“Cuando un juez se pone la toga deja en la percha sus opiniones”

Una justicia independiente garantiza el orden democrático. Sin embargo, políticos incómodos con un poder que no puede controlar a pesar de haber ganado las elecciones, están realizando una campaña de desprestigio del poder judicial, presentándolo como si no fuese un poder democrático y se revuelven contra él mediante la descalificación. La ciudadanía está comprando este discurso, sin darse cuenta de que los jueces son los garantes de que las leyes se cumplen por todos, la gente común y los que ganan las elecciones, lo que evita los abusos de poder. En un momento político con turbulencias, El Faro entrevista al juez decano de Melilla Fernando Portillo, quien define a un juez como un profesional de la imparcialidad.

-Uno de los grandes males conocidos es la ausencia de jueces. España es uno de los países con más pleitos por habitante y hay una sobrecarga para los jueces. En Melilla hay 13 jueces, usted como juez decano de Melilla, ¿percibe que los jueces tienen estrés por el exceso de horas de trabajo?

-Así es. Los jueces cada vez trabajamos más y en peores condiciones. En el año 2023, los asuntos ingresados en los tribunales españoles fueron un 4,8 % más que en el 2022, de media. Y en Melilla el juzgado de lo social y los juzgados mixtos han subido por encima de esa media. En Melilla hace falta un juzgado mixto más. Pero no es solo que cada vez haya más pleitos y sean los mismos jueces, siempre insuficientes según los estándares europeos, quienes deban sacarlos adelante. Es que los pleitos son cada vez más complejos (aumentan las exigencias de motivación, la necesidad de aplicar el derecho europeo, etc.) y surgen nuevas realidades familiares, laborales, incluso penales que debemos atender con los instrumentos legales de siempre.

- Y si a esto se le suma la falta de medios...

-Pues eso lleva a que, por ejemplo, en Melilla, ya no exista formación para los funcionarios en las nuevas aplicaciones (por un tema puramente presupuestario), el resultado es devastador. Todo esto se traduce, sin duda, en más estrés para todos los operadores jurídicos, funcionarios, LAJ, fiscales y jueces, estos últimos con la presión añadida de ser quienes debemos soportar la responsabilidad de la decisión última, lo que no es poco. Y un juez estresado, igual que un médico o un camionero en esa situación, presta un peor servicio. El perjudicado, al final, siempre es el ciudadano.

-Cada vez hay más jubilaciones voluntarias de jueces. ¿Por qué?

-Por eso que digo: cada vez se trabaja más y peor, y claro, hay muchos compañeros que, cumplido el mínimo legal, prefieren pasar a la jubilación, aunque suponga perder mucho dinero, antes que seguir dejándose la salud en los juzgados. Esta profesión, en las condiciones en las que la ejercemos, es una trituradora de vocaciones.

-¿Podría explicar qué es la «cuestión perjudicial», esta herramienta legal?

-Bueno, es una herramienta legal de los jueces. Los jueces, como todos, estamos sometidos a la Ley. Pero no solo a la ley española, también a la europea. Y si un juez, al ir a resolver un caso concreto, cree que la ley nacional que debe aplicar se contradice con una ley europea que también debe tener en cuenta, puede preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo se resuelve el conflicto. Esa es la cuestión prejudicial, ahora tan de moda por el tema de la amnistía. Planteada la cuestión prejudicial, el juez debe automáticamente suspender el proceso en el que le ha surgido la duda, a la espera de respuesta.

-La separación de poderes es fundamental en democracia.

-Digamos que es la garantía de que vivimos en democracia. Como dijo James Madison, la acumulación de todos los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) en unas mismas manos, sean las de una sola persona o las de muchas, sea por herencia, autoproclamación o elección, constituye la definición misma de tiranía. Hoy día, por desgracia, está ganando peso entre nuestra clase política, pero también, y esto es lo preocupante, entre la ciudadanía, la idea de que la democracia solo es votar cada cuatro años, de que el que gana las elecciones, por el hecho de haberlas ganado, tiene derecho a copar todos los poderes y a controlar todas las instituciones, también aquellas que se crearon precisamente para control del poder. Peligrosa deriva.

