El SUP dice que los policías aún no saben cómo les afectará la frontera inteligente

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Melilla, Jesús Ruíz Barranco, ha asegurado esta mañana que, efectivamente, las obras para la creación de la llamada frontera inteligente “van con retraso”, por lo que considera más ajustado a la realidad el plazo de tiempo anunciado por la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que habló del año que viene. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció durante su última visita a la ciudad que estaría lista para finales de este 2022.

“Las declaraciones de la delegada son las que van en el buen sentido porque todo va con retraso”, manifestó para añadir que es “más normal” que la frontera esté para 2023 por cómo se van desarrollando las obras. No obstante, Ruíz Barranco cree que sería conveniente que se aunaran las declaraciones públicas para que “ambos digan lo mismo”.

El dirigente del SUP precisó que los trabajos para la creación de la frontera inteligente han sufrido varias paralizaciones y que el cariz que “está tomando la cosa” hace presagiar que las nuevas instalaciones no estarán terminadas hasta el próximo año.

Jesús Ruíz, además, indicó que la Policía Nacional aún desconoce los detalles relacionados con esa frontera. “No sabemos lo que van a hacer ni lo que quieren con esa frontera inteligente: las cámaras, la entrada y salida, el control de los pasaportes biométricos y con sensores”. No tenemos ni idea de cómo va a ser y si será perjudicial o beneficioso para nuestro trabajo, algo que aún está por ver”.

Ruíz Barranco apuntó que la frontera inteligente sería perjudicial “si nos obliga a tener más policías para controlar sabiendo la escasez de personal que tenemos”. “La delegada ha dicho que esto va a ser beneficioso para darle calidad al servicio pero nosotros no tenemos ni idea de si eso va a ser así o se necesitarán más personal para controlar esos sistemas telemáticos que siempre tienen que ser controlados”.

Y un tema añadido, comentó el líder del SUP en Melilla, es el del mantenimiento de los sistemas. “Debe de haber un procedimiento de mantenimiento, que eso ha sido siempre el fallo que se ha producido en todas las instalaciones de mejoras que se han hecho en los pasos fronterizos. El mantenimiento ha sido pésimo”.

En definitiva, está por comprobarse si el sistema de control “favorece y no perjudica la labor de la policía y no hace que tengamos menos personal en los puestos fronterizos”.

En cuanto a cuál es la situación actual en Beni-Enzar, Jesús Ruíz indicó que “está mejor” que durante los meses de verano cuando estaba en vigor la Operación Paso del Estrecho. “Tuvimos unos meses muy intensos de trabajo con muchos problemas de gestión de personal”, afirmó para comentar que ahora el día a día se está llevando con el personal de servicio que, insiste, “es insuficiente”. “Se va sobrellevando mejor que en verano porque entonces la gente está de vacaciones y eso creaba problemas de gestión de personal con faltas en momentos puntuales que eran sustituidos por policías en prácticas”.

Por otro lado, Ruíz Barranco junto a un grupo de compañeros y de guardias civiles se desplazará este fin de semana a Madrid para participar en la movilización prevista en demanda de mejoras laborales.

“De Melilla vamos un grupo de personas y aunque la convocatoria es del SUP y de la AUGC, queremos que vaya todo el que pueda, aunque somos conscientes que es difícil salir de la ciudad. En la península incluso se han puesto lanzaderas desde distintos puntos para llegar a Madrid”.

El SUP está convencido de que este es un buen momento para poner sus reivindicaciones encima de la mesa y conseguir que el Gobierno “se sensibilice con lo que estamos pidiendo”.

Estas organizaciones piden el cumplimiento íntegro de la equiparación salarial con el resto de los cuerpos policiales y de la jubilación. “Desde el año 2018 estamos esperando que se cumplan apartados del acuerdo de equiparación salarial. No entendemos cómo siendo la policía del Estado español, la que está en todo el territorio, sigamos siendo la última para el Gobierno de turno”.

Otras de las demandas pasan por la reclasificación al grupo B de la Administración Pública “que aumentaría nuestras pensiones, en nuestro sueldo base y en nuestros trienios, como lo tienen otras policías”. Asimismo, se pide la jornada laboral de 35 horas, tal como figura para todos los empleados públicos de España en el Plan Integral de Modernización de la Administración firmado con los sindicatos hace dos meses. “Vendría muy bien ratificar el sexto turno que se implantó con la pandemia de manera que ningún jefe, ningún mando ni ningún político pudieran quitarlo, cosa que están intentando hacer”, concluyó.