en la Intervención.
Asimismo confirmaba que el servicio de ordenanza, efectivamente, se había prestado en agosto de 2014 y las minutas correspondientes a 2018 estaban en trámite para su abono. Además, aclaraba que pese a que en ese momento carecían de contrato, no se podía prescindir del servicio.
El resto de facturas se correspondían a servicios prestados y no abonados.
En ese informe, la Gerencia de Melilla Monumental explicó también que los anteriores en el cargo que ocupaba no habían firmado facturas, pero aclaraba que en ese momento (noviembre de 2018) sólo quedaban por abonar facturas de los años 2014 y 2015 y desde junio de 2015 hasta noviembre de 2018. No obstante justificaba que el impago no se debía al mal funcionamiento de la Fundación sino porque se correspondían a servicios no contratados desde antes de 2015.
A partir de ese momento, el 31 de octubre de 2018 se concedió un plazo de 10 días a la empresa Eulen para que presentara alegaciones sobre las facturas impagadas y el contrato suscrito.
Paralelamente, el instructor del expediente hizo un informe sobre la improcedencia de indemnizar a Eulen por las facturas que arrastraba sin pagar durante años, a través de la figura de responsabilidad patrimonial. En su lugar proponía dos alternativas, entre ellas, la revisión de oficio.
Además, en un informe del 10 de diciembre de 2018 concluye que todas las facturas reclamadas con fecha anterior al 31 de diciembre de 2013 "deberán ser trasladadas a la Intervención general por si procedía la apertura de expediente de prescripción. El resto de facturas (59) que ascendían a 181.982,62 euros debían ser abonadas por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos.
Con toda esta documentación en la mano, el 11 de enero de 2019, Melilla Monumental acordó la revisión de oficio del procedimiento y el 28 de ese mes de enero le dio 10 días a Eulen para que presentara alegaciones, pero no consta que la empresa presentara escrito.
En este sentido, el 25 de enero de 2019, Melilla Monumental propuso, tras su revisión de oficio, declarar nulas las 53 facturas correspondientes a los años 2014 y 2015, por un importe de 162.058,60 euros.
Hay que tener en cuenta que de las 67 facturas reclamadas por Eulen, algunas no se tuvieron en cuenta porque se declararon prescritas o a juicio de la Intervención no estaban debidamente acreditadas.
Ese informe también contemplaba la posibilidad de que se abonara a Eulen el coste de las prestaciones actualizadas hasta la fecha en la que acabara la revisión de oficio.
En fin, el 17 de julio de 2019, entró en el Consejo de Estado un escrito del Gobierno de Melilla acreditando que no constan documentos correspondientes a los encargos pendientes de pago a Eulen.
Lo primero que hizo el Consejo de Estado fue someter a consulta la revisión de oficio del impago por causa de nulidad, al faltar absolutamente cualquier procedimiento de contratación de ocho contratos menores adjudicados a la Consejería de Bienestar Social para cubrir plazas de ordenanza de museo, azafatas y servicios de colaborador de museo en las instalaciones de Melilla Monumental entre 2012 y 2018.
El expediente de revisión de oficio llegó al Consejo de Gobierno con una causa de reparo interpuesto por la Intervención de Melilla, que hacía constar que la relación entre la Consejería de Cultura y Festejos y Eulen se encuadraba dentro de la relación contractual y no de un convenio de colaboración.
Por eso consideraba que se estaba "ante un acto nulo de pleno derecho" al haberse violado la Ley de Contratación pública; que ni siquiera se habían podido acreditar los servicios prestados facturados y por tanto se estaba ante acciones en las que se había prescindido "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido.
La resolución del Consejo de Estado que aconseja pagar a Eulen el coste de los servicios prestados llegó a las manos del presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, tres meses después de que tomara posesión de su cargo e hiciera el anuncio de que contrataría una auditoría urgente de la gestión del equipo de Juan José Imbroda, que nunca se hizo.
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