Coalición por Melilla (CpM) ha reclamado este martes una respuesta urgente al Ministerio de Defensa tras conocerse la reciente cesión gratuita de 140.000 metros cuadrados de suelo militar a la Ciudad Autónoma de Ceuta. El diputado local de CpM, Emilio Guerra, ha calificado esta operación como un “agravio comparativo clamoroso” respecto a Melilla, que, a pesar de enfrentar desafíos similares, no ha recibido un trato equiparable por parte del Gobierno central.
El acuerdo fue firmado en Madrid por el presidente ceutí, Juan Vivas (PP), y la ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE), coincidiendo con el Congreso Nacional del Partido Popular. La cesión contempla el uso del suelo militar para construir vivienda asequible y dotaciones públicas, y ha sido valorada como la mayor operación de este tipo en la historia de Ceuta. Supone casi un 9 % de su superficie urbana y se ha cerrado sin contraprestación económica alguna por parte de la ciudad.
Desde CpM, Guerra considera que este acuerdo evidencia la capacidad de interlocución y la visión estratégica de Juan Vivas para alcanzar soluciones que benefician a su territorio. Sin embargo, subraya que contrasta de forma “dolorosa” con la situación de Melilla, donde las negociaciones para obtener suelo del Ministerio de Defensa han sido infructuosas o limitadas. Según ha denunciado, mientras Ceuta obtiene 140.000 m² de suelo, Melilla apenas ha conseguido 33.000 m², y en medio de promesas incumplidas, negativas reiteradas y silencio administrativo.
El parlamentario reprocha al presidente melillense, Juan José Imbroda (PP), su falta de resultados en esta materia. “Ceuta y Melilla comparten los mismos desafíos estructurales: escasez de suelo, presión demográfica y una necesidad urgente de vivienda asequible. Pero la diferencia de trato institucional pone en evidencia que en Melilla no se ha sabido ejercer la presión política ni defender los intereses de la ciudadanía con la misma eficacia”, ha afirmado Guerra.
Desde su punto de vista, la ciudadanía melillense merece el mismo respeto, las mismas oportunidades y el mismo compromiso institucional por parte del Gobierno de España. Ha advertido que la equidad territorial no puede depender de afinidades políticas, ni de la simpatía personal de los interlocutores. A pesar de que tanto Vivas como Imbroda pertenecen al Partido Popular, CpM denuncia una clara desigualdad en los resultados obtenidos frente a una ministra socialista, lo que atribuyen a diferencias en la habilidad política de ambos dirigentes.
Este señalamiento se produce además en un contexto de malestar acumulado. Ya en el año 2024, el propio Gobierno de Melilla denunció públicamente la situación ante Defensa. Según recogió El Faro de Melilla en su momento, la Consejería de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Servicios Urbanos pidió entonces explicaciones formales a Robles por excluir a la ciudad de una cesión de suelo que sí beneficiaba a Ceuta. En aquella ocasión, la Ciudad Autónoma solicitó que se aplicara el mismo criterio en el reparto de terrenos militares, alertando de que no hacerlo suponía una discriminación institucional.
Para CpM, la nueva operación firmada entre Defensa y Ceuta confirma que las advertencias del año anterior no fueron tenidas en cuenta, y agravan todavía más el desequilibrio territorial. “No solo no se corrige el trato desigual, sino que se amplifica, profundizando en una dinámica que deja a Melilla sistemáticamente fuera de decisiones clave para su desarrollo”, ha apuntado Emilio Guerra.
El partido melillense ha reclamado al Ministerio de Defensa que dé explicaciones públicas sobre los criterios utilizados para decidir esta cesión masiva a Ceuta, y que aclare por qué Melilla ha quedado excluida. Además, ha instado al Gobierno local a que deje de “resignarse” y actúe con más firmeza ante el Gobierno central. Según CpM, “no se puede seguir en silencio mientras otros territorios logran avances históricos y Melilla continúa marginada”.
Desde la formación han advertido que seguirán exigiendo transparencia y equidad institucional, porque “no se trata de favores políticos, sino de justicia territorial”. La cesión de suelo, insisten, no puede convertirse en un privilegio para unos mientras se niega a otros con necesidades iguales o incluso más urgentes.