CSIF exige las 35 horas para 4.100 empleados públicos de Melilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la aplicación inmediata de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de Melilla, tras la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una resolución que permite su implantación efectiva en la Administración del Estado. La medida, según el sindicato, tendría un impacto directo en más de 4.100 trabajadores de la ciudad.

La resolución establece su entrada en vigor de forma inmediata, aunque contempla un plazo de un mes para la adaptación de los calendarios laborales y los sistemas de control horario. CSIF subraya que esta normativa no solo afecta a la Administración General del Estado, sino también a ámbitos con regulación específica como la Educación y la Sanidad dependientes del Estado.

En el caso concreto de Melilla, el sindicato detalla que la reducción de jornada beneficiaría a aproximadamente 1.700 docentes, cerca de 1.200 profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y otros 1.200 empleados de la Administración General del Estado. Esta cifra sitúa el alcance de la medida en un volumen significativo de trabajadores públicos en la ciudad.

Desde CSIF se advierte de que la publicación de la resolución debe traducirse en su aplicación real y efectiva, por lo que exige que la reducción de jornada se negocie y se implemente sin retrasos en todos los sectores y centros de trabajo afectados. El sindicato insiste en que deben respetarse las particularidades organizativas de cada ámbito, pero garantizando el cumplimiento del derecho a una jornada semanal de 35 horas.

Asimismo, la organización recuerda que la propia resolución contempla la adaptación de jornadas especiales y otros horarios singulares, lo que deberá abordarse en los correspondientes espacios de negociación. En este sentido, pone el foco en la necesidad de evitar que la medida quede en una declaración formal sin efectos prácticos.

CSIF sostiene que la implantación de esta jornada tendría consecuencias en la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores, así como en la organización de los servicios públicos. En sectores como la educación, la sanidad o la atención administrativa, el sindicato considera que la medida requiere una planificación adecuada de las plantillas para garantizar su funcionamiento.

Por último, la organización sindical señala que continuará reclamando la extensión de esta jornada al conjunto del sector público, incluyendo ayuntamientos y empresas públicas, y no descarta adoptar medidas legales si la aplicación de esta reducción horaria no se materializa.