El Gobierno de Melilla sugirió ayer la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular, utilizando las nuevas tecnologías, para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de las modificaciones de las leyes del Menor y de Extranjería que está decidido a impulsar en la Asamblea de Melilla, para que esta se adapte a las características especiales de las dos ciudades autónomas.
El vicepresidente de la Ciudad, Daniel Conesa, lanzó esta propuesta para “elevar la apuesta” de Coalición por Melilla (CpM), que hace unos días pidió celebrar una consulta para que los melillenses opinen sobre devolver al Estado las competencias de menores.
El número 2 del Gobierno melillense defendió la necesidad de adoptar una “medida valiente” como pedir estos cambios en las leyes para adaptarlas a las circunstancias “muy específicas” de la ciudad autónoma, habida cuenta que se está dando una “perversión” y un “fraude de ley” en la Ley de Protección del Menor “para conseguir otros objetivos”.
Así, señaló que están llegando a Melilla menores extranjeros no acompañados de 17 años, que se niegan a ir a los centros de protección porque su intención es “colarse en un barco” para llegar a Europa como polizones y lograr la documentación para quedarse en España, de manera que se quedan deambulando por las calles, provocando "sensación de alarma en la sociedad".
El popular señaló que devolver las competencias al Estado, como pide CpM, no sirve para solucionar el problema. “No es una solución, es demagogia”, aseveró, al tiempo que dejó claro que el Gobierno central ya trabaja con el de Marruecos para tratar de conseguir que el país vecino colabore en la gestión de los menores.
Sobre la idea presentada por Ciudadanos de que se aplique el Código Civil para obligar a los menores a quedarse en los centros. Conesa aseguró que este asunto está muy estudiado y saben que la única vía es un cambio en la normativa vigente.
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