-Usted ha afirmado que un juez no mira raza, ni ideología ni partido político. ¿Qué mira un juez?

-El caso que tiene delante, con ojos de jurista. Lo he dicho muchas veces, cuando un juez se pone la toga deja en la percha su sistema de creencias, opiniones e ideología. Somos profesionales de la imparcialidad. Esto es fácil de hacer, no requiere ningún esfuerzo porque nuestra profesión es eminentemente técnica. Nos acercamos al asunto desde una perspectiva jurídica y resolvemos lo que se nos presenta, también con forma jurídica, aplicando nuestros conocimientos adquiridos tras muchos años de estudio y práctica. Lo que ocurre es que, por culpa de la politización del Consejo General del Poder Judicial, de algunos políticos irresponsables y del trazo grueso que se dibuja desde los medios de comunicación, la idea que tienen muchas personas es que los jueces decidimos según simpatías personales o ideológicas, algo que es más fácil de entender para el ciudadano de a pie que eso del derecho, las garantías o los principios jurídicos.

-Quien insulta a un juez, no entiende el trabajo que este desempeña. El acoso a los jueces.

-A ver, yo entiendo que el ciudadano disgustado con una decisión judicial se acuerde de la madre del juez. Y acepto que las resoluciones judiciales sean criticadas por la sociedad, en tanto destinatarias de éstas: ese es el juego democrático. Lo que no acepto es la descalificación al juez, el insulto, el ataque personal. Uno puede estar en desacuerdo con una sentencia e, incluso, tener razón, pero lo correcto es criticarla tras leerla y dando argumentos, no por el camino fácil y barato de atacar al juez. Cuando ello, además, viene de responsables públicos, peor aún. Porque ellos deberían dar ejemplo. Y, sin embargo, desde hace un tiempo, estamos viviendo una campaña de desprestigio del poder judicial por parte de algunos políticos, presentándolo como si no fuese un poder democrático. Incómodos con un poder que no puede controlar a pesar de haber ganado las elecciones, se revuelven contra él mediante la descalificación. Lo peor es que parte de la ciudadanía está comprando este discurso, sin darse cuenta de que los jueces estamos aquí precisamente para garantizar que las leyes se cumplen por todos, no solo por la gente común, sino también por los que ganan las elecciones, lo que evita los abusos de poder. Una justicia independiente garantiza el orden democrático.

-El juez debe ser poseedor de valores como la independencia, excelencia e imparcialidad.

-Por supuesto. Pero más que valores, son exigencias. Y lo más importante, no se confía en que los jueces sean personas doctas, rectas y profesionales, sino que se crea un sistema de garantías legales para asegurar que sea así, para asegurar, por ejemplo, que llegan a juez solo los que han demostrado grandes conocimientos del derecho. Y, una vez ejercen, se arbitran medidas legales para garantizar que son independientes y no pueden ser inquietados en el ejercicio de su labor. Y luego se fijan medidas legales para asegurar que se comportan con imparcialidad. Las hay. El sistema, como toda obra humana, no arroja un porcentaje de éxito del cien por cien y siempre se puede mejorar. Pero es a lo que tiende y, de hecho, se consigue en la inmensa mayoría de los casos.

-Un juez es la persona con autoridad y potestad para juzgar o sentenciar. No es un cargo político. Mucha gente no tiene formación en este campo y, por ello, habla sin saber lo que dice.

-Bueno, es normal, el que no sabe es como el que no entiende. Lo malo no son los ciudadanos, que no pueden saber de todo. Lo malo, como he dicho, son esos políticos que, sabiendo y teniendo una responsabilidad, se lanzan a atacar a los jueces con afán deslegitimador, para hacer daño.

Los ciudadanos deben poder confiar en sus jueces para que el sistema democrático funcione. Y yo les pido que confíen, somos profesionales y estamos capacitados para hacer nuestro trabajo. De hecho, lo que pido es que no se fíen de lo que dos o tres gritan a los medios de comunicación cuando no les gusta una decisión judicial, sin habérsela leído siquiera y por el camino fácil del insulto. Los jueces dictamos al año decenas de miles de resoluciones judiciales y casi nunca son noticia. Solo lo son medio centenar al año, como mucho, y las valoraciones que nuestros políticos hagan de ellas suelen ser partidistas e interesadas.

