La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres de nacionalidad española: un empresario y tres personas de su confianza, como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los trabajadores en Melilla.
La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando un ciudadano marroquí, en situación administrativa irregular, puso en conocimiento de las autoridades que había sufrido un grave accidente laboral mientras trabajaba ilegalmente para un empresario de la construcción, el cual "coaccionó al denunciante" para que no revelase la verdad acerca de su lesión cuando fuese preguntado durante su asistencia facultativa, desentendiéndose de su situación una vez hubo salido del hospital, según ha informado la Policía en una nota de prensa.
Tras una investigación, los agentes averiguaron que el empresario en cuestión empleaba de forma continua a trabajadores en diferentes obras, por lo que miembros la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), en colaboración con personal de la Inspección de Trabajo de Melilla, consiguen identificar a cuatro víctimas en situación irregular, trabajando bajo la tutela de otro de los detenidos.
Según las declaraciones obtenidas por los investigadores, se desveló que el empresario detenido captaba a los trabajadores mediante un empleado de su confianza, de entre las personas que diariamente se dan cita en la rotonda de las Palmeras a la espera de ser empleados para la realización de trabajos de albañilería y menaje, e incluso internos del CETI, por lo que se procedió a la detención del citado captador.
Como medida de seguridad, el empresario aleccionaba a los trabajadores irregulares, para que diesen datos de filiación falsos, incluso los de su propio hijo, en caso de ser abordados durante su jornada laboral por las Autoridades policiales o de la Inspección de Trabajo, con la finalidad de evitar las consecuencias de tales contrataciones irregulares.
Las condiciones laborales impuestas a la víctimas comprendían horarios de lunes a viernes de más de diez horas, y el sábado de 08:00 h a 14:00 horas, sin mediar contrato de trabajo, adscripción a la Seguridad Social, ni ningún otro derecho reconocido legal y constitucionalmente en España, cobrando por ello la cantidad de 300 euros mensuales.
El pasado septiembre, miembros UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Melilla detuvieron a una persona, “conocido empresario transportista” de la ciudad, por delitos de explotación laboral, lesiones, obstrucción a la justicia y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En mayo se detuvo a cuatro personas por motivos similares, dos son empresarios de hostelería, y los otros dos empleadores para trabajos de albañilería.
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