Tras el punto y final de la ‘Primera Guerra Mundial’ (28-VII-1914/11-XI-1918), España hubo de padecer las presiones francesas para llevar a término los compromisos internacionales de encaminar la paz y prosperidad a su zona del Protectorado, que habían sido conseguidos con la rúbrica de varios acuerdos. En este entorno, el Alto Comisario de España en Marruecos, el General Dámaso Berenguer Fusté (1873-1953), en 1919 puso en acción un trazado de ocupación político-militar.
En esos años y en paralelo, las empresas mineras operaban de acuerdo con los cabecillas rifeños y a la sombra de los representantes de la franja española. El desbarajuste del sistema empresarial, más la ausencia de prejuicios de los apoderados, o la ambición por obtener beneficios repentinos, sumado a la predisposición de la especulación y la competencia entre las compañías mineras, trajeron aparejado inconvenientes significativos para las operaciones militares y la acción política.
Más adelante, con la puesta en escena del plan de ocupación, los contingentes pertenecientes a la Comandancia General de Melilla consumaron la pacificación de diversas poblaciones de la cabila de Beni Tuzin, contando con el apoyo de un colaborador incondicional. Me refiero al Chej Mohamed Buljerif, jefe de renombre en la región, acometiéndose el apaciguamiento de la dificultosa cabila de Beni Ulixek. Posteriormente, se ocasionó el asesinato del Chej que, obviamente, desencadenó una enorme conmoción y, a su vez, fluctuación en los lugares recientemente sometidos de Beni Tuzin, y que estuvo directamente interrelacionado con las cuestiones mineras del Rif.
En coyunturas tan quebradizas, el 27/X/1920, Manuel Fernández Silvestre (1871-1921), en calidad de Comandante General de Ceuta, remitió un telegrama al General Berenguer, haciéndole saber que interesaba atacar antes que se desplegase la sacudida rebelde espoleada por el caudillo rifeño, porque literalmente: “las gentes, ante los pregones en los zocos y promesas exageradas de sueldos relacionados con los trabajos en las explotaciones mineras, empiezan a hacerse eco de estas proclamas que pudieran entorpecer nuestro avance”.
El advenimiento causó serios infortunios en el encaje de penetración y en vista de los inconvenientes que la acción empresarial estaba originando, finalmente, el 31/X/1920, Berenguer le notificaba a Silvestre el menester de paralizar el aprovechamiento de las minas a vanguardia de la línea alcanzada por las fuerzas militares.
Pero, con anterioridad a lo resumido inicialmente, en el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX, España exhibió un desenvolvimiento industrial sin precedentes. Así, el progresivo contrapeso que adquiría las exportaciones mineras, unido a la progresión de la banca privada y el mejoramiento en el acoplamiento de ferrocarriles, imprimieron el devenir de esta etapa.
“Armas y dinero, descompusieron el estatus-quo y transformaron la zona del Protectorado, de por sí insurrecta, en una maraña de líderes vigorosamente blindados, lo que ayudó a problematizar la acción mediadora cuando definitivamente España optó por formalizar los acuerdos internacionales”
La política proteccionista de la industria y los beneplácitos de los capitales extranjeros, forjaron el caldo de cultivo perfecto para el monopolio empresarial que, apenas favorecía al desarrollo económico nacional, pero que producía suculentos réditos a definidísimas minorías que tenían una aspiración descomedida por apoderarse de ganancias substanciosas. Estos componentes diferenciadores, implicaron objeciones económicas y sociales, que redundaron sobre la acción de España en África. A pesar de todo, en las primicias del siglo XX, el curso empresarial podría considerarse fuertemente extenuado y alicaído de cara al empresario extranjero. El protagonismo foráneo es autorizado por la clase política y estimulado por la pretensión de enriquecimiento de las esferas empresariales.
