CpM denuncia un presupuesto “sin ambición social” basado en deudas y subida de tasas

El Pleno de la Asamblea de Melilla celebrado en la mañana de este jueves para la aprobación inicial de los Presupuestos Generales de la Ciudad para el ejercicio 2026 arrancó con un debate tenso desde el primer momento. Coalición por Melilla (CpM), a través de su diputada Dunia Almansouri, centró buena parte de su intervención inicial en cuestionar la propia tramitación del pleno, votando en contra de la urgencia del mismo. Según explicó la parlamentaria, se trata de un debate que se repite cada año y que, a su juicio, no debía haberse tramitado por la vía de urgencia.

Almansouri recordó que, en otras circunstancias, CpM habría respaldado esa urgencia por entender que el presupuesto “marca la gestión de toda la legislatura”. Sin embargo, justificó el voto en contra por lo que calificó como un “engaño” del Gobierno local, al paralizar durante una semana la tramitación del presupuesto por motivos de estrategia política vinculados a la postura del Partido Popular en el Congreso sobre el Real Decreto 15/2025.

La controversia de los 17,7 millones

Uno de los ejes centrales de la crítica de CpM fue la no incorporación de los 17,7 millones de euros que, según la diputada, podrían haberse sumado a las cuentas de 2026. Almansouri sostuvo que el Ejecutivo local mantuvo en suspenso el presupuesto a la espera de un escenario político favorable que finalmente no se tradujo en inversiones reales.

Desde su punto de vista, la espera fue inútil, ya que el Gobierno no tenía previsto destinar ese dinero a inversiones, ni siquiera incorporarlo como remanente de tesorería. Esta decisión, señaló, supone una oportunidad perdida para la ciudad en un contexto de importantes necesidades sociales y económicas.

Antes de entrar al detalle de las cuentas, la diputada de CpM reclamó la necesidad de reglamentar el debate presupuestario. En su intervención, defendió que se establezcan normas claras sobre el funcionamiento de las comisiones, los plazos de estudio para los grupos y el orden de los debates en el Pleno.

A su juicio, esta falta de regulación perjudica a la calidad democrática y limita la capacidad de los grupos de la oposición para analizar en profundidad un documento que condiciona la política pública durante todo el año.

Un aumento de ingresos

En el análisis del presupuesto, Almansouri comenzó por el capítulo de ingresos. Según expuso, las cuentas de 2026 contemplan un incremento de 33,45 millones de euros, de los cuales 24 millones proceden de un préstamo u operación financiera. A esta cantidad se suman cinco millones derivados del aumento de la tasa de basura y gestión de residuos, además de fondos europeos y transferencias del Estado.

La diputada advirtió de que, con esta previsión de ingresos, la carga fiscal para los contribuyentes melillenses se incrementa en torno a un 15%. Criticó especialmente la subida de la tasa de basura y el incumplimiento de la promesa electoral del Partido Popular de bajar el IBI. Como alternativa, CpM propuso compensar la subida de la tasa de residuos con una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles.

El presupuesto consolidado para 2026 se sitúa cerca de los 415 millones de euros. Dentro de esta cifra, el capítulo de personal asciende a 101 millones. En este ámbito, CpM defendió una enmienda de 350.000 euros destinada a la contratación de cuidadores sombra para niños con trastorno del espectro autista (TEA) en los centros educativos.

Almansouri lamentó que la respuesta del Gobierno fuera atribuir esta competencia al Estado, recordando declaraciones previas del presidente de la Ciudad en las que afirmaba que la Administración local debía llegar “donde no llegan los presupuestos del Estado”. Subrayó además que Melilla presenta una incidencia de alumnado TEA muy superior a la media nacional.

Conflicto con la Policía Local

Otro de los puntos más duros de la intervención fue la situación de la Policía Local. La diputada acusó al Ejecutivo de llevar desde 2019 incumpliendo un acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno, que calificó de ilegal desde su origen. Según relató, el acuerdo incluía una cláusula que supeditaba su cumplimiento a la financiación estatal, pese a saber que esta no iba a llegar.

Almansouri afirmó que durante cuatro años se engañó al colectivo policial y que, tras dos años y medio de mandato actual, el acuerdo sigue sin cumplirse, por lo que reclamó un reconocimiento público de ese engaño.

Externalización y contratos bajo sospecha

El capítulo 2 del presupuesto, dedicado a gastos corrientes y servicios, alcanza los 168 millones de euros, una cifra que CpM asocia directamente a la externalización y privatización de servicios públicos. La diputada citó como ejemplo los problemas con empresas adjudicatarias que, según dijo, acumulan impagos a trabajadores sin que el Gobierno haya iniciado expedientes para prohibirles contratar con la Administración.

También criticó la proliferación de contratos que considera duplicados, como los destinados a servicios operativos en barrios o a la vigilancia y control del servicio de limpieza, con un coste añadido de millones de euros sobre contratos ya existentes.

Publicidad, conectividad y prioridades cuestionadas

Especial atención mereció el gasto en publicidad y promoción. Almansouri señaló partidas como el contrato de 1,3 millones de euros para publicidad de conectividad o los 400.000 euros destinados a promocionar las ventajas fiscales de Melilla. En este contexto, recordó el gasto de 500.000 euros en un programa televisivo, cuestionando la urgencia y el retorno de esa inversión.

Desde CpM se criticó que se destinen importantes recursos a campañas de imagen mientras proyectos estratégicos, como el centro vivero de empresas tecnológicas, siguen sin materializarse físicamente.

Subvenciones, servicios sociales y pobreza infantil

El capítulo de subvenciones, con 80 millones de euros, fue definido por la diputada como un proceso de privatización de los servicios sociales. A su juicio, esta fórmula reduce el control público y repercute negativamente en las familias más vulnerables.

Entre las enmiendas rechazadas, destacó la propuesta de un bono escolar de 600.000 euros y un plan de choque contra la pobreza infantil dotado con un millón de euros. Almansouri contrapuso esta negativa con otros gastos, insistiendo en que en Melilla existen más de 16.000 menores en riesgo de exclusión social, lo que representa casi la mitad de la población infantil.

Datos sociales y falta de ambición inversora

En su segundo turno de palabra, la diputada aportó datos sobre desempleo juvenil, población activa y capacidad de gasto, subrayando que Melilla se sitúa muy por debajo de la media nacional. Criticó que el aumento del presupuesto no se refleje en una mejora real de las condiciones de vida.

Finalmente, denunció la ausencia de anualidades del Plan Melilla Invierte, así como de proyectos comprometidos como viviendas públicas, centros para grandes dependientes o infraestructuras deportivas. Para CpM, el presupuesto de 2026 refleja una falta de ambición, prioridades equivocadas y una gestión que, según Almansouri, vuelve a dejar pasar oportunidades clave para el desarrollo de la ciudad.