El Gobierno eleva los umbrales de ingresos para acceder a las pensiones no contributivas en 2026

El Gobierno ha actualizado los umbrales económicos que regulan el acceso a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, una medida que entrará en vigor en 2026 y que responde al incremento del IPREM aprobado para el próximo año. Esta modificación afectará de forma directa a miles de personas mayores de 65 años o con discapacidad que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social como para tener derecho a una pensión contributiva.

El nuevo límite de ingresos individuales para poder solicitar una pensión no contributiva será de 7.250,60 euros al año, lo que supone un incremento con respecto a los 6.784,54 euros vigentes en 2025. Este umbral se incrementa si el solicitante convive con otras personas. Por ejemplo, si comparte hogar con un familiar de primer grado, el tope asciende a 12.326,02 euros anuales; con dos convivientes, a 17.401,44 euros; y con tres, a 22.476,86 euros. En los casos donde el conviviente sea uno de los progenitores o un hijo del solicitante, se aplican límites más estrictos: 30.815,06 euros si se convive con un solo familiar; 43.503,60 euros con dos; y 56.192,14 euros si hay tres familiares directos en la vivienda.

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que no han podido cotizar lo suficiente durante su vida laboral, ya sea por razones personales, familiares o por haber trabajado en la economía informal, lo que impide acceder a una pensión del régimen contributivo. En el caso de la jubilación, pueden solicitarlas quienes tengan 65 años o más, residan legalmente en España y carezcan de ingresos suficientes. En cuanto a la pensión no contributiva de invalidez, está dirigida a personas entre los 18 y 65 años con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 %.

En ambos casos, la cuantía básica anual de la pensión en 2025 se situará en 7.250,60 euros, es decir, 517,90 euros al mes en 14 pagas, aunque esta cantidad puede incrementarse o reducirse en función de los ingresos del beneficiario o de la unidad de convivencia. Si se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 75 % y la necesidad de una persona que ayude en las actividades básicas del día a día, la pensión de invalidez podrá incrementarse con un complemento del 50 %, alcanzando los 10.875,90 euros anuales, es decir, una media de 776,85 euros al mes.

Estas modificaciones tienen un impacto especial en territorios como Melilla, donde una parte considerable de la población mayor de 65 años no ha cotizado lo suficiente para obtener una pensión contributiva. Como ya informó El Faro de Melilla, existen ayudas públicas específicas que llegan a casi 600 euros mensuales para mujeres mayores en situación vulnerable, muchas de las cuales han dedicado su vida al cuidado del hogar y la familia. La subida de los umbrales de renta amplía la posibilidad de que más personas en esta situación puedan acceder a las pensiones no contributivas, mejorando su estabilidad económica en una etapa especialmente sensible de la vida.

El aumento del IPREM, que pasa de 600 a 621 euros mensuales, es la base sobre la que se calculan estos nuevos límites. Aunque la cuantía total de las pensiones no contributivas sigue por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, organizaciones sociales han valorado positivamente el incremento de los umbrales, ya que permitirá incluir a personas que hasta ahora quedaban fuera por pequeños márgenes de ingresos.

Con este ajuste, el sistema de protección social busca dar un paso más hacia la inclusión, garantizando ingresos mínimos a quienes no pueden contar con otras fuentes de sustento. En un contexto de inflación persistente y encarecimiento de bienes básicos, medidas como esta se convierten en un salvavidas económico para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.