-¿Por qué muchas decisiones judiciales son tan difíciles de entender para el público?

-Por varias razones. La primera de ellas es que el público no sabe derecho y en un pleito, como he dicho, se ventilan asuntos legales. Uno va al abogado, le dice lo que le pasa y lo que quiere y el abogado transforma esa pretensión en algo jurídico, se la lleva al juez y este le devuelve una solución jurídica. Como decía, nuestro trabajo es técnico. Y como toda técnica (medicina, electrónica, etc.), requiere de conocimientos especializados que no todo el mundo tiene y cuyos resultados no siempre comprende. Por ejemplo, la mayoría de nosotros seguimos sin entender cómo un avión que pesa miles de kilos puede volar, pero reconocemos que hay una razón técnica que lo hace posible. En nuestro trabajo pasa lo mismo. Aunque, a diferencia del avión, contra el que nadie despotrica, a los jueces sí nos echan en cara muchas veces nuestras decisiones. Eso es, como decía, porque gran parte de la sociedad no sabe cómo trabajamos, desconocen que nuestra labor, perdón por insistir tanto, es eminentemente técnica.

-Un ejemplo muy gráfico y esclarecedor... el del avión, también hay mucha confusión por una información a veces sesgada o superficial...

-Efectivamente, por eso otra razón es que muchas personas, a pesar de que no saben realmente qué es lo que ha pasado, porque no estaban ahí, ni conocen el expediente judicial ni, sobre todo, han estado en el juicio, que es donde se practican las pruebas (testigos, peritos, videos, etc.), tienen una imagen mental de lo que ha ocurrido, ellos ya han “juzgado” internamente el asunto por lo que dicen los medios. Y lo que dicen los medios muchas veces es información sesgada, la versión de una de las partes. Titulares del tipo “el juez absuelve al agresor” no ayudan en absoluto, pues parten de que el acusado es el agresor y claro, muy mal el juez que no le condena. Muchos no se dan cuenta de que, si el juez absolvió, es porque en el juicio no se demostró que el acusado fuese un agresor, precisamente.

¿Por qué parece, muchas veces, que la Justicia defiende más al infractor que a la víctima? ¿No nos hemos pasado con la defensa de los derechos del encausado?

-Bueno, puede parecer porque tenemos un sistema garantista que prefiere ver en la calle a cien culpables que meter a un solo inocente en prisión. Es la presunción de inocencia, un derecho humano esencial para entender las civilizaciones modernas y del que no podemos prescindir sin retroceder siglos, hacia la barbarie. Siempre digo lo mismo: la presunción de inocencia no protege a los culpables, nos protege a todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es compatible con atender y acompañar a las víctimas, claro, y en ese sentido tenemos una de las legislaciones más avanzadas de nuestro entorno europeo. Si ya se invirtiese en la misma medida, seríamos el acabose.

Judge the Zipper, juez tuitero, voz respetada y seguida. ¿Por qué se lanzó a esa aventura? ¿Qué intereses perseguía cuando comenzó y si cree que los ha logrado?

-Bueno, quería acercar mi mundo, el de un juez, a la ciudadanía, mitigar el desconocimiento que se tiene sobre nuestra labor. Luego me vi tratando de explicar figuras jurídicas más o menos controvertidas según iban siendo noticia (prisión provisional, expulsión de extranjeros, denuncias falsas…), o explicando sentencias más o menos polémicas, todo ello empleando un lenguaje llano y sencillo, al alcance de todos, o eso quiero creer. Ahora mismo mi cuenta en X (antiguo Twitter) ya alcanza los cien mil seguidores, así que supongo que algo de eso he conseguido. Colofón a esta actividad ha sido la publicación de mi libro «Destripando el Derecho», en el que explico eso del derecho y los jueces para quienes no saben de derecho ni de jueces. Aprovecho para hacer promoción del mismo, ya que sus beneficios los dono para la investigación de la ELA, así que, cuanto más se venda, mejor.