A decir verdad, la disposición de los sectores estratégicos aglutinaba esta tendencia. Primero, la banca, constituida por las grandes entidades bancarias que se atinaban en la cima del poder, en su amplia mayoría apuntalados por el capital francés; y, segundo, la minería, entre los años 1860 y 1900, con más del 80% de capital británico reprodujeron su coste. Ambos medios enlazados al capital extranjero, asentaron lazos de dependencia que con el tiempo no harían sino robustecerse.
Ya, en las postrimerías del siglo XIX, los inversores españoles empobrecieron el caudal minero e invirtieron en la zona española del Protectorado, ante el resquicio de lograr importantes rendimientos.
Y es que, en España la evidencia aparatosa no era ni mucho menos la industrialización, sino el rezago con respecto al Viejo Continente, porque el prototipo empresarial español hondamente dependiente de los nexos políticos y de los capitales extranjeros, hizo que la industria sufriera y aguantara el parasitismo, la inconsistencia e inanición. Peculiaridades del patrón con el que se emprendió la tarea empresarial en la zona del Protectorado.
De este modo, finiquitado el siglo XIX y entrado en el XX, es cuando puede decirse que se ajustan los trazos estructurales del capitalismo. La única parcela que saborearon los frutos industriales recayó en los empresarios metalúrgicos, especialmente los siderúrgicos. Ni que decir tiene, que la relación entre la clase política y propiamente los negocios mineros en la zona del Protectorado resultaron en muchos momentos incuestionables.
Fijémonos en el caso del político, empresario y terrateniente, Álvaro Figueroa y Torres (1863-1950), más conocido por su título nobiliario de conde Romanones, Presidente del Gobierno y Ministro de Estado, esta última encomienda con obligaciones directas sobre la zona del Protectorado y con indudables responsabilidades en el ‘Desastre de Annual’ (22-VII-1921/9-VIII-1921), puede ser el más ilustrativo.
No obstante, este no iba a ser un episodio aislado, pues otros muchos puestos públicos emplearon parte de su capital en el fructuoso negocio que conjeturaban las explotaciones mineras. Es a partir de 1907, cuando afloraron estas actividades en Marruecos y los empresarios comenzaron el acometimiento determinante a las explotaciones mineras rifeñas.
A la par, algunos gerentes contribuyeron en política, bien sin más, o a través de sus impuestos para arrimar el hombro a los cargos políticos y lucrarse con provechos arancelarios para la mejora de sus servicios.
Póngase como ejemplo, la familia de Horacio Echevarrieta Maruri (1870-1963), empresario, industrial y político que compuso uno de los clanes más potentes e influyentes de la élite empresarial vizcaína desde mediados del siglo XIX. Los Echevarrieta permanecieron ligados al soporte de redes que instauró el molde capitalista en la Ría del Nervión.
Si bien, un evento insólito y no demasiado investigado residió en Horacio Echevarrieta, que en sus años de activismo político ejerció el federalismo de corte puramente republicano, declarando y efectuando un radicalismo social en sus engarces profesionales. Para lo cual, extrajo varias concesiones y privilegios al objeto de ampliar sin control distintas transacciones en la zona de operaciones del Protectorado, alimentando los contactos con el líder supremo magrebí, Abd el-Krim (1882-1963), cuyo nombre completo era Muhammad Ibn ‘Abd el-Karim El-Jattabi, en los intervalos más comprometidos de la participación española en Marruecos.
A resultas de todo ello, los grandes capitales nacionales se congregaron desorganizadamente de manera individual y acelerada, porque la operación minera se había puesto en movimiento para interponerse de forma práctica en Marruecos.
Entre los años 1907 y 1920, los inversores españoles, tanto empresas como particulares, fueron primordialmente madrileños con ocho compañías; por tres bilbaínas y dos catalanas. Sus establecimientos se establecieron esencialmente en la ciudad de Tetuán con nueve sociedades, y en las plazas de Ceuta y Melilla con dos y cuatro, respectivamente.
