El fiscal del TS propone las pruebas de ADN para frenar el fenómeno del ‘niño ancla’

Luis LaFont señala que las zonas en las que más casos se han registrado son Melilla y Andalucía. La creciente utilización de menores de edad, incluso bebés, por parte de inmigrantes adultos para asegurarse su estancia en territorio español después de entrar de manera irregular, es el fenómeno denominado ‘niños ancla’. Ayer el fiscal de la sala de Extranjería del Tribunal Supremo, Luis LaFont, hizo hincapié durante unas jornadas jurídicas en la ciudad de Córdoba. El fiscal propuso las pruebas de ADN como una herramienta para luchar contra las redes de trata de seres humanos que utilizan a adultos para introducir a niños lactantes o de corta edad en España y después “proceder a su explotación por diversas vías”.
LaFont destacó que es en Andalucía y Melilla donde se ha registrado una mayor incidencia de este fenómeno y donde se ha constatado que el 25% de los exámenes genéticos realizados han sido negativos, es decir, que las personas que dijeron ser padres de los menores en realidad no lo eran.
El fiscal del Supremo también habló en su ponencia sobre los Menores Extranjeros no Acompañados (MENA). En este sentido, destacó como novedad la resolución de un juzgado de lo contencioso administrativo de Córdoba, a raíz de una demanda de la Fiscalía, sobre el plazo en el que la Administración debe documentar a un MENA antes de cumplir la mayoría de edad.
“El interés del menor exige que sean documentados a la mayor brevedad y en un plazo máximo de nueve meses. Este plazo no necesariamente debe agotarse. Una vez que se comprueba que la repatriación, como exige la ley, no es posible cuando el menor está muy próximo a alcanzar los 18 años es necesario documentarle”, explicó LaFont. El mismo juzgado cordobés detalla en su resolución que la obligación de la repatriación del menor, en caso de ser posible, recae sobre el Estado español, tal y como recoge la legislación vigente.
Durante su intervención, el fiscal también comparó los procedimientos de expulsión judicial de extranjeros antes y después de la reforma del Código Penal.