Coalición por Melilla (CpM), a través de su diputado local Emilio Guerra, ha denunciado que la ciudad autónoma no se está beneficiando de las medidas fiscales incluidas en el Real Decreto-Ley 7/2026 aprobado por el Gobierno central el pasado 20 de marzo, lo que, según la formación, sitúa a los melillenses en una posición de desventaja frente al resto del país.

Tal y como recoge la formación en una nota de prensa , el decreto contempla un paquete de rebajas fiscales valorado en más de 5.000 millones de euros, entre ellas la reducción del IVA del 21% al 10% en electricidad, gas y carburantes hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, estas medidas no tienen impacto en Melilla debido a su sistema fiscal propio, basado en el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

Desde CpM señalan que esta singularidad fiscal, lejos de suponer una ventaja, está provocando que la ciudad quede “al margen de estos alivios”, lo que obliga a los ciudadanos a afrontar la actual crisis energética sin mecanismos de compensación similares a los del resto del territorio nacional.

La formación considera que esta exclusión no es una anomalía puntual, sino una consecuencia de diseñar políticas desde el sistema tributario común sin tener en cuenta las particularidades del Régimen Económico y Fiscal (REF) de territorios como Melilla. En este sentido, apuntan también a una falta de interlocución efectiva entre el Gobierno local y el Ministerio de Hacienda.

No obstante, CpM amplía su crítica al Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, al que reprocha no haber activado instrumentos normativos propios que permitirían mitigar el impacto de la crisis. En concreto, recuerdan que la Asamblea de Melilla tiene capacidad para modificar determinados gravámenes del IPSI, especialmente en sectores como los carburantes y la energía.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ya ha reconocido públicamente que el Gobierno central “ha olvidado a Melilla”, reclamando medidas equivalentes. CpM coincide con este diagnóstico, pero subraya que el Ejecutivo local dispone de herramientas para actuar sin depender exclusivamente de Madrid.

En consecuencia, la formación ha planteado una batería de propuestas, entre ellas la solicitud formal al Ministerio de Hacienda para extender las rebajas fiscales al IPSI, la convocatoria urgente de la Comisión de Hacienda para estudiar medidas fiscales propias y la implantación de subvenciones al transporte de mercancías para contener el encarecimiento de los productos básicos.

Asimismo, reclaman la elaboración de un informe técnico que cuantifique el impacto económico de esta exclusión en familias y empresas melillenses.

CpM advierte de que esta situación agrava los problemas estructurales de la ciudad, como los elevados costes derivados de la extra-peninsularidad, el encarecimiento del transporte y la dependencia de las importaciones. Todo ello, unido al incremento de precios de la energía y los carburantes, repercute directamente en el coste de la cesta de la compra en un contexto marcado por altos índices de paro, pobreza y desigualdad.