Rafael Robles, diputado local y portavoz del PSOE en Melilla
El portavoz del PSOE de Melilla y diputado local, Rafael Robles, ha cargado contra el Gobierno del Partido Popular por la puesta en marcha del servicio de informadores medioambientales, cuestionando los criterios de contratación y la externalización del programa, que cuenta con 91 trabajadores y un presupuesto de 2,4 millones de euros adjudicado a través de una empresa externa.
Según ha denunciado Robles, el servicio nace "marcado por la falta de transparencia y sin que se hayan hecho públicos criterios objetivos de selección ni garantías de concurrencia en igualdad de condiciones". El socialista ha advertido de que esta situación "alimenta la sospecha de clientelismo y contratación discrecional", una práctica que, ha recordado, el propio Partido Popular criticó durante años cuando se encontraba en la oposición.
Uno de los principales reproches del PSOE se centra en la formación del personal contratado. Robles ha señalado que los trabajadores seleccionados no cuentan con una formación específica en materia medioambiental, más allá de un curso básico, pese a que en Melilla existen hasta tres promociones formadas en el Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación y Control Ambiental, una titulación pública diseñada precisamente para desempeñar este tipo de funciones.
En este sentido, el portavoz socialista ha lamentado que el Gobierno local no haya apostado por el talento y la formación existente en la ciudad, optando en su lugar por externalizar el servicio sin ofrecer explicaciones sobre los procedimientos seguidos. A su juicio, resulta incomprensible que se ignore a personas cualificadas y formadas en Melilla mientras se recurre a personal sin la preparación adecuada.
Robles también ha cuestionado la decisión de delegar en una empresa privada la selección del personal, sin que se hayan explicado públicamente los criterios de contratación, los baremos utilizados ni las garantías de igualdad de oportunidades para los aspirantes. Desde el PSOE consideran que esta falta de información compromete la transparencia del proceso.
Asimismo, el dirigente socialista ha puesto en duda la necesidad de externalizar el control de servicios municipales, cuando la propia Ciudad Autónoma dispone de personal técnico cualificado para realizar labores de supervisión y fiscalización de contratos públicos. Según ha señalado, externalizar el control de servicios esenciales plantea dudas sobre la eficiencia de la gestión y el uso responsable del dinero público.
Por último, el PSOE ha subrayado la incoherencia del Partido Popular, que durante años criticó este tipo de programas por considerarlos instrumentos de contratación discrecional y que ahora los aplica sin aclarar procedimientos ni ofrecer explicaciones. Para los socialistas, el empleo público debe servir para fortalecer los servicios y ofrecer oportunidades reales, no para crear estructuras paralelas ni generar desconfianza.
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