El Gobierno de España ha respondido al diputado del PP por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que se “está trabajando” en un Decreto para sacar adelante el tema de la bonificación al transporte de mercancías. Así lo anunció esta mañana el presidente regional de los populares, Juan José Imbroda, quien apuntó que “alguien mintió” respecto a la posición negativa de la Unión Europea en este asunto.
Fue el pasado 16 de enero cuando Díaz de Otazu registró en el Congreso de los Diputados las preguntas al Gobierno relacionadas con la bonificación al transporte de mercancías para productos de primera necesidad. En su escrito, el parlamentario del PP recordó que la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea dijo que las autoridades españolas “no se habían puesto en contacto con la Comisión” y que, en caso de hacerlo, “se estudiaría”. Es más, apuntaba que incluso se habían aprobado regímenes de compensación similares al solicitado en Italia y Croacia.
La respuesta de la vicepresidenta Vestager se producía a raíz de una pregunta formulada por los eurodiputados españoles del grupo Renew, Jordi Cañas y Ramón Bauzá después de que el 20 de octubre, en una reunión entre del director general de Marina Mercante, Benito Núñez, y responsables de la Confederación de Empresarios (CEME), el primero manifestara “que no se podía acometer la bonificación del transporte de mercancías porque no lo permitía la Unión Europea”.
A la vista de la situación, el diputado melillense preguntó “cuál es la razón para la manifestación del director general de la Marina Mercante en el sentido de afirmar que la Unión Europea no permite las bonificaciones”. Asimismo, quiso saber “cuándo va el Gobierno a plantear este asunto antes las autoridades de la Unión Europea a fin de favorecer la actividad comercial en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
En su respuesta, el Gobierno establece que estas ciudades son regiones “extrapeninsulares” a las que no es aplicable “la condición de insularidad” que, sin embargo, sí les otorga la Comisión Europea “en determinadas ocasiones”. De hecho, en artículo 2.1.d) del Reglamento 3577/92, del Consejo de 7 de diciembre de 1992 por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los estados miembros, manifiesta que Melilla y Ceuta “serán tratadas de la misma manera que los puertos de las islas”.
“Por tanto, la localización geográfica las coloca en una posición muy similar a la de los archipiélagos españoles y justifica algunas de las medidas adoptadas con el fin de reducir los costes que conlleva la lejanía de las islas con la península”, razona la respuesta gubernamental.
Así las cosas, el Gobierno afirma que “estas medidas se van a contener en el proyecto de Real Decreto por el que se regula la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías de compensaciones con origen o destino en Ceuta y Melilla, que se encuentra en su tramo final de elaboración”.
Para el presidente regional del PP, la respuesta del Gobierno deja claro que “alguien mintió” sobre las bonificaciones, en clara alusión a las manifestaciones que hizo el director general de Marina Mercante a los empresarios melillenses.
Imbroda explicó, además, que ya existe un Real Decreto de bonificaciones al transporte de mercancías para Melilla y Ceuta del año 2018, consignado su coste en los Presupuestos Generales del Estado de entonces con, inicialmente, medio millón de euros. “Eso demuestra que bonificar el transporte de mercancías era factible pero, aún así, hicimos la pregunta parlamentaria”, señaló.
La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) había solicitado en estos días que los partidos políticos se hicieran eco de la situación y llevaran al parlamento preguntas que respondieran a si era real o no que la medida de la bonificación había sido negada por la Unión Europea. En ese sentido, la patronal ha recordado recientemente que ya en 2021 solicitó por escrito a la Dirección General de Marina Mercante y a través de la Delegación del Gobierno la aplicación de esa bonificación aunque, por “razones desconocidas”, la carta no llegó a su destinatario. En octubre pasado, se volvió a formular la solicitud. La respuesta fue entonces que “la legislación europea no lo permite”.
La CEME tuvo hace una semana una reunión telemática con el eurodiputado José Ramón Bauzá, al que expresaron su “preocupación” por cómo se están desarrollando los acontecimientos en torno a la aduana comercial. En ese sentido, la Confederación le comunicó al parlamentario europeo lo “absurdo” de la prueba piloto de finales de enero pasado y el hecho de que, después de más de cuatro años, se siga impidiendo el libre tráfico comercial de la frontera terrestre entre la Unión Europea y Marruecos, “socio privilegiado y firmante del Tratado Euromediterráneo”, señaló.
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