El Gobierno central sigue justificando el cambio de las bonificaciones a la Seguridad Social en Melilla y Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue defendiendo el cambio en el sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social vigente en Ceuta y Melilla programado para el próximo 1 de septiembre, cuando dejaría de aplicarse un 50% para introducir una cantidad fija de 262 euros mensuales para trabajadores con contratos indefinidos.

Pese al rechazo que ha suscitado y a que el PSOE de Ceuta y Melilla asegura que el asunto “está solucionado”, el Ejecutivo de Sánchez mantiene que así será más “eficaz”.

Los senadores por Ceuta y Melilla del PP han interpelado al Gobierno con el fin de saber si piensa “corregir” su decisión “como ya hiciese con la eliminación de la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos” y si “ha calculado” su coste “económico y social” en las dos ciudades autónomas.

Además, argumenta que “el propio Real Decreto-ley 1/2023 de 10 de enero, en su artículo 31, las mantiene y reformula en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 23, Reforma 7), que contempla la revisión de las subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social con el objetivo de simplificar el sistema de incentivos a la contratación y aumentar su eficacia”.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, ya señaló en el Senado a mediados de mes que lo que busca el Gobierno central es hacer el sistema “más transparente” y “menos regresivo”, ya que con un porcentaje “se bonifica más a quien más cobra”.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha alertado de que para un trabajador que cobre 1.300 euros el cambio en las bonificaciones supondrá la pérdida directa de 100 euros al mes en sus remuneraciones.

La patronal y los sindicatos han alertado a la ministra competente, Yolanda Díaz, de que “sustituir el porcentaje del 50% de bonificación por una cantidad fija producirá una cuantiosa reducción de la misma que sin duda tendrá un impacto negativo en el mantenimiento y la creación de empleo y una pérdida de renta disponible para este grupo de trabajadores con el consecuente menoscabo de los beneficios para implantación de empresas”.