El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (Icame) recibió ayer las visitas de Alfredo Montoya, magistrado del Tribunal Constitucional, y de Luis María Cazorla, letrado de las Cortes Generales. Ante un salón abarrotado, presentaron en nuestra ciudad el Diccionario Jurídico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. “El derecho es una realidad en la que vivimos, aunque no nos demos cuenta”, señaló a los medios locales el magistrado. Es por este motivo por el que esta obra no sólo es de utilidad para los especialistas y estudiantes de derecho, sino para toda la ciudadanía, según sostuvo.
“Se trata de un diccionario que no tiene precedentes en nuestra academia y que se ha confeccionado con la intervención de unos 150 juristas de prestigio”, manifestó el magistrado del Tribunal Constitucional. Uno de los especialistas que han colaborado en la elaboración de este ejemplar es el decano del Icame, Blas Jesús Imbroda, quien redactó las voces del derecho penal internacional, como confirmó él mismo a los medios. En las páginas de este diccionario se pueden consultar los conceptos jurídicos que se dan en todos los ámbitos del derecho.
Reforma constitucional
El letrado de las Cortes Generales Luis María Cazorla también ofreció una conferencia en la que planteó las posibilidades de acometer una reforma de la Constitución, poniendo de manifiesto que sin la Carta Magna del 78 el país no gozaría de la estabilidad política, social y económica actual.
“Hay mejoras técnicas que podrían ser incorporadas, pero este es un camino que no se puede emprender sin que se dé un consenso sólido entre las dos o tres grandes fuerzas políticas”, subrayó ante los medios, a los que adelantó minutos antes de su intervención las claves de la misma. Según incidió el catedrático, “tal y como va la Comisión de Estudios que está en marcha en el Congreso de los Diputados”, no ve que estemos próximos a ese posible acuerdo entre partidos políticos.
Cazorla señaló que podrían mejorarse aspectos técnicos como el referente al tratamiento de las comunidades autónomas, así como a la definición de sus competencias; en lo relativo al acceso a la Corona, para que predomine la igualdad de género, así como otras cuestiones de carácter concreto. “Todas estas mejoras técnicas necesitarían de un consenso previo. No podemos agregar a la convivencia española más incógnitas aún”, manifestó el jurista.
Derecho a decidir
En lo referente a la cuestión catalana y el llamado derecho a decidir, el letrado de las Cortes Generales fue tajante al señalar que su aprobación supondría “arrumbar” la presente Constitución”. En este punto, explicó que, a su parecer, este planteamiento implicaría un proceso constituyente nuevo y no una modificación de la Carta Magna. “Es algo que yo excluyo de una reforma constitucional y creo que no es lo que prevalece predomina entre las fuerzas políticas”, zanjó.
Antes de que ambos juristas impartieran las ponencias, fueron recibidos a mediodía por el jefe del gobierno de Melilla en su despacho, en el Palacio de la Asamblea. El presidente, entre otros miembros del Ejecutivo local, asistió al encuentro que tuvo lugar por la tarde en el Colegio de Abogados.
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