Coalición por Melilla (CpM) ha asegurado que la situación que atraviesa el centro de menores de La Purísima va más allá de una crisis laboral y responde a un problema estructural de gestión pública. La formación considera que las dificultades existentes son consecuencia de un modelo basado en la externalización del servicio y ha instado al Gobierno de la Ciudad Autónoma a abandonar esa fórmula para apostar por la gestión pública directa de los centros de protección y atención de menores.
En un comunicado, CpM sostiene que la externalización, cuando se mantiene de forma continuada sin mecanismos de control rigurosos ni una planificación estratégica de los recursos humanos, termina provocando un deterioro del servicio. Por ello, critica que el Ejecutivo local continúe defendiendo este sistema frente a la propuesta que la formación viene planteando desde hace años para municipalizar la gestión.
En este sentido, reclama al Gobierno del Partido Popular que presente públicamente un plan integral de gestión pública de los centros de protección y atención de menores y de otros colectivos vulnerables, con el objetivo de afrontar los problemas de fondo que, a su juicio, afectan al funcionamiento de estos recursos.
La formación también pone el foco en la situación actual de La Purísima. Según expone, el centro atiende a más de 300 menores pese a que su capacidad ordinaria está fijada en 83 plazas, una circunstancia que considera incompatible con unos estándares adecuados de protección.
CpM afirma que el centro funciona desde hace semanas "al margen de cualquier estándar razonable de protección" y asegura que carece de psicólogo desde el primer trimestre del año. Además, sostiene que únicamente dispone de un trabajador social y que la plantilla está manteniendo el servicio mediante la realización de doblajes de turnos y la renuncia a sus vacaciones.
Ante esta situación, la formación recuerda que el pasado 7 de agosto solicitó la intervención de la Fiscalía de Menores con el objetivo de garantizar unas condiciones dignas de alojamiento, higiene y alimentación para los menores acogidos en el centro.
Asimismo, CpM exige al Gobierno de la Ciudad Autónoma la adopción de tres medidas concretas. La primera consiste en iniciar el expediente para implantar la gestión directa del servicio mediante un organismo autónomo local, acompañado de la correspondiente memoria jurídica y económica. En segundo lugar, reclama la cobertura inmediata de las plazas de psicólogo y de trabajador social. Finalmente, solicita la comparecencia del Ejecutivo en comisión para explicar cuál es el estado real del servicio.
La formación defiende que detrás de cada expediente administrativo existen personas que dependen del sistema de protección. En este sentido, señala que los menores tutelados por la Ciudad y los trabajadores del centro son quienes están soportando las consecuencias de una organización que, a su juicio, la Administración no ha sabido planificar.
CpM asegura que continuará defendiendo la propuesta de gestión pública que puso sobre la mesa hace tres años al considerar que constituye la única solución capaz de resolver el problema de fondo que afecta actualmente al centro de La Purísima.
En relación con el anuncio de una reunión entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores, la formación considera que ese acercamiento llega tarde y resulta insuficiente. Además, discrepa de las manifestaciones realizadas por el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, quien ha calificado la situación como "sobrevenida" y "puntual".
Para CpM, la realidad es distinta. La formación sostiene que un centro sometido a una situación de sobreocupación, con falta de personal y con trabajadores que denuncian incumplimientos laborales, no puede prestar una atención adecuada ni estable. Por ello, pide al Ejecutivo que deje de presentar las reivindicaciones de la plantilla como un problema exclusivamente laboral o coyuntural.
Coalición por Melilla recuerda igualmente que en junio de 2025 ya propuso la creación de un organismo público local encargado de gestionar conjuntamente los centros de La Purísima y La Gota de Leche. Según explica, esa iniciativa fue rechazada por el Gobierno, al igual que otras planteadas posteriormente en distintas sesiones plenarias.
A juicio de la formación, cada una de esas negativas ha tenido consecuencias que ahora se reflejan en la situación del centro. En este sentido, sostiene que el coste de esas decisiones lo están soportando tanto los menores tutelados como los trabajadores que prestan servicio en las instalaciones.
CpM también recuerda que el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local contempla la posibilidad de gestionar directamente este tipo de servicios mediante un organismo autónomo local. Según argumenta, esta fórmula permitiría planificar las plantillas, garantizar el cumplimiento del convenio colectivo, someter el funcionamiento del servicio al control de la Asamblea y poner fin a la dependencia de una empresa cuyos incumplimientos, afirma, han sido denunciados en reiteradas ocasiones por el comité de empresa.
Por último, la formación establece una comparación entre la situación de los trabajadores del Centro Asistencial y la de los empleados de La Purísima. Mientras que, según señala, a los primeros se les prometió su incorporación a una sociedad pública antes del 31 de diciembre de 2026, sostiene que a los trabajadores del centro de menores únicamente se les ofrece una reunión para evitar la convocatoria de huelga durante la Feria. En este contexto, CpM acusa al Gobierno del Partido Popular de prometer la gestión pública a unos trabajadores y rechazar posteriormente esa posibilidad en la Asamblea.
