El día 25 del mes pasado, saltaba la alarma en el centro de salud Zona Norte, en el barrio de Cabrerizas, después de que un paciente agrediera al médico que le pasaba consulta. No era la primera vez que ocurría un episodio tan reprobable como ese en el citado ambulatorio. Anteayer, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) anunció que un juzgado había condenado al agresor a una pena de cuatro meses de prisión y al pago de una multa irrisoria teniendo en cuenta la gravedad de su conducta: sólo 120 euros.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si una condena de cárcel es inferior a los dos años, el sentenciado se libre de quedar entre rejas, siempre y cuando dentro del mismo periodo no vuelva a cometer un delito. Al carecer de antecedentes penales, el condenado por golpear a ese médico de Cabrerizas no tendrá que ingresar en prisión.
De esta forma, le ha salido demasiado barato su atentado contra un profesional sanitario que de forma abnegada lleva a cabo su trabajo teniendo que aguantar a algún que otro energúmeno que se cree con derecho a sacudirle porque lleva mucho tiempo en la sala de espera o porque discrepe con su diagnóstico.
Sería digno de estudio intentar averiguar por qué se producen en España en general y en Melilla en particular tantas agresiones al personal sanitario. El hecho de que la sanidad pública esté masificada no es responsabilidad de los profesionales que trabajan en esa área, que dedican todos sus esfuerzos a dar la mejor atención posible a los enfermos.
Si no se elevan las penas contra quienes atacan a los trabajadores sanitarios, los riesgos de nuevas agresiones seguirán presentes.
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