El caso del fraude en la inscripción en el Registro Civil de menores marroquíes en Melilla a nombre de padres españoles que ni siquiera conocían a las madres también de Marruecos fue destapado por la Guardia Civil en el marco de una investigación a un inquilino de dos pisos ubicados en la calle Castelar, del centro de la ciudad, que fue señalado por testigos protegidos por encerrarse en su habitación "en algunas ocasiones" con adolescentes acogidos en el Centro de la Purísima y contactados en el Parque Hernández.
La casa de la calle Castelar ocupada por F.B., alias Amín, recibía constantes denuncias vecinales a la Policía Local por ruidos, peleas y el trasiego de hombres y mujeres por las escaleras del inmueble y en la entrada, donde los visitantes hacían sus necesidades fisiológicas.
En diciembre de 2017 agentes de la Benemérita registraron dos pisos de la calle Castelar y en febrero de 2018 el Instituto Armado informó de la detención de cuatro personas por obligar a prostituirse a mujeres marroquíes. La actuación policial llevó por nombre ‘operación Heteras’.
La organización supuestamente captaba a mujeres marroquíes, algunas menores, con escasos recursos económicos y con pocas opciones de acceder a puestos de trabajo. Una vez introducidas en Melilla, presuntamente mediante engaño, las obligaban a ejercer la prostitución. En los pisos donde ejercían se vendía droga, alcohol y tabaco.
Y no solo eso. Durante la interceptación del teléfono de Amín, los agentes de la Policía Judicial de la Benemérita detectaron que el investigado había supuestamente mantenido relaciones sexuales con un joven procedente de Marruecos a cambio 5 euros.
Además, en el registro practicado en la casa alquilada por Amín en la calle Castelar los efectivos de la Guardia Civil hallaron billetes falsos de 10 euros, que estaban escondidos en un armario de la cocina, tal y como consta en la diligencia de estudio de falsedad de los billetes realizada el 29 de enero de 2018.
Esta red de prostitución está relacionada con la que supuestamente inscribía menores de edad de madres marroquíes a nombre de melillenses con DNI, con el fin de que el niño o niña consiguieran su documentación legal en España. Pero, además, al no hacerse cargo del menor, obligaba al Estado español a sufragar los gastos de la madre soltera. La investigación llevó por nombre: 'Operación Artillero'.
Fue en el marco de la Operación Heteras (prostitución), que la Guardia civil tuvo conocimiento de que un melillense de apellido Rodríguez, que en ese momento tenía 31 años, había inscrito en el Registro Civil a una niña nacida en Melilla de madre marroquí, recibiendo a cambio "una importante cantidad de dinero".
Tras confirmar en el Registro cuántos niños había inscrito esta persona como padre biológico, la Policía Judicial de la Guardia Civil constató que en un año (entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017) había dado su apellido a cinco niños, todos hijos de diferentes madres de origen marroquí.
Los agentes no descartan que haya más menores registrados a su nombre, pero en el momento de la investigación alegaron que la base informática del Registro Civil impide conocer cuántos supuestos hijos tiene inscritos esta persona, lo que obliga a los funcionarios a buscar por el apellido paterno y luego comprobar los datos de filiación.
De todos esos niños que inscribió, una era hija de Soukaina H. cuyo caso está documentado por la Guardia Civil en escuchas telefónicas. El 'pinchazo' reveló que la madre embarazada, un mes antes de dar a luz ya había contactado a una abogada para arreglar los papeles necesarios para inscribir a su hijo con el apellido Rodríguez.
El trato se cerraba de la siguiente manera: las mujeres pagaban a Amín una supuesta alta suma de dinero para que les buscara un padre biológico con DNI en Melilla y él abonaba al padre entre 600 y 900 euros para que diera el apellido al menor.
De las escuchas telefónicas realizadas, la Guardia Civil infiere que el caso de Soukaina no era el primero que Amín concertaba para registrar de menores de edad a nombre de padres biológicos que no habían mantenido relación con la madre.
En este sentido, los agentes de la Policía Judicial concluyen que los recién nacidos eran utilizados como mercancía para obtener la documentación española, vulnerando la Ley de Extranjería; que estos menores crecerían bajo una identidad ficticia ya que su progenitor es falso y se ha modificado su filiación y nacionalidad. Además, añaden que en la mayoría de los casos, los menores eran enviados de vuelta a Marruecos y quedaban al cuidado de familiares y la madre se marchaba a la península o se quedaba trabajando en Melilla.
Asimismo, recalcan que todas las mujeres y menores implicados en el 'caso Artillero' son marroquíes, pero con este fraude, no pagaban los gastos del parto en el Hospital Comarcal y se daba la circunstancia de que algunas de las madres se dedicaban a la prostitución o trabajaban de forma irregular en Melilla.
Después del parto, el niño era inscrito por un español de escasos recursos económicos (normalmente pensionistas o parados), pero también delincuentes o drogadictos a los que pagaban para inscribir a los menores como hijos propios en el Registro Civil.
Se daba la circunstancia de que la mayoría de las madres no habla castellano por lo que la Guardia Civil desconoce cómo se comunicaban con el supuesto padre de su hijo, que en ningún caso contraía matrimonio con ellas ni corría con los gastos de manutención, sustento o desarrollo de los menores.
Además, una vez obtenidos los papeles, estas mujeres no volvían a mantener contacto con el supuesto padre.
En su declaración ante la Guardia Civil, el padre biológico de cinco menores en apenas un año, dijo que había aceptado inscribir a esos niños que constan en el registro como hijos porque está enfermo y tiene una situación económica delicada y las mujeres le pagaban unos 600 euros por inscripción.
Al ser interrogada por la Policía, Soukaina dijo que conoció a Amín en la Residencia de Estudiantes Marroquíes, de Melilla. Según cuenta, éste se ponía en la puerta y un día le pidió que lo acompañara a su casa del Tesorillo para ejercer la prostitución. Lo hizo en más de cinco ocasiones hasta que su madre se enteró y se peleó con Amín para que la dejase en paz. En aquel momento ella tenía 16 años.
Cuando a Soukaina declaró ante la Guardia Civil y le preguntaron si sabía si estaba cometiendo un delito inscribiendo a su hija con un padre falso, ella dijo que sí, pero que no tenía más alternativa porque el verdadero padre de la niña no quería hacerse cargo de ella y estaba en Marruecos. En su país, añadió, le habría sido imposible inscribir a la niña y que lo hizo en Melilla para que su hija tuviera documentación.
En abril de este año, el Ministerio del Interior informó de la retirada de la nacionalidad española a 78 bebés inscritos por al menos 51 melillenses que aceptaron figurar como sus padres biológicos a cambio de determinadas sumas de dinero.
A primeros de año se habló de que la trama estaba instalada en Melilla sin aclarar durante cuánto tiempo. En ese momento se habló de 117 implicados entre madres, padres ficticios e intermediarios.
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