Un informe reciente del Real Instituto Elcano revela que este año el ámbito migratorio de España seguirá afectado por la insuficiencia de los recursos públicos en relación con el número de llegadas, tanto de solicitantes de asilo como de inmigrantes por vía irregular.
Si bien el estudio “España en el mundo 2022: perspectivas y desafíos en democracia, derechos y ciudadanía” indica que el 2021 ha sido el año de continuidad y de transición hacia la recuperación de la normalidad en la política de control de flujos migratorios, para Melilla el mismo estuvo marcado por un aumento de la presión migratoria.
Por un lado, los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística indican que en la primera mitad de 2021 hubo “un saldo migratorio prácticamente nulo, en el que las entradas de población se compensan con las salidas, ambas protagonizadas en su gran mayoría por extranjeros”. Por otro, la ciudad autónoma ha visto el aumento de la violencia en los saltos a la valla que la separa de Marruecos y que tendrá que reforzar con medios humanos y materiales.
En cuanto a los arribos irregulares a España por vía marítima, las cifras acumuladas hasta mediados de noviembre pasado (34.000 llegadas), muestran un ligero aumento con respecto al mismo periodo del 2020 (32.000).
Este alza se explica a través del incremento de las llegadas a Canarias (18.000), debido a la crisis económica en los países africanos y la imposibilidad de ejecutar los retornos por el cierre de fronteras. No obstante, es una tendencia que debe verse atenuada por la progresiva reanudación de los vuelos a esos países de origen.
El 50% de los inmigrantes llegados irregularmente por vía marítima a Canarias, Baleares o la Península son marroquíes y argelinos.
Pero, los números anteriores no incluyen a las casi 10.000 personas que en dos días de mayo de 2021 llegaron a Ceuta, a nado o a pie, en una entrada facilitada por las fuerzas de seguridad marroquíes como respuesta a la atención en un hospital español del líder polisario Brahim Gali.
Si bien ya anteriormente un conflicto había terminado con el ingreso de un gran número de inmigrantes irregulares desde Marruecos, nunca había alcanzado tanta envergadura.
Tan es así, que el despliegue del Ejército en Ceuta y el apoyo europeo “inmediato, unánime y contundente a la soberanía española” en esa ciudad dejaron claro que la oleada de inmigrantes se percibía como arma de presión política entre dos Estados (también conocida como “amenaza híbrida”), y no como el resultado espontáneo del deseo individual de mejora de los inmigrantes, muchos de ellos de muy corta edad.
El documento recalca que el conflicto desatado entre España y Marruecos por estos sucesos todavía no se ha resuelto. Unos 400 menores inmigrantes que desde entonces han permanecido en Ceuta siguen esperando por la colaboración marroquí para su retorno.
A la vez, los expertos destacan que ese episodio “ha causado en España tensiones institucionales, entre la administración estatal y la local, entre el poder judicial y el ejecutivo, e incluso en el interior del ejecutivo”.
No obstante, los investigadores apuntan que “la colaboración de España con Marruecos en materia migratoria sigue siendo efectiva” ya que la política exterior se ha centrado en “intensificar la cooperación migratoria con países de origen y de paso en el Magreb y en África Occidental”.
Además, se han incrementado “las subvenciones para la compra de material relacionado con el control fronterizo y las transferencias directas a los gobiernos de la zona”.
El panorama actual de la inmigración irregular
Por otra parte, España continúa sus esfuerzos para obtener “una mayor solidaridad de los socios europeos” en lo referente a la inmigración irregular, según el nivel de responsabilidad que exige la Unión Europea (UE) a sus Estados miembros en la gestión fronteriza.
Puntualmente España, Italia, Grecia, Chipre y Malta buscan lograr que se regule como automática la ayuda en casos de crisis migratoria, a través del reparto obligatorio de la acogida o realojamiento entre los Estados miembros.
Asimismo, de acuerdo con el informe, “los avances están siendo muy lentos en la negociación del Reglamento de gestión de migración y asilo” después de la presentación en 2020 del Pacto Europeo por la Migración y el Asilo.
Ante la desaparición del Fondo Fiduciario de la UE para África a finales de 2021, España insiste en mantener una actuación coordinada entre los Estados y una financiación europea específica para África. De ahí que propusiera la Team Europe Initiative (TEI) dedicada a la ruta migratoria atlántica y del Mediterráneo occidental.
Esta TEI recibirá casi 1.000 millones de euros entre 2021 y 2027 (la mitad de ellos provenientes del presupuesto europeo) y agrupa a España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Suiza.
La idea nace de un modelo de relaciones con África en materia migratoria presentado por España a la UE en enero de 2021, que se basa en la experiencia española desde 2005 y propone opciones de canalización de la migración legal.
Los especialistas prevén que la presidencia francesa del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2022 impulse avances en la atención a los temas migratorios y a la región africana, especialmente a la zona del Magreb y del Sahel, en línea con los intereses españoles.
A Francia no solo le preocupan las llegadas a suelo galo de inmigrantes irregulares procedentes de Italia y España (africanos en su mayoría), sino que apoya, por ejemplo, la uniformización en la gestión de las peticiones de asilo.
Ante la baja tasa de devoluciones que frena la eficacia de las políticas de control de fronteras (como media, en la UE solo se ejecuta un 30% de las órdenes de expulsión), Francia y la Comisión Europea están utilizando la política de visados Schengen como instrumento de presión. En Europa, se ha usado por primera vez con Gambia y en el caso francés, respecto a Marruecos, Argelia y Túnez.
Se espera también que Francia mantenga cerrados varios pasos fronterizos en los Pirineos, en la zona del País Vasco y de Aragón, para evitar la entrada de inmigrantes irregulares desde España. Unos 31.000 inmigrantes fueron devueltos en frontera a España desde el territorio francés en los primeros ocho meses de 2021.
Del mismo modo, a través de una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, han cambiado las normas migratorias españolas relacionadas con los menores no acompañados llegados de forma irregular para facilitar el acceso de los llamados “menas” al trabajo y a un permiso de residencia a partir de los 16 años. Así, será posible la estancia en España de unos 15.000 jóvenes al finalizar su periodo de tutelaje por las instituciones.
Por otra parte, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo, se han facilitado los requisitos para que los demandantes de asilo que hayan visto denegada su solicitud puedan acogerse a la vía del arraigo laboral para regularizar su estancia en España.
Unas 45.000 personas habían solicitado asilo en España en los diez primeros meses de 2021 (39% menos que en el mismo periodo del 2020), descenso achacado a las restricciones a la movilidad y a la apertura de una vía especial para los procedentes de Venezuela, que constituyeron en 2019 y 2020 la mayor cantidad de peticionarios.
No obstante, para este 2022 se espera un aumento sustancial de las solicitudes, según se levanten las restricciones a la movilidad internacional. Las mismas podrían acercarse a la cantidad que había antes de la pandemia (118.000 en 2019).
