El Gobierno sigue con los presupuestos aunque no se apruebe el techo de gasto

El Gobierno melillense seguirá con la elaboración de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma para 2025 aunque no se apruebe el techo de gasto este jueves en el Congreso de los Diputados. Así lo ha afirmado el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, quien apuntó que ese requisito es imprescindible para hacer el documento económico del Estado pero no para Melilla.

Si bien entiende el consejero popular que habrá que esperar al jueves para saber si definitivamente se rechaza el techo de gasto previsto por el Gobierno de Sánchez, lo que sí es impepinable es que sin ese requisito previo no habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En ese sentido, explicó Conesa que el techo de gasto es el importe máximo no financiero que puede tomar como referencia el Gobierno para confeccionar los PGE, que tienen que hacerse obligadamente conociendo cuál es esa cantidad, en la que no intervienen los intereses de deuda, por ejemplo.

La derivada de ese rechazo a la propuesta del techo de gasto "siempre es negativa" para las administraciones, según asegura Daniel Conesa. El motivo no es otro que la imposibilidad de saber "qué van a hacer desde el Estado que tenga repercusión en la ciudad", explicó el consejero.

En ese sentido, manifestó que no tener el presupuesto general a nivel nacional "añade un factor de riesgo" a la elaboración de la proyección económica del Ejecutivo local para 2025. "No va más allá de eso", afirmó Conesa para añadir que en 2023 tampoco hubo techo de gasto, se prorrogaron los presupuestos para 2024 y, aún así, Melilla tuvo su propio documento económico.

"No tuvimos el presupuesto del Estado para este año 2024, que debían de haberse confeccionado en 2023,  y nosotros hicimos nuestro trabajo independientemente de todo eso. Este año haremos lo mismo con los presupuestos de 2025".

La idea del Gobierno de Imbroda es tener hecha su previsión presupuestaria aprobada por el Pleno de la Asamblea antes de que finalice este año. De esa forma se garantizaría su puesta en vigor con el comienzo de 2025.