El volumen más elevado de inversión se materializó en explotaciones mineras y ferrocarriles que totalizaban el 72% del capital invertido; en menor disposición, las eléctricas y el gas, que integraron el 20% del capital. El tanto por ciento sobrante concernió a obras de colonización con el 5%, y las afines con la agricultura y la pesquería, que tan solo entrevieron el 2%.
Por otro lado, las gestiones empresariales procedieron negativamente sobre la valoración pública, que continuamente coligaron el ejercicio político y militar con la salvaguardia de los intereses personales de la camarilla financiera y de las grandes potencias circundantes. Argumentación que la prensa revolucionaria aprovechó para llamar la atención de la opinión pública contra la intervención.
Curiosamente, en el Rif se comentaba que se encontraban los mayores recursos minerales para su consiguiente explotación. Luego, cabría preguntarse: ¿cuáles eran los recursos que desmontaban infinidad de mitos interesados?, o ¿para que empleaban los dirigentes rifeños los beneficios de estos negocios?, e incluso, ¿qué derivaciones trajeron aparejada la inversión minera?, o ¿cómo repercutió en la definición y amplificación de dicho escenario? Lo que queda claro, que en un abrir y cerrar de ojos, con la recalada de capital y de las empresas mineras en Marruecos, los líderes locales no escondieron sus ansias de fortuna y acaparamiento.
Véase como en la demarcación de Melilla, Jilali ben Dris al-Youssefi al-Zerhouni, comúnmente conocido como El Rogui o Bou Hmara (1860-1909), sobre 1909, y, a posteriori, Abd el-Krim, a partir de 1919, tuvieron tratos con empresas mineras españolas y extranjeras. Digamos, que en la superficie del Protectorado había una cifra de recursos minerales por rendir.
“Este contexto se sobredimensionó en muchos instantes, tanto al hacer alusión al tipo de recursos como a la calidad de éstos, produciéndose alrededor de los patrimonios mineralógicos del Rif una auténtica fábula”
Sin embargo, este contexto se sobredimensionó en muchos instantes, tanto al hacer alusión al tipo de recursos como a la calidad de éstos, produciéndose alrededor de los patrimonios mineralógicos del Rif una auténtica fábula. Llegándose a hablar de minas de oro y plata en Beni Urriaguel, cabila belicosa de Abd el-Krim.
La lógica de no conocer con precisión los recursos minerales existentes, era que la comarca jamás había sido transitada por anónimos. La utopía inducida por los propios nativos, influyó en la riqueza mineral del Rif Central, máximamente a las cabilas de Beni Urriaguel, Beni Ammart y Bocoya, y las contiguas del Lucus, como Beni Ulixek, Beni Tuzin y Tensaman.
La ficción encandiló a los empresarios que ansiosos de procurarse resueltos y apetitosos dividendos invirtieron en el Rif, sin verificación efectiva de los recursos mineralógicos.
Tal es así, que algunos guías indígenas, conocedores del temperamento hispano, vieron en este engranaje presuntuoso la probabilidad de prosperar e innovar en sus artimañas del poder en la sociedad rifeña, sustentando las figuraciones de los inversores y sirviéndose del entorno, aunque, en la práctica, eran perfectamente duchos de la realidad que les rodeaba.
De hecho, cuando las tropas españoles tocaron suelo africano tras el ‘Desembarco de Alhucemas’ (8/IX/1925) y la pacificación del Rif Central, esta confirmación quedó al descubierto y los yacimientos aludidos de Beni Urriaguel se corroboraron totalmente supuestos.
Sin duda, los requerimientos de las explotaciones mineras sobre las cabilas de la línea Oriental, entre las que maniobró Abd el-Krim, proporcionan una visión de la magnitud en cuanto al ardor minero, que a tantos había encandilado y a muchos más defraudó con rotundidad.
En lo que compete a los recursos reales, las fuentes bibliográficas concuerdan en subrayar la cantidad y calidad del hierro, de enorme pureza y con una ley media del 63,7% de las minas de Uixán.
