El Partido Popular ha registrado una batería de 45 enmiendas al proyecto de ley de Discapacidad y Dependencia, que este miércoles se analiza en la ponencia del Senado encargada de estudiar la reforma. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha defendido la iniciativa alegando que el texto del Gobierno presenta "serios déficits" y carece de memoria económica que garantice la financiación de los nuevos servicios.
Según ha denunciado la dirigente popular, el proyecto del Ejecutivo nació sin consenso con las comunidades autónomas, que serán las encargadas de prestar los servicios pese a que el Gobierno central les adeuda 20.000 millones de euros solo en materia de discapacidad y dependencia. "Nuevos servicios sin presupuestos solo pueden generar frustración", ha advertido Fúnez.
Entre las principales propuestas del PP destaca la incorporación íntegra de su Ley Cume, impulsada semanas atrás por la formación para reforzar la protección de las familias con hijos con cáncer u otras enfermedades graves. Una de las novedades es que la prestación o el permiso por cuidado de estos menores se mantenga más allá de los 26 años cuando persista la misma situación y necesidad, una petición histórica de estas familias.
El paquete de enmiendas también aboga por garantizar la libertad de elección de las personas dependientes para optar entre una prestación económica o un servicio, priorizar el acceso a las ayudas según la vulnerabilidad económica y reforzar la protección de las personas con discapacidad frente a los riesgos de la inteligencia artificial. Asimismo, plantea regular de forma completa la figura del facilitador procesal para garantizar el acceso a la Justicia, impulsar el empleo de personas con discapacidad, favorecer al tercer sector en el medio rural, mejorar la accesibilidad con baños adaptados para personas con ostomía en el transporte y reconocer expresamente la sordoceguera como discapacidad específica.
En materia fiscal, el PP denuncia que el Gobierno pretenda vetar las enmiendas que buscan igualar las rebajas fiscales para un mismo grado de dependencia y discapacidad. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha propuesto además un IVA reducido del 4% para las obras de adaptación de edificios comunitarios y viviendas destinadas a personas con discapacidad, una medida que, según el PP, el Gobierno se ha negado siquiera a debatir alegando que supondría un coste de 4 millones de euros para las arcas públicas.
El paquete de enmiendas incluye también la exigencia de que el Estado financie el 50% del gasto que cada comunidad autónoma destina a estas materias. Fúnez ha calificado de "triquiñuela" la fórmula planteada por el Ejecutivo, al considerar que permitiría al Gobierno pagar, por ejemplo, el 70% a una comunidad y el 30% a otra, cumpliendo así con el porcentaje global sin equidad entre territorios. La vicesecretaria ha citado como referencia el modelo pactado con el País Vasco, por el que el Gobierno se comprometió a asumir la mitad del coste de los servicios para personas con discapacidad o dependencia en Euskadi.
En el ámbito educativo, el PP plantea ampliar hasta los 21 años, al menos, la escolarización en centros de educación especial, garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo de sus hijos y derogar la disposición de la Lomloe que da prevalencia a la escolarización inclusiva en centros ordinarios frente a la educación especial.
