En una ciudad de 12 kilómetros cuadrados estamos viviendo una doble huelga: la de médicos y la de los letrados judiciales. En esencia, ambos buscan lo mismo: una legítima mejora salarial. Pero nuestras autoridades no dan su brazo a torcer y los palos siempre van al mismo sitio: al ciudadano.
Este lunes se suspendieron en el Comarcal más de 6 de cada 10 consultas por una huelga de médicos que, según el Ingesa, solo tiene un 11% de seguimiento. Muy mal debe andar la sanidad pública en Melilla para que el 11% de facultativos sea capaz de paralizar tantas consultas e intervenciones quirúrgicas. Este lunes el 65% de ellas, pero la semana pasada, el 100%. Los números, que son infalibles, hablan por sí mismos.
A la par, se han tenido que suspender hasta el viernes pasado 1.269 juicios en la ciudad debido a la huelga de los letrados judiciales que empezó el 24 de enero y que continúa a día de hoy sin que la Administración consiga alcanzar un consenso.
Los ciudadanos, que somos los damnificados de estas dos huelgas, no entendemos por qué la Administración no encuentra la forma de consensuar una salida al conflicto que sea buena, en primer lugar para los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. La salud debería estar por encima de cualquier presupuesto. Hay que ceder hasta donde se pueda, porque seguro que se puede, o de lo contrario, dimitir y dejar paso a alguien dispuesto a alcanzar un acuerdo con un colectivo, el de médicos, al que incluso llegamos a condecorar como héroes tras la pandemia y que ahora tratamos poco menos que como oportunistas por pedir más dinero en un momento difícil para todos.
Pero esos mismos que los tachan de oportunistas son los que cobran una ingente cantidad de dinero público por hacer un trabajo para el que en muchas ocasiones no están capacitados. El oportunismo no es malo en sí mismo. Lo malo es buscar la oportunidad sin aportar nada a cambio. Quien no está capacitado para dirigir el Ingesa, debe colgar los guantes.
En Madrid son conscientes de que existe una desafección por el Estado en las dos ciudades autónomas que se debe, sobre todo, a los fallos garrafales en los servicios públicos. O sea, a las deficiencias estructurales que existen en sanidad, educación y justicia tanto en Ceuta como en Melilla y que, gobierne quien gobierne, siguen ahí.
Se mire como se mire el problema, los usuarios perdemos, pero también pierde el Estado. El hecho de que tengamos que derivar y trasladar continuamente pacientes a la península porque no tenemos esos especialistas en Melilla sale caro a todos: al paciente, al sistema sanitario y, por tanto, a nuestro país.
De nada sirve apostar por la construcción en Melilla de un hospital con tecnología punta si en el último año hemos tenido que asistir a la dimisión de dos gerentes de Atención Sanitaria, que han tirado la toalla "por motivos personales". Nada hay más personal que la decisión de dimitir. Ingesa y Justicia están en la cuerda floja. Aquí, nadie se puede poner de perfil. Está en juego la salud y la justicia de los melillenses. No podemos permitir que jueguen con eso a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas.