La observación más meticulosa sobre la autenticidad de las minas del Rif corresponde por mandato del Ministro de Fomento, Rafael Gasset Chinchilla (1866-1927), tras la terminación de la ‘Campaña de 1909’, con el propósito de entablar de manera conjugada la actuación militar y empresarial.
Este encargo provino de la reunión realizada el 1/I/1910, a la que acudieron el mencionado Ministro de Fomento, el General Agustín de Luque y Coca (1850-1935) como Ministro de la Guerra y, por último, el Coronel Joaquín Ortiz de Zárate y López de Tejada (1893-1936).
La delegación compareció en Melilla el 6 de enero conducida por Gasset, que al mismo tiempo era asistido por una lustrosa representación técnica, exponiendo a su regreso parte del informe y que a continuación cito literalmente: “…soberbias mineralizaciones de hierro magnético de singular riqueza. Diversos análisis… demuestran un tenor metálico medio superior al 60%. Los crestones que coronan las cumbres denotan una potencia extraordinaria… ambas faldas del Uixán se aprecian a la vista muchos millones de toneladas de mineral…”.
Conjuntamente, en las memorias de la comisión se apuntaba la efectividad de yacimientos de hierro de menor calidad en el monte Gurugú, a unos ocho kilómetros de Melilla, y se ofrecían ciertas expectativas a los yacimientos de hierro del Cabo de Tres Forcas, en la costa Norte y la sierra de Kebdana, al Sureste de la misma ciudad.
En cambio, referencias anotadas antes del año 1927, cuando por entonces se había apaciguado el territorio, señalan la presencia de otros yacimientos en la zona del Protectorado, como los de Afrau, en Beni Said y otros que podrían facilitar excelentes rendimientos en el término Occidental, como en Gomara y las minas de Beni Zeyel. Si bien, en 1932, estos terrenos todavía no habían sido completamente examinados por los expertos.
En su conjunto, en esas fechas no se hace constar ninguna llamada a los yacimientos existentes en el Rif, como Beni Urriaguel y sus inmediaciones, Beni Tuzin, Beni Ulixek y Tensamán, área dominada por el máximo exponente del nacionalismo rifeño en las jornadas previas a que se desatase el ‘Desastre de Annual’, y en la que las reseñas de los apartados preliminares justifican que se procedieron a multitud de inversiones en concesiones mineras.
Teniendo en cuenta que el Rif era suelo vedado a cualquier tentativa foránea, en abril de 1904, con la irrupción descomedida de las acciones mineras, los lugareños de Melilla notaron un giro sustancial de actitud de los habitualmente agresivos en acometividad y furia. En aquellos trechos, El Rogui se ubicó en Zeluán, en el hinterland de Melilla. Su aparición entrevió un salto radical y con la afluencia de los negocios mineros, este espacio se abrió a los complots.
Uno de los indicios se libró con el pronunciamiento de una gran cantidad de occidentales por los campos exteriores de la plaza de Melilla, algo que, hasta ese instante era impensable en un territorio en el que sobresalía la anarquía. Gradualmente, hebreos e hispanos se trasladaban a Zeluán para convenir los afanes de las minas.
La opulencia minera sería la que hilvanaría un itinerario a los oportunistas, con la llegada de capital que permutaría en la forma de vida de las huestes rifeñas. Los artificios y confabulaciones destaparon la voracidad que a partir de 1907 se sintió con más ímpetu.
Esta variable perjudicó significativamente en la articulación natural del complejo sistema político tribal rifeño, dando paso a la viabilidad de que otros individuos acomodados y pudientes accedieran al poder, teniendo renombre de forma artificial en los consejos de ‘hombres fuertes’, la ‘Yemáa’, como asamblea comunitaria mediante una institución de carácter deliberante en la que predominaba un inequívoco comportamiento democrático. Respetándose la mayoría de los votos de los delegados de las tribus que tomaban parte en las discusiones y decisiones finales.
