Este viernes a las 12:00 horas a las puertas del Ayuntamiento de Melilla serán realizarán cinco minutos de silencio por Emin y Pisly.
Se cumplen ocho años y un mes del asesinato de dos jóvenes melillenses a manos de la Marina marroquí, después de “torturarlos y apalearlos y rematados a tiros” mientras estaban en una embarcación de bandera y matricula española, en aguas cercanas a Melilla, sin que hasta la fecha haya ninguna explicación, ni por parte de la embajada de España en Rabat, ni del consulado, ni de Delegación del Gobierno, ni de la ciudad Autónoma de Melilla. De Marruecos ni España, "solo silencio por respuesta de lo que ocurrió", ha recordado la familia en un comunicado.
Además, han considerado que “es incomprensible que te maten a tus hijos a tiros, te los entreguen en un cajón, ahí los tienes entierralos y aquí no ha pasado nada”.
“Esto no puede seguir así queremos y tenemos derecho a que se nos de una explicación de lo que ocurrió y los asesinos que se saben sus nombres y apellidos anden sueltos como si nada. Queremos y exigimos respuestas”, han pedido.
Por último, las familias piden el apoyo “como siempre” de los melillenses y que acudan a los cinco minutos de silencio, para pedir justicia y que estos asesinatos no caigan en el olvido.
A finales del 2020, sufrieron un gran varapalo después de que la Audiencia Nacional archivara la investigación sobre la muerte de dos jóvenes melillenses ametrallados supuestamente en 2013 por una patrullera de la Marina Real marroquí. Abdeselam Ahmed, Pisly, y Amin Mohamed, Emin, fallecieron tras los disparos efectuados supuestamente desde una embarcación de la Marina Real marroquí cuando pescaban en una lancha en aguas de Punta Negri (Marruecos), el 27 de octubre del 2013.
La Audiencia Nacional llevaba años investigando esta causa, y el pasado mes de septiembre el magistrado José Luis Calama ordenó la busca y captura e ingreso en prisión de tres militares marroquíes como presuntos autores del tiroteo. Una decisión que fue recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, que ahora le da la razón al revocar el auto del juez y ordena además el archivo provisional de la causa.
Una decisión “que carece de todo sentido” y que supone “un varapalo para las familias” porque les deja “desamparados” tras “el asesinato de sus propios hijos por unos presuntos responsables que figuran en la causa como investigados desde 2014”, asegura Pedro Díaz, abogado del despacho ILOCAD, que actúa en su defensa. Las concentraciones han tenido lugar durante todos los meses, con un breve parón durante la pandemia.
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