El Comité de Empresa de Sureste carga contra el pliego de condiciones de seguridad privada

Los 5 sindicatos que conforman el Comité de Empresa de Sureste Seguridad en Melilla, encargados de la vigilancia en la Ciudad Autónoma, han denunciado las condiciones del pliego que quiere sacar Seguridad Ciudadana y que entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

El Comité ha lamentado diversas cuestiones como la pérdida de puestos de trabajo o el hecho de que el pliego no recoja las bonificaciones de las cuotas patronales.

En declaraciones a los medios comparecieron Francis Aguilera, en representación del Sindicato Independiente de Melilla (SIM); José Raúl Siles, en representación de CCOO; Milud Mohamed, en representación de CSIF; Francisco Mateo por la Unión Sindical de Trabajadores de Melilla (USTM) y Juan Manuel por UGT.

En primer lugar, el Comité ha querido dejar claro que su labor no se basa en rebatir decisiones políticas, sino que actúan en la defensa de los trabajadores; respondiendo a las declaraciones del consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda.

Siles tomó la palabra para denunciar el "deterioro" en el pliego de condiciones, afirmando que los sindicatos han hecho el cálculo del número de trabajadores que se necesitan para cubrir 270.393 horas, a razón de 1.782 horas anuales por trabajador.

"El pliego incluye 274.000 horas y salen 154 vigilantes, pero en la lista que ha aportado el ayuntamiento son 206. Por lo tanto, 50 vigilantes van a la calle".

Por otro lado, Francis Aguilera ha insistido en el empeoramiento de la calidad del contrato respecto al anterior. El representante de SIM denunció la reducción del número de vigilantes en el Centro de Menores La Purísima o el uso de vehículos de vigilancia discontinua.

Aguilera manifestó que el nuevo pliego llega a poner en peligro la seguridad de los ciudadanos, así como la de los propios trabajadores, denunciando la reducción del número de vigilantes nocturnos a zonas amplias de la ciudad como el Parque Forestal o el Parque Hernández, donde según dijo, tan sólo habrá un trabajador.

Además, hizo hincapié en la reducción del número de horas de formación, las cuales afirmó, pasarán de 100 a un máximo de 30.

"Esto repercute tanto en la calidad del servicio como en la cantidad económica, porque las horas de formación suponen unos 12 euros por hora a cada uno de los trabajadores; por lo tanto si de 100 pasas a 30 le estás quitando 700 euros a cada uno de los trabajadores. Y qué decir que las 100 horas de formación del contrato anterior todavía no han sido abonadas".

Bonificación

También quiso hacer referencia a la cuestión de la bonificación de las cuotas patronales. Aguilera lamentó que estas se han eliminado "de un plumazo" del contrato, por lo que la empresa adjudicataria no tendrá obligación de abonarlas.

"Como esta cuestión les dio problemas en el pliego anterior, han eliminado el párrafo y ya no podemos exigir esa bonificación".

Los sindicatos reclaman que se establezca que la empresa que pague más cantidad del plus, obtenga más números para optar a la adjudicación del contrato.

El representante de SIM acusó a la Ciudad Autónoma de no fiscalizar en condiciones el cumplimiento de los pliegos. "Luego no pasa nada si la empresa incumple", dijo.

En definitiva, los sindicatos lamentan el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores con el nuevo pliego, asegurando que supondrá la entrada de "empresas precarias" que no cumplirán con el convenio, además de la pérdida de entre 40 y 50 puestos de trabajo.

Francis Aguilera manifestó que el Comité de Empresa busca que se mantengan los 206 trabajadores en unas "condiciones dignas" y anunció que si el próximo 1 de enero se producen los posibles despidos, se pedirán las explicaciones correspondientes.

CSIF

A continuación, tomó la palabra Milud Mohamed, quien habló de la reunión que mantuvo CSIF el pasado 2 de mayo con el consejero para tratar cuestiones relativas a la seguridad y al pliego. "Le dijimos que o se igualaran o se mejoraran las condiciones, pero no ha sido el caso".

Mohamed expresó la preocupación que tienen los vigilantes melillenses por sus puestos de trabajo y solicitó que se aclare el número de vigilantes que quedarán desempleados.

"Han dado el callo en pandemia y tienen sus familias. Ahora se ven en la tesitura de perder su pan de cada día".

Asimismo, denunció la pérdida de servicios en los centros de menores de la ciudad, afirmando que es necesario un control de dichas instalaciones. "Ya no hay tantas entradas, pero en cualquier momento pueden darse".

Desde el Comité dicen no achacar a José Ronda toda la responsabilidad, pero le exigen mantener una reunión urgente para aclarar determinadas cuestiones, como el número de trabajadores que finalmente serán despedidos.

El contrato tendrá una duración de 2 años, a partir del 1 de enero de 2025 y, luego será de uno más uno. La adjudicación se hará por un importe aproximado de 22 millones de euros, con una anualidad de casi 6 millones de euros.

El Comité de Empresa de Sureste Seguridad representa al 50 % de la plantilla de vigilantes de Melilla