La Policía Nacional ha desarticulado en Jaén una organización criminal dedicada a introducir de forma irregular a ciudadanos de origen magrebí en España y regularizarlos mediante una simulación de parejas de hecho, y ha detectado más de 300 solicitudes conseguidas en fraude de ley.
La operación se ha saldado con la detención de 48 personas por falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
La investigación, que se ha desarrollado a lo largo de este año, ha revelado que la red llegaba a cobrar por los trámites cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros para poder obtener su residencia legal en territorio español y han llegado a conseguir más de 30 millones de euros.
A principios de febrero de 2025, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén comenzó la investigación dentro de la llamada operación Vínculo tras recibir información sobre varias solicitudes de permiso de residencia (por circunstancias excepcionales), a través de matrimonios de conveniencia.
Según ha informado la Policía en un comunicado, se trataba de tres matrimonios conocidos como 'blancos' (de conveniencia), que se habían registrado como pareja de hecho en Cataluña, relacionados con empadronamientos en domicilios de la localidad de Torredonjimeno (Jaén).
A raíz de dicha información, la unidad de investigación de la Brigada de Extranjería realizó distintas gestiones, y detectó la falsedad en los documentos presentados para la solicitud de dicho permiso de residencia, como los volantes de empadronamiento de diferentes ayuntamientos, certificados de parejas estables de Cataluña o contratos de arrendamiento.
En la investigación se detectaron más de 300 solicitudes de permisos de residencia conseguidos en fraude de ley, presentadas en distintas oficinas de Extranjería de la geografía española, siendo la mayoría de las registradas parejas entre ciudadanos de origen marroquí y ciudadanas españolas, residentes en la ciudad de Málaga.
La regularización de dichos ciudadanos extranjeros se conseguía tras registrarse como pareja de hecho en diferentes notarías de Barcelona, previo empadronamiento en esa localidad, con ciudadanas españolas, a las que no conocían con anterioridad y con las que no mantenían ningún tipo de relación personal.
De este modo, añade la Policía Nacional, obtenían su autorización de residencia de familiar comunitario, la cual habilitaba para la residencia durante cinco años y la posibilidad de trabajar por cuenta propia o ajena.
La organización criminal, establecida entre las ciudades de Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, con tareas repartidas y bien definidas, tenía en su cúspide a personas españolas y marroquíes que planificaban todas las actuaciones anteriormente descritas y se encargaban de captar a los restantes miembros de la organización.
En el siguiente eslabón se encontraban los captadores, que eran los encargados de encontrar mujeres españolas -la mayor parte de la provincia de Málaga- para inscribirse como parejas estables de hecho, realizando también tareas logísticas y de desplazamiento entre las provincias de Málaga y Barcelona.
Por otro lado, también se encontraban los facilitadores que se encargaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para la presentación de las solicitudes de permiso de residencia, y las conocidas como 'mulas', encargadas de transferir el dinero obtenido por la organización.
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Velez-Málaga, junto con el Puesto de la Guardia Civil de Periana (Málaga), han realizado 48 detenciones de implicados en la trama, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Los detenidos son 37 mujeres y 11 hombres, que han sido arrestados en los municipios de Jaén, Málaga, Velez-Málaga, Tenerife y Barcelona, acusados de los presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
En el registro realizado en el domicilio de la principal responsable de la organización, en la localidad de Badalona (Barcelona), se intervinieron 17.000 euros, diversa documentación que está siendo analizada por los agentes, así como varios soportes informáticos, que también están siendo estudiados.
Además, la Brigada de Extranjería y Fronteras ha solicitado a las diferentes Oficinas de Extranjeros de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de diferentes ciudades la extinción de los permisos de residencia que fueron conseguidos en fraude de ley, así como la solicitud a la Agencia Tributaria de la extinción de cualquier tipo de ayuda social obtenida por estas personas mediante los delitos investigados.
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