CpM critica la externalización de servicios jurídicos y ve un mal uso de dinero público

Almansouri dice que lo lógico es que la Ciudad saque más plazas de funcionarios

La diputada de Coalición por Melilla (CpM) Dunia Almansouri criticó ayer la externalización de servicios jurídicos en la Ciudad. Almansouri dijo que se trata de una situación que se viene repitiendo desde 1998 y consideró que por tanto lo lógico sería ampliar la plantilla de la Administración si realmente no hay personal suficiente para atender el volumen de trabajo existente. En concreto, la cepemista se refirió a la contratación de abogados para gestiones en Bienestar Social y Presidencia.

Almansouri apuntó que se podría estar haciendo un mal uso de caudales públicos y señaló que, aunque la contratación se hace mediante concurso, las exigencias de los pliegos de condiciones hace pensar que están hechos a medida para que sólo puedan presentarse determinados gabinetes de abogados.

La cepemista indicó que hasta ahora la excusa para este tipo de contrataciones había sido que se amparaban dentro de la Ley de contención del gasto público, pero señaló que ésta ya ha sido derogada y por tanto no cabe esta justificación. Recalcó que a juicio de CpM no hay un motivo para que esta externalización del servicio se mantenga.

La diputada del principal partido de la oposición dijo, además, que consideran que debería haber un informe de los servicios jurídicos de la Ciudad en el que se explicara por qué son necesarias estas contrataciones y señaló que CpM está a la espera de recibir esta información.

Almansouri indicó que en el pliego de condiciones para la contratación de estos abogados se dice que la justificación de la necesidad es que hay un gran número de reclamaciones presentadas en estas consejerías y que con el personal que tiene la Ciudad no pueden resolverse. La cepemista dijo al hilo de esto, que parece evidente que si esta necesidad viene coleando desde hace 18 años, lo lógico sería aumentar los funcionarios en lugar de hacer contrataciones externas.

La diputada de CpM insistió en que esta actuación podría traer problemas a la Administración por un posible mal uso de caudales públicos. Reconoció que se trata de un concurso público pero consideró que aunque éste se disfrace de legalidad, en realidad está muy limitado por los requisitos exigidos.

Requisitos a medida

En este punto, la diputada del principal partido de la oposición precisó que en los requisitos se exige que los aspirantes tengan experiencia en el asesoramiento a entidades públicas por un importe mínimo de 60.000 euros en los últimos tres años. A juicio de Almansouri esta exigencia limita mucho qué abogados pueden optar a llevarse este servicio de la Administración de nuestra ciudad.

La cepemista dijo que cada abogado costaría al Gobierno local un total de 30.000 euros al año. Señaló que aunque puedan decir desde la Administración que es menos dinero que el que costaría aumentar la plantilla de funcionarios, hay más cuestiones a tener en cuenta. En este sentido, se refirió al hecho de que estos abogados externos no tengan dedicación exclusiva, ni haya exigencia de trabajar un mínimo de horas o de sacar adelante un volumen de trabajo determinado. Según Almansouri lo único que se pide es una memoria.