El diputado Otazu presenta denuncia contra la piscifactoría de Marruecos en Chafarinas

El diputado del PP por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha presentado este viernes una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra la piscifactoría instalada en las inmediaciones de las Chafarinas, por los presuntos delitos "contra los recursos naturales y el medio ambiente comprendidos en los artículos 325 y siguientes del Código Penal que indiciariamente se hubieran podido cometer".

En un texto ampliamente argumentado sobre las normas medioambientales tanto españolas como europeas, Díaz de Otazu recuerda que las Islas Chafarinas son de dominio público afecto al Ministerio de Defensa que, a través de la Comandancia General de Melilla, mantiene una guarnición permanente en las islas. Asimismo, establece que el "litoral de los territorios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Melilla, al archipiélago de las Chafarinas, al peñón Vélez de la Gomera y al peñón de Alhucemas con los islotes de Mar y de Tierra, se encuentran dentro del ámbito territorial de la Capitanía Marítima de Melilla y de las aguas de su competencia, y del Distrito Marítimo de Melilla".

Tras dejar clara la ascendencia española de las aguas que rodean a las Chafarinas, el diputado relata que la piscifactoría consiste en "16 jaulas flotantes circulares colocadas en dos hileras paralelas de ocho jaulas cada una, formando un recinto rectangular balizado por boyas" y apunta que las instalaciones "van ancladas al fondo marino". Igualmente aclara que "uno de sus vértices está a menos de trescientos metros de tierra firme".

Concesión nula

El parlamentario popular se hace eco de las publicaciones en prensa de esta piscifactoría con fecha 24 de noviembre pasado, cuando se supo que las jaulas fueron suministradas e instaladas por una empresa española "por encargo de una empresa marroquí que, al parecer, se sirve de una supuesta concesión del Reino de Marruecos".

Pero según consta en la denuncia, esas aguas son de jurisdicción española y, en consecuencia, no existe "licencia, concesión, ni autorización administrativa de ninguna autoridad ni administración pública española" teniéndose en cuenta, además, que "el Reino de Marruecos no tiene competencia alguna en las aguas territoriales españolas y, por tanto, la supuesta concesión de la que se sirve la empresa marroquí es nula".

Especial protección

Independientemente de la cuestión relacionada con la jurisdicción de las aguas ocupadas por la piscifactoría, el diputado Otazu argumenta el carácter protegido de las islas, al haber sido declaradas como "Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria" dentro de la región "biogeográfica mediterránea Red Natura 2000". Ello, sin contar con que también es "Zona de Especial Protección para las Aves".

En definitiva, se pone de relieve la "especial importancia medioambiental de dicho archipiélago". En cuanto a la cuestión marítima, Díaz de Otazu hace todo un alegato sobre la obligación de proteger el hábitat marino, obligación recogida en las normas nacionales y europeas.

En ese sentido, hace alusión al "Inventario español de hábitats marinos", los "tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación" y las "praderas de posidonia", que se definen como "la comunidad vegetal más representativa de las islas".

Todo ello para llegar a la conclusión de que cualquier prestación de servicios en las Chafarinas debe estar autorizado previamente por Parques Naturales, que utilizará para su concesión "criterios directamente vinculados a la protección del medio ambiente". De ahí que Díaz de Otazu razone en su denuncia que actualmente la piscifactoria "no solo no tiene autorización sino que ni siquiera podría legalizarse en un futuro conforme al derecho vigente".

Posible delito

En definitiva, el diputado popular entiende que se podría estar cometiendo un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente “habida cuenta del tipo de instalación, que va anclada en el suelo marino de un espacio que cuenta con protección medioambiental y cuyas actividades son claramente perjudiciales para el hábitat de la zona, pues la explotación conlleva vertidos que desestabilizan el ecosistema”.

El presunto delito denunciado por Díaz de Otazu está castigado “con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años”. Si el perjuicio que se pudiera ocasionar perjudica gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, la pena sería de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a tres años.

Por último, el denunciante pide al fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado que proceda a abrir las diligencias correspondientes “que conduzcan al esclarecimiento de los hechos”.