Cuatro detenidos por explotar a inmigrantes en situación irregular

La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, junto a la Inspección de Trabajo en el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, de noviembre de 2013, han llevado a cabo tres actuaciones en dos tiendas de ultramarinos y un obrador de pastelería de la ciudad, donde se había detectado el empleo de mano de obra irregular.

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo por la UCRIF, en el ámbito de la lucha contra la explotación laboral, se procedió a la detención de cuatro personas, supuestas autoras del delito contra los derechos de los trabajadores, por la explotación laboral de varias víctimas de nacionalidad marroquí en situación administrativa irregular en España.

En dos de los casos referidos (uno de los supermercados y el obrador de pastelería), los empleados eran personas de nacionalidad marroquí que trabajaban en los propios negocios durante jornadas de más de diez horas, sin apenas descanso y percibiendo por ello cantidades que oscilaban entre los 300 y los 400 euros mensuales, sin estar acogidos a los derechos garantizados por la Constitución y el resto de legislación laboral.

En lo referente al caso restante, las víctimas trabajaban en una obra aledaña a un pequeño supermercado, de la cual el propietario de dicho negocio era el responsable. Para ello, se hizo con los servicios de un contratista que empleaba a un súbdito de nacionalidad marroquí en situación irregular, y lo obligaba a realizar trabajos de albañilería y desescombro en el local durante seis días a la semana en jornadas interminables, sin haber medida de seguridad alguna e igualmente cobrando unos 200 euros mensuales, sin tener ninguno de los derechos atribuidos a los trabajadores en nuestro país.

Los cuatro detenidos son todos de nacionalidad española y residentes en Melilla, instruyéndose un atestado por cada establecimiento inspeccionado, siendo remitidos a las Autoridades Judiciales competentes.