El ‘caso Tribugest’ rompe la paz entre Gobierno local y CpM

Gobierno local y oposición debatieron en el Pleno de ayer la gestión del servicio de recaudación de tributos por parte de la empresa Tribugest. Aunque el punto incluido en el orden del día trataba sobre una modificación en las ordenanzas de esta área, cepemistas y socialistas centraron sus intervenciones en Tribugest.
El portavoz de CpM, Hassan Mohatar, señaló al Gobierno que su grupo iba a votar en contra de modificar las ordenanzas para darle “un toque de atención” sobre lo ocurrido con el servicio de recaudación tributaria. En este sentido, Mohatar consideró que el Ejecutivo local “usurpó” a la oposición y la opinión pública su derecho a la información al no dar a conocer la trasferencia de este servicio de Tribugest a Gestil en el año 2008. “No se comunicó este cambio a ningún grupo de la Asamblea”, criticó el cepemista, quien apuntó que lo sucedido era “una falta de respeto” a la ciudadanía melillense.
Por otro lado, el diputado del Grupo Socialista Dionisio Muñoz, aseguró que ni siquiera se enteraron del cambio muchos de los integrantes del Gobierno local. Según sus palabras, Gestil se fundó con un capital de 3.000 euros y llegó a facturar 1,8 millones de euros al año. “Se creó con cierta nocturnidad”, reprochó.
Muñoz también criticó que el Ejecutivo autonómico haya animado a su grupo a acudir al juzgado si considera que hay algún tipo de irregularidad en este terreno. “Estamos en democracia, no entiendo por qué no nos dan las explicaciones que pedimos”, añadió.

Explicando el cambio
El portavoz del grupo popular, Daniel Conesa, respondió a cepemistas y socialistas que dicha cuestión no tenía nada que ver con la orden del día. No obstante, explicó que en el año 2006 se adjudicó a Tribugest el servicio de colaboración en la recaudación tributaria. Posteriormente, en noviembre de 2007, esta empresa constituyó Gestil S.A. con un capital de 3.000 euros, el 100% aportado por Tribugest.
Esta última decidió meses después ceder una rama de la explotación de este servicio público a Gestil. “Fue todo legal. La administración pública no se pudo oponer a dicha operación, que está permitida por la Ley. Lo que sí se exigió es que continuaran ofreciendo las mismas garantías que cuando se le adjudicó el contrato”, subrayó Conesa.
Asimismo, indicó que el expediente con los detalles de este procedimiento ha estado a disposición de los grupos de la oposición desde el 2008. “Parece que Muñoz lo conoce de primera mano, pero veo que no ha servido para nada”, apuntilló.
En su segunda intervención, Mohatar preguntó a la bancada popular si Tribugest había cumplido todo lo acordado con el Gobierno local y aseguró que la empresa “lleva sembrando sospechas desde el 2006”, cuando se licitó el servicio. “He revisado las actas del Consejo de Gobierno de ese entonces y en ninguna se detalla nada sobre el cambio de Tribugest a Gestil. Me da que ni siquiera el presidente Imbroda conocía la operación”, apuntilló. Además, reclamó un informe jurídico de la Ciudad Autónoma para comprobar si se actuó con trasparencia en todo momento.

“¿Quién lleva el negocio?”
Por su parte, Muñoz afirmó que en una carta que le dirigió el subdirector de Tribugest en febrero de este año, le indicó que la sociedad Gestil se vendió a un tercero en 2008. “¿Quién se quedó con este gran negocio?”, preguntó el diputado del PSOE.
Conesa aseguró que la empresa continúa siendo la misma aunque cambiara de manos. “Precisamente por eso es una sociedad anónima”, subrayó. Asimismo, recordó que, pese a las modificaciones, la adjudicataria del servicio debe cumplir todas las clausulas incluidas en el contrato.
A la hora de votar, sólo el PP lo hizo a favor de la modificación de la ordenanzas. El debate se desvió tanto de la cuestión principal que antes de que los grupos de pronunciaran hubo que recordarles qué asunto se iba a votar.