De ahí, que sus determinaciones pronto tuvieran carácter ejecutivo.
El aluvión de capitales les concedió la ganancia de armas y la formación de harkas. Ello llevaría a que algunos ‘jefecillos’ pudieran transformarse en genuinos ‘señores locales’, con cabida para inspeccionar las pormenorizaciones mineras en áreas definidas de la comarca, recaudando tributos a las compañías que trabajaban para implantar sus negocios.
Uno de los procedimientos de liquidación más dilatados por los agentes y compañías mineras a los ‘señores locales’, era con remisiones de armamento. Este método hizo que las ocupaciones mineras, en muchas ocasiones resultasen verdaderas encubiertas del tráfico de armas.
En consideración al párrafo anterior, en 1904, El Roghi que había permitido la arrendación a una compañía francesa de los terrenos imprescindibles para constituir una factoría, cuya meta principal radicó en suministrar armamento al corolario de cabilas satélites.
O el caso de Muley Ahmed ibn Muhammah ibn Abdallah al-Raisuli, más conocido como El Raisuni (1871-1925), quién reclamó a los Mannesman armas y municiones para la horda de turbantes; o Abd el-Krim, que en 1921 aseguró a los Beni Urriaguel que obtendrían armamento por cuenta de una compañía minera.
Todo este entramado reportó a los españoles a recrearse en una concepción particular de las fuerzas tribales, simplificando la materia, intuición que, no sin conocimiento previo, revoloteaba en torno al frenesí de los naturales y a su pasión por el dinero. Creencia que en menos de los esperado se expandió a la Península.
Algunos de los que cohabitaron con ellos durante años hicieron manifiesto el pensamiento de que “todo lo puede en el Rif el dinero, por encima de Alá y de la ley del Profeta, el rifeño adora a un Dios y se rinde a un sentimiento: el dinero y la codicia”. Toda vez, que desde la clarividencia rifeña se tenía otro razonamiento: por antonomasia, el dinero se convirtió en el medio, su objetivo era el poder y este se exteriorizaba en la propiedad de un caballo y un arma.
Así, valga la redundancia, por el dinero podía alcanzarse la ‘baraka’, algo así como ganar el estatus de ‘hombre fuerte’ y, con ello, coger poder, influencia y el respeto de las cabilas o células político-administrativa básicas.
La divulgación del símbolo de que ‘en el Rif el dinero lo puede todo’, rigió en los instintos de quienes trazaron la política de acción en Marruecos y supeditó a los que hubieron de cumplirla desde las primeras auras del descubrimiento de las empresas mineras.
En otras palabras: los políticos premeditaron que con una mínima inversión como liquidación de los pensionados que, repartidos por la totalidad del territorio como abanderados del denominado ‘partido españolista’, se desplegaban como vanguardia de la propia labor política y militar y como espías, hasta conquistar la sumisión total de los territorios.
En consecuencia, armas y dinero, descompusieron el estatus-quo y transformaron la zona del Protectorado, de por sí insurrecta, en una maraña de líderes vigorosamente blindados, lo que ayudó a problematizar la acción mediadora cuando definitivamente España optó por formalizar los acuerdos internacionales.
El desbordamiento de las compañías mineras en el Rif Oriental revolucionó abruptamente el panorama, invadiéndolo de ferrocarriles, carreteras y asentamientos urbanos como Segangan, Uixan, Tauima, Nador, San Juan de las Minas, Afra o Setolázar, todos ellos, cruciales en la ensambladura territorial del Protectorado.
También, los pasos primitivos de los mulos proseguían cicatrizando los puntos cardinales en su versión más ancestral, pero los nuevos tiempos que ahora se enmarcaban ahuyentaron lo recóndito, desdibujando de paso el relato enraizado de las cabilas. Hasta el punto, que las sociedades mineras derrocaron el sistema social y político de los rifeños.
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