El contrato de alumbrado público de 2006, a examen en el Juzgado

Juan Antonio Iglesias y Celia Sarompas fueron los primeros en declarar por la falta de documentación en 16 expedientes de la Mesa de Contratación en 2006 y 2007.

En la jornada de ayer comenzó la primera ronda de declaraciones ante el juez de los 27 imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa a causa de la falta de documentación en 16 expedientes tramitados por la Mesa de Contratación entre los años 2006 y 2007. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla citó para ayer, a instancias de la Fiscalía, a Guillermo Frías, Ramón Gavilán y Juan Antonio Iglesias, todos ellos representantes del Grupo Popular en dicho organismo, así como a la socialista Celia Sarompas, que no era miembro de la Mesa de Contratación, aunque estuvo presente en la sesión en la que se aprobó uno de los expedientes afectados en sustitución de su compañera de partido Mari Cruz Escribano
Según ha podido saber El Faro, sólo Iglesias y Sarompas acudieron ayer al Juzgado. Se desconocen las causas por las que Gavilán y Frías no hicieron lo propio, aunque las fuentes de este periódico apuntaron a que había existido “un contratiempo” que impidió que fueran a declarar.
El primero en llegar a las Torres del V Centenario fue Iglesias, que acudió a su cita con el juez a las 10:30 horas, aproximadamente. Según ha podido saber este periódico, prestó declaración durante 90 minutos. La mayor parte de su intervención estuvo centrada en el expediente de gestión sobre la conservación de alumbrado público, asunto que la Mesa de Contratación aprobó en el año 2006 con los votos a favor de los representantes del PP.

Preguntas del juez

El juez preguntó por determinados detalles de este asunto, así como por qué se le dio luz verde. También se interesó por el funcionamiento de la Mesa, así como por el papel de los distintos grupos que la conformaban. Hay que recordar que la oposición tuvo representantes en este organismo hasta mayo del 2007. A su salida del juzgado, Iglesias optó por no realizar declaraciones a los medios de comunicación.
La segunda en comparecer ante el juez fue la socialista Celia Sarompas, que acudió al juzgado a las 11:30 horas. Su declaración se retrasó unos 60 minutos a causa de que la de Iglesias ocupó más tiempo del que estaba previsto. Al igual que en el caso del dirigente popular, el juez preguntó a la socialista por el contrato del alumbrado público y los motivos por los que el PSOE votó en contra de dicha cuestión.
En declaraciones realizadas a este periódico, la ex dirigente del PSOE, actualmente apartada de la política, aclaró que ella no formaba parte de la Mesa de Contratación en 2006, sino que acudió a la sesión en la que se aprobó el expediente en sustitución de la representante de su grupo. Asimismo, subrayó que estaba “muy tranquila” por este asunto y que su abogado solicitó ayer que se le retirara la imputación.
Por otro lado, Sarompas señaló a El Faro que acudió ayer al juzgado en compañía de su abogado, ya que rechazó la defensa jurídica que le ofreció la Ciudad Autónoma al considerar que actualmente no está vinculada a la vida política.
Las fuentes de este periódico indicaron que hoy se producirán más declaraciones ante el juez. Todo apunta a que hoy comparecerán por primera vez los empleados públicos cuyos nombres figuran en los expedientes afectados en este asunto, como es el caso del secretario, el auxiliar o el interventor de la Mesa de Contratación.
El portavoz del Gobierno melillense, Daniel Conesa, señaló ayer que la Ciudad Autónoma ha preparado todos los documentos que tendrán que aportar los imputados en sus respectivas declaraciones y ha reiterado la “tranquilidad” de la administración local respecto a este asunto.

La imputación de 27 dirigentes políticos de PP, PSOE y CpM, así como de distintos funcionarios participantes en la Mesa de Contratación, por presunta prevaricación administrativa tuvo lugar a raíz del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción Número 1 de la ciudad autónoma, que a su vez se inició a resultas de un informe de la Fiscalía de Málaga que proviene de un escrito del Tribunal de Cuentas, sobre falta de documentación en un total de 16 expedientes relacionados con la Mesa de Contratación de Melilla en el ejercicio 2006-2007.
Desde el Gobierno local apuntaron el pasado 25 de febrero que varios de los expedientes en cuestión fueron archivados por el propio Tribunal de Cuentas hace dos años.
El portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, explicó que el informe definitivo sobre el periodo de fiscalización del ejercicio 2006-2007 del Tribunal de Cuentas se emitió el 30 de junio de 2011, mientras que esta institución envió a la Fiscalía de Málaga el 28 de junio de 2012 el referente a la  con la causa abierta por el Juzgado de Melilla.
El portavoz del Ejecutivo aseguró que en este último hay expedientes en los que se alude a falta de documentación y que ya no aparecen en el definitivo del Tribunal de Cuentas al haber quedado justificados en su día.