-Presidente de la Comisión Gestora de «Foro Judicial Independiente», una de las cinco asociaciones de jueces a nivel nacional existente. Se crea al amparo del art.127 de la Constitución española que prohíbe taxativamente a jueces y magistrados pertenecer a sindicatos o partidos políticos. Objetivo: no querer ser manipulados por los otros dos poderes.

-En verdad son cuatro asociaciones judiciales, porque la quinta solo existe sobre el papel. Pero sí, es un orgullo estar al frente de una asociación de jueces que lleva en sus estatutos la lucha por el juez desligado de vinculaciones políticas y que pelea por mejorar nuestras condiciones profesionales y defender la independencia judicial. Estos objetivos me ocupan, a mí y al resto de compañeros que estamos al frente de la misma, tiempo y energía. Pero lo hacemos convencidos de ser útiles a la carrera judicial y a la sociedad.

-Muchos dicen que la independencia de la Justicia proviene de la autonomía y profesionalidad de los magistrados.

-Por supuesto, a pesar de la colonización política del Consejo General del Poder Judicial, la independencia judicial se mide en el ejercicio individual que cada uno hacemos de nuestra jurisdicción. Los jueces españoles somos independientes y, como apuntaba antes, existen prevenciones legales que garantizan que nadie pueda inquietarnos en nuestro trabajo. Pero la independencia también es un valor que se debe predicar del poder judicial, en su conjunto, y la apariencia aquí es que no hay independencia por eso que digo, porque el Consejo General del Poder Judicial es elegido íntegramente por los partidos políticos. Además, dicha politización contamina todo lo que este órgano hace, en particular los nombramientos discrecionales de, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo, haciendo posible que sus sentencias pueden ser interesadamente leídas como «políticas», aunque jurídicamente sean intachables. Las sospechas de falta de independencia se ciernen sobre nuestro Alto Tribunal y eso es dañino para la salud democrática del país.

-¿Hay un ataque a la justicia en Europa? ¿La UE protege o es una amenaza a la justicia nacional?

-En absoluto. Desde que España ingresó en la UE, los jueces nos convertimos en jueces europeos, obligados, por tanto, a velar por que todas las leyes se cumplan, no solo las que emanan de las Cortes Generales, sino también las del Parlamento Europeo. Es cierto que, en caso de conflicto, prevalece el derecho europeo sobre el nacional, porque es así como funciona la UE, pero eso no deja de ser cumplir con la Ley. Y gracias a que estamos en Europa, los jueces españoles hemos podido amparar mejor a los ciudadanos de este país, en materias como protección de consumidores y usuarios o contratación pública, por ejemplo.

-¿Qué amenaza a los jueces? Antes ETA y ahora...

-Si de amenazas físicas hablamos, está claro que los jueces siempre podemos ser objetivo de cualquier ciudadano descontento con una decisión nuestra. Ocurre especialmente en asuntos de familia (divorcio, custodias), donde las emociones están a flor de piel y cada parte está convencida de su razón, por encima de todo. Desde luego, nada ver con los años de ETA, por supuesto. Aunque a veces surgen formas peligrosas de delincuencia que, puntualmente, hacen necesarias medidas de protección, como ocurre con los compañeros de la Audiencia Nacional y debiera ser respecto de aquellos compañeros que, por ejemplo, se las tienen que ver con las mafias del tráfico de drogas en el campo de Gibraltar.

-Delincuentes en la calle, ¿culpa de las leyes o de los jueces, obligados por las leyes?

-Como dije antes, la presunción de inocencia es el derecho humano que nos separa de la barbarie. Su aplicación supone que, ante la duda, el juez debe absolver al acusado. La Constitución española y los tratados internacionales obligan a ello, y está bien que así sea. Y luego son las leyes las que fijan las penas que corresponde por cada delito y cómo se han de aplicar estas. Y las que regulan los beneficios penitenciarios o los distintos grados de cumplimiento de la pena. La mayoría de los reproches que se hacen a los jueces no son más que el resultado de aplicar las leyes que emanan del Parlamento, de las que no somos responsables. Eso sin obviar, por supuesto, que nuestra justicia es humana, no divina, y que los jueces somos personas, por lo que, aunque las garantías procesales y nuestro sistema de recursos está pensado para reducir los errores al máximo, estos se pueden producir, sin duda.