Cuentas y preguntas sobre la reforma del Estatuto de Autonomía

El Gobierno de Melilla lleva tiempo pidiendo la encomienda de la sanidad. Entiende el Ejecutivo de Imbroda que desde la ciudad autónoma se gestionaría mejor todo lo concerniente a este asunto que desde Madrid, donde una localidad de poco más de 80.000 habitantes y, además, situada en otro continente puede ser casi imperceptible en ocasiones. Otro tanto piensa la Ciudad Autónoma sobre la educación o el urbanismo.

En conjunto, cree Imbroda que lo más sencillo para avanzar es realizar una reforma del Estatuto de Autonomía que le diera nuevas competencias a la Ciudad Autónoma y que debería ser aprobada por dos tercios de la Asamblea, esto es, 17 diputados. Como el PP tiene 14, necesitaría el apoyo de algún otro grupo o más de uno, en función de cuál fuera dicho apoyo.

Pero, además, aunque aquí saliera adelante, en todo caso, la propuesta de reforma requeriría de la aprobación de las Cortes Generales mediante una Ley Orgánica, para lo que es preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, que está en 176 representantes y donde el PP sólo dispone de 137. Ni siquiera le valdría el voto favorable de Vox, pues, con los 33 del partido liderado por Santiago Abascal, se quedarían en 170, por lo que haría falta algún apoyo más, que sólo podría venir de los partidos en el Gobierno (PSOE y Sumar) o de los partidos nacionalistas o independentistas. Total, que, al menos tal y como está configurado actualmente el hemiciclo, no parece una cuestión fácil de sacar adelante aunque en sí misma la reclamación se antoje justa.

Pero, más allá de si es posible sacar adelante esta reforma en las circunstancias actuales, enseguida surgen las preguntas. ¿Hasta dónde llegaría esa reforma? ¿Se podrían verdaderamente asumir todas las nuevas competencias sin una reforma, a su vez, del sistema de financiación autonómica para que la Ciudad tuviera suficiente dinero para gestionar todo lo que conlleva? ¿O se podría llevar a cabo con los fondos actuales de que dispone el Gobierno de Melilla con el reparto autonómico más los impuestos que recauda?

El envite es, en realidad, un órdago en toda regla por parte del Ejecutivo autonómico, que se siente –como muchos de los ciudadanos- abandonado por el Gobierno de Pedro Sánchez. No hay más que recordar asuntos como la aduana comercial, los transportes –especialmente, el nuevo contrato marítimo- o la bonificación a la Seguridad Social. Sin embargo, es verdad que hay que intentar rescatar de alguna manera a Melilla y esta es la mejor forma que se le ocurre a la Ciudad Autónoma.

Habrá que ver dónde y cómo termina todo esto, porque de la suerte que corra dependerá también la suerte para Melilla en los próximos años.