La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia citada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 3 de la Audiencia Nacional, que reconocía a AUGC y al SUP la obligación del Gobierno de cumplir con las cláusulas tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial, de fecha 12 de marzo de 2018. La sentencia, que va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo, apela a una serie de argumentos, jurídicamente discutibles en opinión de la AUGC, para adoptar tal determinación. Sin embargo, la sentencia "da un paso de gigante al reconocer que a dicho acuerdo de equiparación salarial, se llegó por parte del Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil, como negociación colectiva en el ámbito de la función pública”. La AUGC y el SUP demandaron a Interior para reclamar el cumplimiento de este acuerdo, cuyo fallo histórico ordenó al Ministerio el cumplimiento íntegro del pacto, obligando a la renegociación del acuerdo de equiparación salarial publicado en el BOE en relación con las cláusulas incumplidas. La cláusula tercera alude a destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos (en total 300 millones) para incentivar que de nuestros compañeros en Segunda Actividad y Reserva optasen por reincorporarse a la prestación del servicio. La cláusula octava recoge la aprobación de una ley para garantizar que en el futuro no se puedan producir disfunciones salariales entre los cuerpos policiales que realizan las mismas funciones. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si es ajustado o no a derecho incumplir cláusulas de un acuerdo pactado, fruto de la negociación colectiva, y que afecta a miles de policías y guardias civiles, y si, como sostiene AUGC y SUP, su cumplimento es obligado, como parte de la salvaguardia de los pilares básicos del estado de Derecho. Será el Supremo, en definitiva, quien habrá de decidir si el incumplimiento del Gobierno, capitaneado por el ministro del Interior, es compatible con la seguridad jurídica y con el respeto del principio de confianza legítima que tienen y ampara a todos los ciudadanos, de que los acuerdos pactados con el Gobierno han de cumplirse. "AUGC y el SUP no cejarán en el empeño de que los guardias civiles y los policías sean tratados como ciudadanos de pleno derecho y se les reconozca la obligatoriedad de cumplir con lo pactado. Los servicios jurídicos de ambas organizaciones están trabajando ya para la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo", asegura la organización.